El pasado mes de octubre, tres legisladores de Baja California presentaron dos propuestas con el fin de fortalecer la normatividad existente y combatir la impunidad en materia de invasiones y prescripciones, además del fraude procesal cometido por abogados y funcionarios corruptos con el fin de despojar a los propietarios originales de inmuebles en el estado.
A finales del mencionado décimo mes, el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso local, aprobó, con 22 votos a favor y ninguna abstención, “una modificación al artículo 325 del Código Penal de Baja California, derivada de iniciativas presentadas por los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez”, para considerar como agravante “las maniobras jurídicas fraudulentas ejecutadas para despojar de bienes a los ciudadanos”, sean realizadas por un abogado, patrono o litigante”.
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En este caso, se trata de delito de “fraude procesal” y determinaron que “se impondrá la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión por un periodo de hasta cinco años, además de una pena de prisión que puede oscilar entre uno y seis años” a los profesionales del derecho que sean denunciados y cuya responsabilidad sea probada.
En ese mismo período, el diputado Jaime Cantón Rocha presentó iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, en la que argumentó que para el despojo “se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran”, por lo que propuso que a estas personas se les procesara por un nuevo delito, “corrupción inmobiliaria”, el cual se debería considerar como “grave”, con penas de10 hasta 20 años de prisión, “para funcionarios que permitan, por acción u omisión, edificaciones ilegales o la construcción sin cumplir requisitos legales, así como a los particulares que participen en esas obras”.
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También propuso que, tratándose del despojo de propiedades, se dupliquen las penalidades existentes en los delitos de “fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias”. Pero a esta propuesta aún le queda un trecho en el proceso legislativo para ser rechazada o aprobada.
Extrañamente, en su exposición de motivos, ninguno de los tres promoventes manifestó haber recibido denuncias ciudadanas, ni describieron ni reconocieron las dimensiones, ni el involucramiento del crimen organizado en esta problemática, de la cual evidentemente son testigos. Aunque reconocen la necesidad de “ampliar la protección contra este ilícito”.
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Más reciente, en conferencia de prensa, el 2 de diciembre, fue la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade, quien anunció la creación de un grupo especial para investigar delitos relacionados con la tenencia de la tierra.
Lo hizo basada en que algunas de estas prescripciones, invasiones y despojos de terreno, se están cometiendo junto con otros delitos grave, como los homicidios, privaciones, secuestros, robos, falsificaciones, extorsiones.
“Vamos a ir con todo el poder del Estado, de la Fiscalía General del Estado, contra esos grupos que están llevando a cabo adjudicaciones ilegales de terrenos”, fue lo que declaro la fiscal, para después no volver a hablar del tema.
ZETA le solicitó información respectos a los antecedentes que tienen en la fiscalía: ¿cuántos homicidios han detectado relacionados con tenencia de la tierra?, ¿cuándo entraría en funciones este grupo especial?, ¿de dónde saldrá el personal y cuántos elementos estima destinar?, ¿si el trabajo de este grupo necesitaría el apoyo de los legisladores con reforma para facilitar el trabajo y los resultados? Pero ya han transcurrido más de dos semanas sin repuestas.
Como antecedentes, vale recordar que entre 2006 y 2010 los vendedores y trasegadores de drogas encontraron en el secuestro, otra forma de hacerse de residencias y predios; en esta actividad delictiva los acompañaron varios notarios de la entidad. Secuestraban a los hijos, las esposa o esposos de empresarios y profesionales, reclamando rescates millonarios, al informar que no tenían efectivo a disposición; los obligaban a entregar bienes inmuebles; firmaban los documentos frente a notarios quienes después cambiaban la propiedad de dueños muchas veces, para dificultar que se rastreara el delito.
Y desde mediados de la década pasada, las investigaciones de la fiscalía han dado cuenta de la entrada de los traficantes y vendedores de droga al tema de las invasiones y prescripciones.
Usualmente buscan espacios sin dueño presente, con herederos en otras ciudades, propietarios que viven en Estados Unidos o en las zonas viejas de los municipios, lugares donde el comprador original ya murió.
Pero también se dan casos en los que le quitan la vida al residente y venden la casa, como en la muerte violenta de Juan Ramón Contreras Rodríguez, ejecutada en septiembre del 2025, cuya casa a nombre de la hermana de la víctima fue vendida por los criminales, dos semanas después.
O los departamentos invadidos por un presunto vendedor de droga, identificado como Enrique Martínez, mismo que ya fue denunciado en repetidas ocasiones durante más de cinco meses desde el pasado mes agosto, por la invasión de la vecindad, localizada entre las calles Bala California y avenidas Michoacán de la Zona Norte, por narcomenudeo y la extorsión a vendedores de mercados sobre ruedas de la zona, sin que las autoridades hayan hecho nada al respecto.
Frente a la patente vulnerabilidad de los ciudadanos comunes, es evidente la urgente necesidad de fortalecer las regulaciones y las investigaciones.
Para lo cual los bajacalifornianos deberán presionar, desde la comunidad y a través del Congreso, para que la fiscal cumpla con la prometida integración del grupo anunciado, con la esperanza que den resultados.
Y, de nuevo, tocaría a la sociedad organizada exigir el compromiso de todos los diputados, porque se siguen quedando cortos, para que fortalezcan la regulación y llenen los vacíos legales que permiten la corrupción en Registros Públicos y Catastros. Ya no pueden voltear a otro lado; le llegó el momento de consultar con profesionales honestos, hablar con los colegios de abogados, de notarios, de agentes inmobiliarios, quienes están atestiguado los delitos desde primera fila.
