La inhabilitación en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez aún no es una sentencia firme; el político enfrenta un proceso que podría demorar hasta un año en resolverse, luego de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) lo encontró responsable del delito de “abuso de funciones” respecto a los contratos firmados en 2020 para impulsar la construcción de una planta energética fotovoltaica con la empresa Next Energy.
Una vez emitida la sentencia del TEJA, de la cual Bonilla y sus abogados fueron notificados el pasado 10 de diciembre del 2025, tendrán hasta diez días hábiles para apelar; este plazo vencerá el 24 de diciembre. Como el personal del tribunal sale de vacaciones y regresa hasta la primera semana de enero, a partir de esa fecha los juzgadores tendrán otros tres meses para analizar la apelación y dar un veredicto; ese plazo vencerá en abril del 2026.
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Esta apelación será revisada en pleno local por los magistrados Guillermo Moreno Sada, Carlos Montero Vázquez y Alberto Loaiza Martínez, del TEJA; si estos mantiene el fallo contra Bonilla, el exgobernador aún tendrá derecho a solicitar un amparo directo en el Poder Judicial Federal en los Tribunales Colegiados de Circuito, que podrían demorar seis meses -en promedio-, lo que implicaría que la sentencia podría quedar firme hasta octubre de 2026, justo cuando inicie administrativamente el proceso electoral de 2027.
El fallo contra el exgobernador, instruye para Bonilla la “Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por tres años”, y ordena informar de la determinación al Sistema Nacional de Servidores Públicos para que se hagan las reservas en gobiernos e instituciones.
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La sentencia indica que los abusos del exmandatario se concentran en dos acciones que su gobierno ejecutó sin que tuvieran la facultad legal, lo que provocó un perjuicio al servicio público.
Fue, primero, la firma del contrato plurianual por 30 años de compra-venta de energía mediante suministro eléctrico para el desarrollo de una central eléctrica fotovoltaica en Baja California, con Next Energy de México, S.A. de C.V. el 15 de octubre de 2020; y después, la contratación de un suministro de energía eléctrica con la empresa Estrategia Energía para el Acueducto Río Colorado Tijuana, que sería proporcionado por una empresa privada, mediante el desarrollo de una central eléctrica solar fotovoltaica.
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La sentencia recordó que la regulación energética en México es de jurisdicción exclusiva de la Federación como lo señala el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Federal que “corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”; al igual que los artículos 7 y 11, fracción XLIII, de la Ley de la Industria Eléctrica. Y citaron el oficio emitido en agosto del 2020, por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en el periodo de López Obrador, en el que le advirtieron “la falta de competencia que tienen las entidades federativas en materia energía eléctrica”, un oficio que Bonilla decidió respetar, pero no atender, lo que el TEJA considera como que “invadió la esfera de competencia federal”.
En acto contrario, la administración bonillista giró el oficio SGG/BC/445/2020, signado por el entonces secretario General de Gobierno, de nombre Amador Rodríguez Lozano, de fecha 28 de octubre de 2020, en el que Jaime Bonilla Valdez promueve la modificación de dos decretos para autorizar a “la Comisión Estatal del Agua, para efectos de otorgar como fuente de pago la partida presupuestal suficiente para el pago del contrato plurianual de energía eléctrica derivada de una planta generadora de energía solar fotovoltaica”, se explica en la resolución sobre las reformas hechas que comprometieron recursos públicos.
Con esos argumentos, “Jaime Bonilla Valdez es plenamente responsable de la falta administrativa grave prevista en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades, consistente en Abuso de Funciones”, se lee en el fallo, al “causar perjuicio al servicio público al comprometer recurso público, proposición e impulso de las iniciativas de los decretos 88 y 178; cometiendo así actos arbitrarios a las responsabilidades federales”, indica.
BONILLA RECHAZA CARGOS Y REPARTE RESPONSABILIDADES CON LOS DIPUTADOS Y CON AMLO
Tras ser notificado, lo que llamó la atención de Bonilla Valdez fue que en la sentencia se mencionara en tres ocasiones que las acciones de “abuso de funciones” se ejercieron como un “capricho”.
“A mí se me hace que es un argumento muy ligero. Decir, que es un capricho. ¿En qué se basan para decir eso? O sea, como gobernador, si tiene las facultades o no las tienes. Y a mí me dijeron: ‘Sí, las tienes’. Entonces, vamos creando la fotovoltaica que creíamos nosotros que nos iba a dar independencia energética que todavía no tiene el estado de Baja California. Yo lo platiqué con el presidente esto. Y el presidente nunca se opuso a que hiciera esa iniciativa”, respondió Jaime Bonilla, recordando, y justificándose en el apoyo que recibió del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es que no se entiende el abuso de poder cuando el gobernador le manda al Congreso a que tome la decisión. ¿Cuál es el abuso de poder? Abuso de poder sería si yo me brinco al Congreso, y les hablo a los y trato de presionar. No, aquí cada quién votó; le puedes preguntar a los diputados en ese tiempo. O sea, se les manda la iniciativa y se aprobó. Algunos vigentes que están todavía están ahí. Nunca hubo ninguna presión”, apeló el exgobernador.
Bonilla advirtió que también se debería responsabilizar a los diputados que aprobaron las leyes, situación que el TEJA contempló en su fallo, advirtiendo que los legisladores no causaron daños pues no firmaron contratos.
Aunque el tribunal lo hace “responsable, de que se hayan contraído las obligaciones financieras que actualmente constituyen un pasivo financiero para el Estado de Baja California, independientemente si se realizaron o no los pagos”, Bonilla replicó que, al cancelarse los contratos, no hubo afectación.
Frente a la evidencia del oficio del 21 de agosto del 2020 en el que la SENER le advirtió de su incompetencia en materia de energía eléctrica, Bonilla insistió a ZETA que ni Nahle, ni la Secretaría de Energía, tenían facultades para impedir el proyecto de autonomía energética. “Yo nunca he aceptado que no tenía las facultades. Yo siempre he pensado y sigo pensando que el gobernador tiene las facultades para mandar una iniciativa. Independientemente quién te mande una carta”.
“Oye, pues, ¿por qué me acusan a mí de querer hacerlo? y no se acusan ellos de no querer hacerlo. ¿Quién es más caprichudo de los dos?”, reflexionó Bonilla.
Al concluir la entrevista, el exgobernador dijo que no especulará sobre las motivaciones políticas, de impedir su participación en las próximas elecciones de la sentencia. Recordó aquel 15 de junio de 2021, en el que Marina del Pilar Avila Olmeda lo acompañó y felicitó en la colocación de la primera piedra del proyecto de la hoy cuestionada, planta fotovoltaica que estaría ubicada sobre la carretera federal 5 de Mexicali. Y dijo que se defenderá: “No siempre gano, pero siempre me defiendo. Yo creo que la situación de la fotovoltaica la historia nos juzgará a todos”.
