Durante los últimos seis años, el Gobierno del Estado ha pagado 500 millones de pesos para comprar alrededor de 80 millones de metros cúbicos de recurso hídrico para abastecer las necesidades del municipio de Tijuana.
Lo anterior fue referido durante la conferencia de prensa nocturna realizada en conjunto entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el director de CONAGUA, Efraín Morales López, tras 8 horas de reunión en la que acordaron -según dijo el titular de CONAGUA- 8 de 10 puntos sobre la mesa.
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El funcionario federal aseguró que la prolongada reunión tuvo como objetivo aclarar las dudas de los agricultores donde aclararon que no van a impedir la herencia de concesiones ni van a imponer acciones punitivas contra los trabajadores del campo; tampoco se va a separar la tierra del agua, con la intención de dar certeza y mejor valor a las propiedades de los agricultores.
En el único punto de peso que prácticamente no quedaron de acuerdo fue en que a partir de ese momento se prohibirá la venta de agua directamente, como ocurre en estos momentos con los módulos de riego y el municipio de Tijuana.
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“Las transferencias quedan prohibidas entre particulares. Este mercado que se generó a partir de la ley del 92, quienes tenían recurso económicos conservaron gran cantidad de títulos y de agua cuando comunidades muy pequeñas no contaban con el agua suficiente. Es parte de lo que se va a evitar, otra cosa es el mercado negro de agua, que el agua no sea vendida a costa del derecho de las minorías, no hay afectación”, refirió el titular de CONAGUA, quien comentó que seguirán en una reunión de trabajo el día de hoy, lunes 8 de diciembre, para definir algunos detalles pendientes, con la esperanza de que se logre retirar el bloqueo que sostienen los agricultores en la garita comercial de la Zona Este.
Víctor Amador, titular de SEPROA, comentó que desde hace muchos años se optó por ese esquema de compra de agua y cuando llegó la actual administración se continuó con el esquema anual de firma de convenio para acceder al agua que se ofertará al municipio de Tijuana.
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Durante los últimos seis años se han erogado 500 millones de pesos, a 13 mil pesos por hectárea de agua, lo que da un total de 30 mil hectáreas que no se siembran por la venta del recurso hídrico.
El titular de CONAGUA, aseveró que el agua se les entrega a los ejidatarios de manera gratuita, debido a que está asignada para la producción de alimentos, pero en vez de sembrar, los agricultores venden el agua a un precio que no obra en ninguna regulación y que básicamente se impone de manera libre por los agricultores.
Es decir, los agricultores la reciben gratis y solo este año se les entregaron 110 millones de pesos, de los cuales se paga la mitad al iniciar el año y se empieza a cubrir la necesidad a partir del mes de junio.
La propuesta referida por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, era que se creara un padrón para brindar apoyos económicos a los agricultores para la siembra o que pudieran verse afectados por las modificaciones a la Ley, pero la comitiva se negó.
Y es que el Gobierno del Estado entrega el dinero al módulo de riego y desconoce el método como se dispersa hacia los agricultores que venden su agua, por lo que -aseguró- buscan que se transparente la información de los posibles afectados con las nuevas restricciones de la Ley.
Luego de ocho horas de reunión, los agricultores no aceptaron firmar los acuerdos para trabajar en mesas de trabajo y continuaron con el bloqueo.
