Con el voto a favor de la mayoría de regidores de Morena, este jueves fue aprobado el acuerdo que autoriza al presidente municipal de Tijuana Ismael Burgueño Ruiz suscribir un convenio de colaboración con el gobierno del Estado para el cobro del impuesto predial.
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La única regidora del partido en el poder que se abstuvo de votar fue Rogelia Arzola Santillán, sin que razonara el sentido de su voto, durante la sesión extraordinaria virtual, celebrada la tarde de este 11 de diciembre de 2025.
La regidora del Partido Acción Nacional Georgina Arana dijo que su voto en contra se debe a que dicho convenio implica que el gobierno municipal va a perder autonomía.
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“Va a dejar entrar al gobierno del Estado para que haga una función constitucional que únicamente corresponde a los Ayuntamientos como es el cobro del impuesto predial”, indicó y reprochó que la colaboración del Estado no es “gratis”, pues cobrará 2.5% de los ingresos efectivos que correspondan al impuesto predial y sus accesorios.
El convenio de coordinación refiera un anexo “A” sobre claves catastrales que les fue enviado “en blanco”, cuestionó. Aunque reconoció que estados como México, Jalisco y Aguascalientes ya tienen convenio con algunos municipios que no cuentan con infraestructura para el cobro esos estados entregan íntegramente lo que recaudan en sus oficinas de impuesto predial.
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“Este punto de acuerdo que se acaba de aprobar se autorizó celebrar convenios modificatorios, adendas y cualquier otro instrumento que se requiera sin que sea analizado ni discutido por este Cabildo. Simplemente dando aviso una vez celebrado dicho convenio, por lo que se traduce a estar otorgando un cheque en blanco”, acusó.
Propuso que el Ayuntamiento de Tijuana invierta en tecnología y capacitación del personal, así como la modernización de catastro. En esto último coincidió el regidor de Movimiento Ciudadano, Javier Merino, quien manifestó que su voto en contra porque considera “un poco más acertado” fortalecer la autonomía del municipio mediante la inversión del 2.5% a la tesorería municipal.
“Así conservaríamos la materia de procesos de cobro, la base de datos, sistemas, estrategias y legitimidad que tenemos ante la ciudadanía” y se evitará caer en procesos sensibles, ya que el costo social seguirá siendo para el municipio.
El regidor de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, Lemuel Ramírez, expuso que su voto a favor porque dicho convenio es una “herramienta fiscal” que podría ayudar a que el ingreso del predial pase del 10 al 18% en un horizonte de dos años, siempre que exista “actualización catastral, cartera depurada y cobranza efectiva”
El convenio abre tres puertas:
1) el intercambio de información fiscal, pues el Estado puede compartir bases de datos del Registro Público, Catastro Estatal y plataformas de cobro, para actualizar valores, detectar omisiones y ubicar propietarios.
2) Puede tener un modelo de cobranza conjunta o asistida, con lo que puede fortalecerse las herramientas coercitivas con las que cuenta el estado, como el embargo; y 3) incentivos por eficiencia recaudatoria.
Al día de hoy, existen entre 35 y 38% las cuentas que se encuentran en cartera vencida. No obstante que se redujeron de 665 mil a 266 mil que se mantienen rezagadas en uno o más ejercicios fiscales, apuntó.
Su homólogo Pablo Yáñez rechazó que el convenio ataque a la autonomía municipal y aseguró que por la firma del convenio el municipio podrá acceder a 200 millones de pesos del Fondo de Fomento Municipal; tema con el que -a decir del edil- está de acuerdo “la abrumadora mayoría” de la ciudadanía.
“Se acabó el negocio. Ahora quien va a ayudar al ayuntamiento a recaudar no será la empresa particular de algún amigo o compadre, sino el gobierno del Estado. Este convenio incluso combate a la corrupción que durante tres décadas se benefició una pequeña pandilla, un grupúsculo que se crean dueños y amos de Baja California”, añadió sin hacer mención a las administraciones de Morena que también otorgaron contratos para la recuperación de cartera vencida.
