El Congreso de Baja California aprobó a la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda suscribir contratos plurianuales hasta por tres mil 515 millones de pesos para obras de infraestructura a pagarse en los próximos 12 años, a partir de 2027 cuando esté concluyendo el gobierno actual.
El secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, negó que los contratos plurianuales sean deuda del estado. “No es financiamiento; nada más que quede claro, es una obra pública plurianual a precio alzado”.
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Se optó por el esquema de contratos plurianuales porque no se cuenta con todo el recurso y no hacer las obras representaría un costo social más grande.
Los contratos plurianuales comenzarán a pagarse hacia finales de la administración porque son obras a precio alzado, que necesariamente tienen que estar concluidas para poderse pagar, explicó el funcionario.
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Aún no se cuenta con el cálculo de cuánto costarán por tratarse de obra plurianual. “Una vez que se emita la licitación nos van a hacer la propuesta del costo financiero” y las ofertas serán las que determinarán el pago y quien será el ejecutor de la obra, declaró durante la presentación del Paquete Económico en el Congreso local.
El pago de los contratos plurianuales está garantizado con el cobro del peaje de la carretera Centinela-La Rumorosa y del servicio de agua de la CESPT, añadió.
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Según el Presupuesto de Egresos 2026, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) hará las contrataciones por hasta dos mil 200 millones de pesos para construir obras complementarias a la planta desaladora de Rosarito, como la ampliación de tanques de agua potable, construcción de interconexiones y líneas de conducción del líquido.
Comenzarán a pagarse en 2027 y se liquidarán hasta 2038 en mensualidades, cuyos importes aún no están definidos.
Esta nueva obligación de pago se sumará a los cinco créditos de largo plazo con los que ya cuenta la paraestatal, por poco más de mil 015 millones de pesos, con vencimientos en 2030, 2034 y 2035. Con ello, la CESPT tendrá obligaciones por tres mil 215 millones 692 mil 336 pesos (esto es casi la mitad de su presupuesto en 2025).
Por otro lado, el recién creado Instituto de Infraestructura Vial de Baja California (Infravi) suscribirá los contratos plurianuales por mil 315 millones de pesos, para ejecutar los proyectos carreteros: la ampliación de carretera transpeninsular Ensenada-Guerrero Negro (Maneadero) por 300 mdp, el programa de pavimentación prioritaria en los siete municipios (430 mdp) y la reconstrucción de la red carretera del Valle de Mexicali (110 mdp).
Para la autopista Centinela-La Rumorosa se proyectan: rampas de emergencia para frenado en kilómetros 56+370 y 51+170 sentido descendente autopista (76 mdp), el crucero en Calzada Héctor Terán Terán y Calzada del Sol (258 mdp). Así como la construcción de carriles de aproximación a puesto de seguridad militar (91 mdp), y la ampliación de corona en zona de acceso a plaza de cobro cuerpo ascendiente de la autopista Centinela-Rumorosa (40 mdp).
PAN REPROCHA ENDEUDAMIENTO
La diputada del PAN, Santa Alejandrina Corral Quintero, reprochó el incremento de la deuda estatal en los últimos dos gobiernos de Morena. Señaló que estos contratos plurianuales se sumarán a la deuda de tres mil 500 millones de pesos del Bono Verde y de Género adquirida por el gobierno actual. El endeudamiento del estado es superior a los 21 mil millones de pesos, afirmó.
Es un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo o a las entidades ejecutoras del gasto, para comprometer recursos de administraciones futuras sin el debido escrutinio y aprobación especifica del Congreso, acusó.
El también diputado panista, Juan Diego Echevarría Ibarra, dijo que las obras proyectadas para hacerse mediante los contratos plurianuales se necesitan, pero lamentó que se desconoce cuánto va a costar ese endeudamiento.
Equiparó los contratos plurianuales con la deuda del Bono Verde y Género de tres mil 500 millones de pesos, por la que el Estado terminará pagando nueve mil millones; de estos, seis mil nada más de intereses. “Nos costó carísimo esos tres mil 500 millones de pesos”.
Durante la sesión del 19 de diciembre de 2025, el diputado del PVEM, Jorge Ramos, reconoció que los contratos plurianuales son una deuda, pero justificó: “El tipo de interés que genera este tipo de financiamiento se queda pequeño contra lo que la gente ya está pagando porque no tiene el servicio”.
La inversión complementaria de la planta desaladora de Rosarito garantizará que la región cuente con el vital líquido los próximos 20 años y que “no hay mejor fuente de repago en toda la estructura del gobierno del Estado que las propias Comisiones del Agua”, sostuvo.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la administración estatal argumentó que realizar las obras bajo un esquema de plurianualidad otorga al Estado la liquidez y un “balance presupuestal sostenible”, por lo menos durante la vigencia del programa de las obras.
El dictamen 117 relativo al Presupuesto de Egresos obtuvo 19 votos a favor de legisladores de Morena, PVEM, PRI, Fuerza por México y MC. En contra votaron las diputaciones del PAN, PES y PT.
La mayoría de los legisladores rechazó la reserva presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, para que se derogara el artículo 47 del dictamen a efecto de que la autorización de los contratos plurianuales se ajuste a los requisitos que exige la norma, toda vez que la solicitud del Estado refiere el artículo 73 en vez del 80 de la Ley de Presupuesto, generando incertidumbre sobre la naturaleza de los contratos plurianuales.
El Ejecutivo no justificó el plazo de la contratación, ni las razones por las que la celebración de estos contratos no es susceptible de realizarse en cada término de cada ejercicio fiscal, observó la emecista.
SIDURT, LA MÁS CASTIGADA
Según el proyecto de Presupuesto de Egresos, el estado gastará 92 mil 118 millones 574 mil 417 pesos el próximo año, lo que representa 6.41% más que lo aprobado para 2025.
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (Sidurt) será la dependencia con mayor recorte presupuestal, con -26.79%; seguida de la Secretaría de Inclusión Social (20.59%), Turismo (-18.46%) y de Economía (-11.39%).
En contraste, el mayor aumento lo tendrá la Secretaría del Agua, con un alza de 2,795%; seguido de la del Medio Ambiente (32.14%), Oficialía Mayor (26.6%) y la de Honestidad y Buen Gobierno (21.7%).
Por cantidad de recursos, la Secretaría de Bienestar (5,228 mdp) será la de mayor presupuesto; seguida de la de Seguridad (4,512 mdp) y Salud (3,968 mdp). El Poder Judicial tendrá un presupuesto de dos mil 115 mdp y el Legislativo, mil 203 mdp.
ALZA EN TARIFAS DE AGUA
En la misma sesión fue aprobado el dictamen 116 relativo a la Ley de Ingresos 2026, que contempla que las Comisiones del Agua subirán entre 4.20% hasta 15.22% las tarifas de agua para servicio doméstico.
Por ejemplo: en Tijuana y Rosarito, la tarifa básica (0-5m3) será de 155.57 pesos, lo que representa 4.20%. A partir de los 15 m3 consumidos, la tarifa subirá 15.22% además del 1% de cada mes. Para uso no doméstico, la tarifa aumentará 15.22% en cada uno de los rangos.
Todas las Comisiones incrementarán del 30 al 35% la tarifa de consumo de agua de organismos públicos, poblados de los ejidos y colonias rurales en los siete municipios, asociaciones civiles de vecinos, derivados de tomas instaladas para el riego de camellones, parques y jardines públicos.
Por otro lado, en el artículo transitorio Vigésimo Primero se estipula la ampliación de la vigencia de las placas de circulación expedidas por la Secretaría de Hacienda, siempre que el sello de inviolabilidad de plomo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, código de barras, gráficos, emblemas, dibujos, logotipos y/o escudos, así como el número de matrícula sean legibles.
Con ello, se echó atrás la medida impuesta en la Ley de Ingresos de 2025 que obligaba a todos los conductores de vehículos particulares y del servicio público con placas de circulación anteriores a 2021 a realizar el canje de láminas a partir de junio de 2025.
Sin embargo, la Ley de Ingresos contempla un aumento del 4.20% en el refrendo de la tarjeta de circulación para autos y camiones particulares, de 1,120.27 pesos a mil 167.33 pesos. En la misma proporción (4.20%) subirá la expedición de placas, a mil 905.62 pesos para autos y camiones particulares.
Legisladores de oposición acusaron la desaparición del Fideicomiso Empresarial (FIDEM) sin que se redujera de 4.25% a 3.0%. la tasa del impuesto a la nómina, al señalar que ese gravamen es el más alto del país y resta competitividad a la entidad para atraer nuevas inversiones y generar empleo formal.
Pulido Saavedra negó que se esté eliminando el FIDEM. Explicó que el cambio en la Ley de Ingresos se debe a que grandes empresas presentaron cinco amparos solicitando la devolución del 1.5% porque el recurso no se está destinando a gasto público.
Para poder “proteger y garantizar el FIDEM”, en 2026 se presupuestó en la partida específica 75 mil 113 inversiones en fideicomiso FIDEMBC; 60.3 millones de pesos “para que ellos decidan cómo gastarlo en su comité”.
“Nosotros estamos destinando el 1, que es el resto de los 180 millones que le corresponden conforme al 1.5, y lo que estamos estimando recaudar en el impuesto sobre nómina, lo estamos destinando a seguridad, a tres cuarteles: Valle de Guadalupe, San Quintín y San Felipe. Para tecnología en seguridad, para infraestructura educativa es el Hospital del Labio y Paladar Hendido, y para ampliar la facultad de Medicina y Enfermería” de la UABC en Tijuana.
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