Tras la determinación que tomó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de congelar las cuentas de la Diputada Federal por Morena y ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, ésta comentó que sigue adelante con las acciones jurídicas emprendidas, como el amparo, para revertir dicha medida, sin embargo, a la fecha nada ha cambiado y sigue a la espera de resolución.
“Me estoy defendiendo jurídicamente como debe de ser. Todos los mexicanos tenemos derechos constitucionales y en eso me estoy defendiendo…Tengo derecho a un amparo y ese es el camino jurídico que estoy siguiendo. Es un proceso más o menos largo, estamos esperando”, mencionó la Diputada morenista.
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Sobre si ha buscado un acercamiento con alguna autoridad de Estados Unidos, para que le aclare los señalamientos que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien el 18 de septiembre de 2025 emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa (CDS), entre las que se le incluyó, Brown respondió que no, pues la situación que le interesa aclarar es la que permea en México sobre el congelamiento de sus cuentas por la UIF.
“No, no he buscado a ninguna autoridad norteamericana. Como bien lo dije, yo soy mexicana y a mí lo que me interesa es que en mi país se aclare esta situación, y ya haré lo conducente con el país vecino”, dijo Figueredo.
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En cuanto a cómo ha sobrellevado su situación actual, dado que por el congelamiento de sus cuentas no está percibiendo su salario como Diputada Federal, indicó que su familia le ha brindado su respaldo y que espera se aclare lo que se tenga que aclarar, pues aseguró estar tranquila con ser investigada, ya que no le encontrarán nada.
“Que bueno que me estén investigando. Ya lo dijo la presidenta de la República, que no hay pruebas. Estoy contenta de que me investiguen, porque tengo que salir adelante de esta situación, ¿no?. Y además, el que nada debe, nada teme. Aquí sigo”, expresó la ex alcaldesa de Rosarito.
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La investigación contra Araceli Brown
El 18 de septiembre de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa, entre ellas a la ex presidenta municipal de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.
Lo anterior debido a que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, la red está relacionada con la facción de Los Mayos que opera René Arzate García, la Rana, controlando Playas de Rosarito para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico para los hermanos Arzate y Juan José Ponce Félix, el Ruso.
Por su parte, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, inició su propia investigación y ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de cuentas bancarias de las personas y empresas referidas por el gobierno estadounidense, entre los que además de la Diputada, también se encuentran Candelario Arceaga Aguirre y Jesús González Lomelí, quienes también tramitan juicios de amparo.
En el caso de la demanda de amparo de Araceli Brown, esta fue presentada en el juzgado federal el 2 de octubre, pero fue admitida hasta el día 7, misma fecha en la que le fue negada la suspensión provisional de los actos reclamados al no acreditar con documental alguna que es la titular de las cuentas bancarias bloqueadas por la SHCP en el acuerdo 282/2025.
Ante esto, los abogados de Brown entregaron los documentos que acreditan su personalidad jurídica en el asunto. En el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, fue recibido el escrito y los estados de cuenta de las instituciones bancarias Banco Mercantil del Norte (Banorte) y Grupo Financiero Inbursa donde la ex alcaldesa de Rosarito tiene sus cuentas bancarias y de esa forma acreditar su interés suspensional.
Brown Figueredo solicitó que la información contenida en los documentos entregados se mantenga en sigilo dado que muestran parte de su patrimonio financiero, por lo que atento a la petición, el juzgador ordenó que se abra el “tomo I de prueba” por separado. También la promovente solicitó la reserva de sus datos personales.
Con los documentos aportados, la legisladora pretendía que en la audiencia incidental que fue reprogramada para el 22 de octubre se le concediera la suspensión definitiva para que se le permitiera disponer del dinero de las referidas cuentas de banco, pero la audiencia fue diferida debido a que aún no se recibía la totalidad de los informes previos de las autoridades responsables, ni los acuses de recibo de los oficios de notificación.
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