La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y seis alcaldes de Baja California suscribieron un acuerdo de colaboración administrativa para el cobro del impuesto predial que ha generado controversia, porque los documentos no han sido públicos íntegramente, se desconoce el recurso que se obtendría y se ha señalado que se comparte con el Estado una facultad que es exclusiva de los municipios.
Con todo y que los Ayuntamientos estarían estableciendo las claves catastrales que el Estado ayudará a cobrar en ese convenio, en la mayoría de los casos no se conoce con precisión tal cantidad, el monto que representa, ni la meta a recaudar.
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El objetivo del convenio es que los Ayuntamientos tengan más ingresos mejorando la recaudación del impuesto predial y accedan a fondos estatales y federales. No obstante, los siete gobiernos municipales plantearon ajustes (del 4 a 400 por ciento) para el cobro del predial en sus respectivas iniciativas de Ley de Ingresos 2026 presentadas al Congreso local.
La alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante (ausente en la fotografía publicada por el Gobierno del Estado con la que se presumió el Convenio Predial) aseguró no haber firmado el documento, al carecer de la autorización del Cabildo y tener “sugerencias de adecuaciones” que discutirá con el Estado. Sin embargo, la primera edil no precisó las modificaciones a las que aspira, ni mencionó algún plazo para firmar el convenio.
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Pidió que no se politice el tema, luego de que las diputadas del Partido del Trabajo, Yohana Hinojosa Gilvaja, y de Acción Nacional, Santa Alejandrina Corral Quintero, se congratularon por la no adhesión. “Los felicito que hayan sido el único Ayuntamiento que no se haya dejado robar su recaudación”, dijo Hinojosa Gilvaja en la sesión del 2 de diciembre.
La legisladora consideró que se le están quitando facultades a los municipios y atribuyó tal convenio a que el Estado está quebrado. “Lo que creo es que el gobierno no tiene dinero y está viendo de dónde sacar”. Asimismo, cuestionó la opacidad de Ayuntamientos y del Estado al no hacer públicos los convenios.
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La decisión de Norma Bustamante evidenció el actuar de alcaldes que -según el Estado- firmaron el convenio, pero que aún no tienen la autorización del Cabildo, como sería el caso de Tijuana, donde dos regidores de la Comisión de Hacienda aseguraron desconocer el convenio suscrito por el presidente municipal Ismael Burgueño, quien habría compartido el tema hasta la tarde del 1 de diciembre; cinco días después de darse a conocer la firma del documento.
La alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, negó haber firmado el convenio del predial. “No lo hemos firmado nosotros, nada más firmamos el del Issstecali. Fueron los dos documentos y yo solamente firmé uno. No firmé el del SAT, todavía no”, porque el tema no se ha sesionado en Cabildo, declaró a ZETA.
En Ensenada la autorización al Convenio Predial ocurrió en sesión extraordinaria el 25 de noviembre de 2025. En Tecate, regidores de Morena y afines lo autorizaron en la sesión extraordinaria del 1 de mayo de 2025 (día de asueto) sin que tuvieran en sus manos el convenio y supieran lo que votaron, denunció la regidora del PAN, Laura Sevilla.
La edil también criticó que el alcalde Román Cota haya vuelto a firmar el Convenio, cuando estaba vigente el suscrito en 2024. Pareciera que el alcalde no se quería quedar fuera del “show” con la gobernadora y de salir en la foto, manifestó.
El “voto a ciegas” por parte de regidores oficialistas habría ocurrió también en la sesión ordinaria del Cabildo de Rosarito, del 13 de noviembre pasado, según lo descrito por el edil panista, Ricardo Martínez, quien relató que el Convenio fue “un tema sorpresa en asuntos generales”, ya que no venía como un punto específico en el Orden del Día. El documento no fue proporcionado y la administración de Rocío Adame sólo refirió de qué se trataba, relató.
CONVENIO ES OPCIONAL; 2.5% PARA GASTO ADMINISTRATIVO: HACIENDA
La Secretaría de Hacienda confirmó a ZETA que salvo Mexicali todos los municipios bajacalifornianos ya firmaron el Convenio Predial. El titular de la dependencia, Andrés Pulido Saavedra, afirmó que es opcional para los Ayuntamientos adherirse al convenio para que el gobierno del estado les ayude con el cobro del impuesto predial.
A los Ayuntamientos se les cobrará “hasta el 2.5%” como un gasto administrativo para poder cubrir la parte administrativa que implicará cobrar las cuentas que decidan los municipios, admitió el funcionario estatal, pero rechazó que se trate de un tema recaudatorio y que se estén invadiendo facultades.
“Nosotros de lo que recuperen, nosotros no nos podemos quedar con ningún peso. Eso es ilegal. Jamás vamos a invadir atribuciones de un municipio que como dice el 115 Constitucional es libre, autónomo”, aseveró.
ZETA tuvo acceso al Convenio que habrían suscrito los gobiernos del Estado y Ensenada. En la Cláusula 9 de ese documento se indica:
De la recaudación efectivamente obtenida por el Estado, éste deducirá el monto de los siguientes conceptos:
* El importe de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes por pagos indebidos o saldos a favor.
* Los recargos, actualizaciones, gastos de ejecución, generados por las multas que en su caso se hayan generado con motivo del cobro del impuesto predial.
* Las comisiones bancarias, las comisiones correspondientes por la recepción de pagos y/o transferencias electrónicas; y
* “El 2.5% de los ingresos efectivamente recaudados por el “Estado”, que correspondan del Impuesto Predial y sus accesorios, importe que se entregará de manera mensual como incentivo por la recuperación de dicho impuesto”.
En el caso de Rosarito, el porcentaje sería “de 2.8 por ciento de lo recaudado” conforme a lo expresado por la administración de Adame Muñoz, refirió el regidor Ricardo Martínez, quien fue el único edil que votó en contra en la sesión del Cabildo.
FONDO FEDERAL HASTA 2027
En entrevista con ZETA, Pulido Saavedra reiteró que es opcional para los municipios adherirse al Convenio Predial y quienes firmen tendrán acceso al Fondo Compensatorio Estatal, de 195.4 millones de pesos, monto que se distribuirá conforme a la normatividad.
En 2026, Mexicali accedería a 31.2 millones. Tijuana accedería a 32.3; Ensenada a 34.6; Tecate a 22.1; Rosarito a 29.8; San Quintín a 25.6; y San Felipe a 19.6.
Además, los Ayuntamientos firmantes del Convenio podrán acceder al Fondo de Fomento Municipal, del Ramo 28 federal, que en 2027 tendría una bolsa de 427.9 millones de pesos para Baja California.
“Tecate va a recibir 8.9 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2026. Es el único que va a recibir recursos de ese fondo”, porque el resto de municipios se acaban de adherir. En 2027, Mexicali recibiría 113 millones; Tijuana, 228.7; Ensenada, 54 millones; Rosarito 12.4; San Quintín 4.6; y San Felipe, dos millones, puntualizó.
A decir del funcionario, como el convenio firmado entre el Estado y los municipios es de coordinación y colaboración, falta un diagnóstico para determinar cuánto incrementarán sus ingresos los municipios con dicho instrumento.
El beneficio “para todo el estado” es que por cada peso adicional que los Ayuntamientos recaden de manera adicional, nos incrementa las participaciones federales a través del Fondo General de Participaciones 16 centavos. Entonces, son más ingresos para el Estado, que por supuesto también va a ser más ingresos para los ayuntamientos y se genera un círculo virtuoso”.
Explicó que hace unos años se reformó el artículo 73 Constitucional, que establece que los Ayuntamientos tienen que convenir cualquier instrumento de colaboración para que puedan incrementar sus ingresos vía predial, porque a nivel país dicho ingreso “no se ha incrementado como debe ser” y es “muy grande” la dependencia que tienen los municipios de ingresos federales.
“El legislativo federal está llevando el análisis para poder emitir la Ley General que regula esta reforma Constitucional, por lo tanto, mientras se da, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos ha pedido de favor que busquemos formalizar el instrumento de colaboración y coordinación con los Ayuntamientos para que puedan modernizar todos sus sistemas catastrales para que mejoren sus ingresos”, abundó.
Durante la comparecencia de Burgueño en el Congreso, el tesorero tijuanense Víctor Ramos comentó que, con el Convenio con el Estado, Tijuana podría acceder a 188 millones de pesos del fondo de Fortalecimiento Municipal que “se ha estado perdiendo año con año”.
“Ellos nos van a brindar asistencia jurídica, operativa. Si queremos como municipio que nos ayuden a cobro de cuentas que por infraestructura o personal no tengamos, así como también pedirle, de conformidad con la Secretaría de Hacienda, ayudar en vuelos de drones para actualizar Catastro, también en defensa fiscal de algunos amparos de predial podemos pedirlo; si no, no se hace, y aun así se reciben los recursos”, detalló Ramos.
En cuanto la falta de autorización de algunos Cabildos, Pulido Saavedra indicó que el “convenio no surte efecto hasta que pase por Cabildo”.
Hasta donde se sabe, los convenios tendrían una vigencia de dos años, que es el tiempo que resta a las administraciones municipales y estatal.
AYUNTAMIENTOS SIN CAPACIDAD PARA COBRAR
Los alcaldes de Ensenada, San Quintín y San Felipe reconocieron que sus Ayuntamientos carecen de personal para la recuperación de la cartera vencida, como una justificación para firmar el convenio con el Estado.
La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, dijo que 180 mil cuentas tienen rezago de pago, y que la perspectiva es que se pueda recuperar más de 200 millones de pesos en un año con el Convenio firmado con el Estado.
La alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, precisó que en 2025 el padrón de claves catastrales fue de 36 mil 552, de las cuales 16,107 fueron pagadas; es decir, 60 por ciento de las cuentas tienen rezago de pago. En San Quintín “por la lejanía, porque por mucho tiempo los predios no estaban regularizados, la gente no tiene ese hábito de pagar”, señaló.
En Mexicali, de las 436 mil cuentas del padrón, 40 por ciento (174 mil cuentas) tienen rezago, aun cuando ha aumentado siete puntos porcentuales el ingreso del predial respecto al total de ingresos.
En Tijuana, el presidente de la Comisión de Hacienda, Lemuel Ramírez compartió con ZETA que, de las 665 mil cuentas existentes, 269 mil se encuentran con rezago en uno o más ejercicios fiscales. En sí, el rango de la cartera vencida fluctúa entre 38 y 45 por ciento de las cuentas.
El convenio con el Estado podría abrir tres puertas:
* La primera, el intercambio de información fiscal. “El estado nos puede compartir bases de datos del Registro Público de la Propiedad, del Catastro Estatal, de plataformas de cobro para poder actualizar valores, detectar omisiones y poder ubicar propietarios”.
* La segunda puerta es una cobranza conjunta o asistida en la que se utilicen herramientas coercitivas del Estado que no tiene el municipio, como embargos, requerimientos, y cruces con otras obligaciones.
* Y la tercera puerta es que el municipio tenga mejores coeficientes de participación (fondos federales y/o estatales) si demuestra que está teniendo un crecimiento real en recaudación de predial y derechos. El Convenio podría aumentar en ocho puntos porcentuales la recaudación, de “10 al 18 por ciento en dos años”, estimó.
El alcalde de Tecate, Román Cota, aseguró que de cada 100 cuentas 39.81 por ciento se han pagado durante 2025, lo que representó un avance de casi tres puntos porcentuales. Se han recuperado 10 millones de pesos de la cartera vencida, dijo, pero no precisó el total de claves en rezago, ni las que estarían dentro del Convenio.
Sin embargo, la regidora panista, Laura Sevilla, cuestionó la eficiencia recaudadora conjunta entre el Ayuntamiento de Tecate y el Estado. “En lo que va de este año solo se ha recaudado alrededor de 100 mil pesos. ¿Qué significa esto?, que el gobierno municipal ha estado haciendo su trabajo, y el Gobierno del Estado con esta cantidad irrisoria”. En total, el municipio tiene 82 mil 748 claves catastrales.
Ante diputados, los presidentes municipales de San Felipe, José Luis Dagnino López y de Rosarito, Rocío Adame, no hablaron sobre el número de cuentas que entrarían al convenio con el Estado.
El regidor del PAN, Ricardo Martínez, comentó que hay 122 mil claves catastrales, de las cuales pagan 52 mil; es decir, 57 por ciento están con rezago.
Cuestionó que se haya firmado el convenio con el Estado y el que la administración municipal tenga un contrato vigente con Stratimex para la recuperación de la cartera vencida del predial a cambio del 25 por ciento de lo recaudado, pese a que la empresa tiene observaciones de la Auditoría Superior del Estado. Contrato que no se renovaría el próximo año, según se indicó en la sesión de Cabildo.
“Rosarito cuenta con el personal adecuado para llevar el cobro de la cartera vencida, sin necesidad de estar regalando el 25 por ciento a una empresa, y ahora casi el 3 por ciento al Gobierno del Estado, de lo que estamos recaudando”, aseveró el edil panista.
AL ALZA IMPUESTO PREDIAL
De las iniciativas de Ley Ingresos 2026 presentadas al Congreso, destacó la de Rosarito cuyo predial aumentaría derivado del incremento del valor fiscal de zonas homogéneas, que va de 3 por ciento en Rosarito Shores, hasta 396 por ciento para el caso de Reforma II. Alzas que fueron criticadas por los diputados.
En Tecate se propuso una reclasificación y un incremento del valor fiscal que va del 10 al 500 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2025, y mantener la sobretasa del impuesto predial, para fortalecer y modernizar el manejo integral de residuos sólidos.
Mexicali planteó un incremento del impuesto predial del 12 por ciento, que descontando la inflación sería del 8 por ciento, reconoció el tesorero Roger Sosa Alaffita.
En San Quintín, se plantea aumentar 4.21 por ciento el valor de las zonas homogéneas, así como eliminar el descuento del 2 por ciento para quien pague en línea y se convertiría la cuota mínima del predial a UMAS.
En San Felipe se propone una sobretasa al impuesto predial para “fomento deportivo y educacional”, además dejar de aplicar una tasa del 2 por ciento para adoptar una diferenciada.
En Ensenada también aumentará el predial con base en la inflación. Se plana modificar la tasa de 15 a 19 al millar para predios con almacenaje de contenedores, aunque la reduce para predios ocupados por asociaciones religiosas. Y en Tijuana, el impuesto predial subiría 4 por ciento, prácticamente con base en la inflación.
Además, los Ayuntamientos propusieron retabulaciones y nuevos derechos en sus iniciativas. Pero serán los legisladores quienes modifiquen y aprueben o no las propuestas de los munícipes.
