La masacre del 19 de noviembre de 2025 en Loreto, donde perdieron la vida siete integrantes de la familia Ceseña en un ataque coordinado en dos domicilios de la colonia INVI Miramar, marcó la historia criminal de Baja California Sur desde el municipio con menor incidencia delictiva.
Las Mesas de Paz llegaron surgieron en medio de la peor crisis de inseguridad que vive la entidad, con más del 95 por ciento de incremento en víctimas por homicidio doloso del 2024 al 2025, con el gobierno del morenista, Víctor Manuel Castro Cosío, en el cuarto año de su administración.
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“Quienes lo hicieron, la verdad, merecen todo el reproche social; porque eso, decir, explicar y todo lo que ustedes gusten, pero cuando asesinan a niños, realmente es una gente sin escrúpulos. Lo que sucedió ahí fue muy (impactante), sacude pues a cualquier persona”, lamentó Víctor Castro Cosío.
Para el gobernador del Estado, está muy claro por dónde, cómo fue y está relacionado el golpe con la pelea por la plaza.
“Son eventos que queda claro de dónde vienen, quiénes son, los móviles, etcétera, y es una sociedad muy fraterna históricamente; era el municipio donde menos problemas de seguridad tenían”, añadió Castro.
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Ante esta situación, Elizabeth Ceseña, pariente directo de la familia masacrada en Loreto, emitió una declaración, respondiendo a los funcionarios del Gobierno del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública, que son quienes han mencionado que la familia ejecutada estaba relacionada con la venta de drogas, que fue un supuesto “ajuste de cuentas”.
Ceseña, familiar directo de los fallecidos, compartió un video en el que desmintió la versión “oficial”, aseguró que las personas que murieron eran personas honradas.
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“Dicen que se trata de un ajuste de cuentas, que se trata de represalias delictivas, esto es falso; mi familia, mis sobrinos, mi cuñado ni siquiera eran consumidores y esto hay que dejarlo muy claro: no eran ni siquiera consumidores, no trabajaban en actos ilícitos; eran muchachos trabajadores, estudiantes, nobles y siempre dispuestos a ayudar a la gente dentro de nuestra comunidad”, expresó con dolor.
Mientras tanto, el ejecutivo estatal siguió en sus declaraciones en la misma línea: que cuando hay muertes en esta guerra, por el motivo que sea, aunque anden en actividades criminales -así lo dio a entender-, es muy doloroso y es reprobable; y sostuvo, “en la condición que sea”.
Oficialmente, para la PGJE, una de las hipótesis sostenidas es que fue un atentado por ajuste de cuentas relacionado directamente al narcomenudeo.
“Todo es reprochable y ya les he dicho a ustedes, cuando muere una persona, sea del grupo que sea, por lo que sea, siempre lo he reprobado; siempre me ha parecido como un hecho que tenemos socialmente no permanecer como impasible, o justificar porque anden en una condición de reprobables socialmente en nuestros códigos éticos. Eso es doloroso para las familias que pierden un ser humano en la condición que sea”, apuntó Víctor Castro.
La familia de los fallecidos, aún tras la dolorosa despedida de todos, incluidos un menor de 10 años, hizo su pronunciamiento a través de Elizabeth Ceseña, quien lo dijo fuerte y retumbante desde Loreto para Baja California Sur y México entero: había vidas inocentes que el Gobierno no protegió.
“Al gobierno, al procurador, decir: Esto no es cierto. Había vidas inocentes que no se dedicaban a nada de eso, y que ahora hay una comunidad entera con miedo o con temor, y que yo también tengo miedo a lo que le pueda suceder a mi madre, que fue la que quedó, o a mi propia familia, hermanas, todos ellos, entonces, no todo lo que dicen es verdad”, lanzó Elizabeth.
Apenas la mañana del martes 2 de diciembre instalaron los Consejos de Paz y Justicia Cívica de la Secretaría de Gobernación (Segob) que supuestamente vienen a aminorar todos los estragos que produce el crimen organizado, y se registró una balacera en el municipio de La Paz, sede de estos consejos de Paz.
A las 7:38 de la tarde, en las calles Clodomiro Cota y Cochimíes, de la comunidad de El Centenario, se reportó un lesionado por disparos de arma de fuego; el lesionado al parecer es un elemento de la Guardia Nacional y recibió un impacto de bala en una pierna.
“Viene de la Secretaría de Gobernación una representación importante para construir entre todas y todos un Consejo de Seguridad Ciudadana de Paz, para que podamos entre todos tener un desarrollo de civilidad, que nos ayude en todo el país. No solamente traen esta brutal (adicción), este brutal ataque social con su veneno, con sus drogas y demás que hacen tanto daño a nuestra familia, sino también es el negocio de las armas, el negocio del… al rato van tráfico de personas, cobro de piso, todo lo que hace el crimen organizado en contra de nuestras comunidades, en contra de nuestras sociedades, que es deleznable en cualquier parte que suceda”, manifestó el gobernador del Estado.
HIPÓTESIS: POR TERRORISMO LA MASACRE EN LORETO
Para la familia Ceseña, quienes afirman que sus fallecidos no estaban relacionados con la delincuencia organizada como lo ha querido hacer ver el Gobierno del Estado en sus declaraciones a medios de comunicación, el atentado se trató más para infundir miedo, ya sea a los pobladores, a las propias autoridades o hasta a un grupo delincuencial.
Esta hipótesis ya es investigada y forma parte de uno de los pilares determinantes en la investigación, que el efecto haya sido generar terror a todos los sectores participantes y la población.
“Hay una hipótesis que manejamos de delincuencia organizada, de que puede tratarse por intención de otros fines que pueda tener un grupo relacionado con la delincuencia organizada; más que un ataque a otro grupo, el fin que le quieren dar públicamente de conmocionar o crear pánico en el municipio de Loreto, en la población de Loreto”, puntualizó Antonio López Rodríguez, Procurador General de Justicia del Estado, quien también declaró que van tras los autores intelectuales del atentado contra los siete integrantes de una familia acribillada y ejecutada mientras dormía en la colonia INVI Miramar de Loreto.
Elizabeth, familiar de los fallecidos, sostiene su versión: ellos tampoco saben el por qué, porque no hay tal motivo de venta de drogas. Consideran como la hipótesis más sólida el causar miedo en la población loretana y de Baja California Sur.
“Yo no entiendo por qué mienten, por qué dicen que se trató de un ajuste de cuentas. Nosotros nos preguntamos, como familia también, ¿por qué? Por qué ellos, y si ni nosotros mismos tenemos la respuesta del por qué, para qué o si es para meterles miedo a una comunidad entera, a un estado, de que van con todo, que no entendemos y no tenemos las respuestas y que ni siquiera sabemos si van a encontrar a los responsables de este acto”, dijo Elizabeth Ceseña.
En declaraciones del procurador, hay otras hipótesis; destaca la que ha sido desmentida por la familia, el que tenían relación con el narcomenudeo.
“Las hipótesis que manejamos y que son muy preliminares, por el inicio de las investigaciones, nosotros manejamos varias hipótesis, pero la más fuerte son las relacionadas con la delincuencia organizada por el tema de narcomenudeo. También podemos tener una hipótesis que pueda tratarse de eventos particulares por el tipo de armas que se utilizaron (aparentemente los casquillos que se localizaron son de calibre 9mm y un calibre 45 en uno de los domicilios), se está trabajando en análisis pericial”, adelantó Antonio López de la PGJE.
Sin embargo, la familia está muy dolida por las declaraciones “sin fundamento” de las autoridades, y cuya versión ha sido difundida a nivel nacional. Sostiene la joven Elizabeth Ceseña, que esto tiene relación con el problema de inseguridad que se vive a nivel nacional.
La justificación que busca revictimizar a la familia, no tiene relación alguna con los fallecidos, pues recordó los múltiples homenajes póstumos que sus allegados han tenido, del dolor que es compartido por todos los loretanos.
“Salen a decir que se trata de un ajuste de cuentas cuando esto es totalmente falso, y están politizando mucho esta situación para poder ellos decir por qué está la inseguridad en nuestra comunidad. Esto ya es general en todo el país, yo lo pienso así, que es en todo México; pero cuando es una familia entera que no tienen esos actos ilícitos, cuando hay niños, esto supera todo”, señaló Elizabeth.
GUERRA EN BCS POR “LA PLAZA”
Insiste el Gobierno de Baja California Sur que la hipótesis más fuerte, dentro de sus investigaciones, es que el ataque se deliberó por el control de la venta de droga al menudeo en el municipio de Loreto, que fue un ajuste de cuentas entre grupos rivales.
“La más fuerte que tenemos, es la hipótesis del narcomenudeo, de un grupo que pretende que el otro grupo no venda drogas para vender a ellos; son actividades muy comunes y acciones muy comunes que realizan los grupos en una guerra que ellos llevan para eliminarse uno al otro y tener controlado un territorio”, reiteró el Procurador Antonio López Rodríguez.
La división del Cártel de Sinaloa (CDS) generó una fractura no sólo en el estado natal de la organización, sino en todos los estados donde tienen presencia criminal, de logística y trasiego de droga, lo que ha generado inestabilidad en cada terreno que controlan.
Y los embates de una u otra organización, ha provocado un choque violento, generando una guerra interna por el control del territorio.
Saúl González Núñez, secretario general de Gobierno de Baja California Sur, afirmó que no están rebasados, pero ha sido complicado aplanar la curva violenta que han provocado las dos facciones de Sinaloa, como son La Chapiza y La Mayiza.
“No estamos rebasados, quiero que lo sepan; estamos trabajando fuerte, pueden hacer una evaluación de lo que nos había sucedido. Nos había sucedido que el tema de Sinaloa no solamente afectó a Baja California Sur, sino afectó prácticamente a todo el país, esa división que hay en Sinaloa, pues se ve reflejado en muchos estados. El escenario donde se dividen (las fracciones) no nada más en Sinaloa, sino en todos los estados, y esas facciones pues hoy empiezan a golpear una a otra, eso es lo que sucede hoy y esa es la parte que nos vino a afectar”, apuntó González Núñez.
Ante lo que pareciera un ataque terrorista, para infundir miedo en las corporaciones de seguridad y la población misma, Saúl González respondió que no se doblegarán ante las amenazas, sino que ejercerán la Ley sobre las personas que están delinquiendo y atentando contra la seguridad de Baja California Sur.
“Tenemos que ejercer la fuerza de la Ley, lo habíamos comentado y lo vamos a seguir haciendo, nada nos debe de intimidar para poder hacerlo, obviamente; lamentamos mucho lo que sucedió con esta familia porque fueron en dos escenarios, lo lamentamos y bueno, vamos a trabajar. Está allá el secretario de seguridad pública y el procurador trabajando, están instalados con refuerzos tanto de Marina como la Defensa y Guardia Nacional, y de la parte de del apoyo del secretario Omar Harfuch”, finalizó el secretario general de Gobierno.
