El agua se ha transformado en el nuevo botín de grupos criminales y empresas abusivas que operan a lo largo y ancho de México. El fenómeno, bautizado como “huachicoleo del agua” o “aguachicol” -en analogía directa con el robo de combustible-, ha escalado en los últimos años, manifestándose tanto en las zonas urbanas más densas como en los entornos rurales dedicados a la agroindustria. La crisis hídrica que azota al país, exacerbada por la sobreexplotación de acuíferos y las sequías recurrentes, ha propiciado el desarrollo de un mercado negro multimillonario.
Este robo no es exclusivo de un sector; abarca desde la sofisticada desviación de líquido destinado al consumo humano, hasta la extracción ilegal mediante pozos clandestinos, especialmente en entidades federativas como el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Jalisco, donde se han detectado cientos de tomas ilegales en tuberías, pozos y presas. En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el robo de agua repuntó, detectando 131 tomas clandestinas sólo en 2024, un incremento respecto a las 104 registradas en 2023.
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La dimensión del huachicoleo del agua trasciende las tuberías urbanas. En el Estado de México, el operativo policiaco Caudal, llevado a cabo en 48 municipios, apenas en octubre de 2025, reveló que la extracción ilegal para su venta mediante pipas es una “industria subterránea”. Las ganancias son tales que se comparan con las obtenidas por el robo de combustible. El modus operandi, aunque a veces rudimentario, es devastadoramente efectivo: perforaciones en tuberías públicas, manipulación de válvulas, y el desvío directo de caudales de ríos y presas.
El alcalde de Tonalá, Jalisco, Sergio Chávez, denunció un aguachicoleo todavía más delicado que ocurre en la extracción de agua proveniente del Lago de Chapala, donde el recurso destinado al consumo humano es desviado ilegalmente para alimentar fábricas o sembradíos en municipios como Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco y El Salto. Aunque el SIAPA ha presentado 17 denuncias desde 2019, únicamente cuatro han culminado en convenios de reconocimiento y pago de adeudos. Las autoridades incluso reconocen la complejidad de cuantificar las pérdidas reales por este concepto.
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Frente a este saqueo desmedido, el Gobierno Federal impulsó en octubre y diciembre de 2025 la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. El objetivo central de la iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue ordenar el uso del agua en el país, reconociéndola como un recurso escaso y estratégico de la Nación. La Ley busca principalmente garantizar el derecho humano al agua y poner fin al mercado negro y especulativo que se había generado en torno a las concesiones.
No obstante, esta reforma, considerada por algunos legisladores como de alcances comparables a la reforma agraria de 1917, detonó una ola de inconformidad. Productores, campesinos y empresarios acusaron al Estado de centralizar el control y amenazaron con bloqueos carreteros si la ley no les era favorable. La reforma, publicada finalmente en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025, redefinió la política hídrica nacional, aunque la tensión y las promesas de paro nacional por parte del sector agrícola persisten. La lucha por el agua ya no es sólo ambiental, sino una disputa económica y política de gran calado.
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CONSUMO, USO Y ABUSO
México enfrenta una dramática paradoja en el manejo de su recurso hídrico: mientras millones de ciudadanos sufren por el desabasto crónico, amplios sectores consumen, usan y abusan del agua sin freno. Las cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son elocuentes: más del 76 por ciento del agua se destina a la agricultura, gran parte de las veces mediante sistemas de riego ineficientes que resultan en el desperdicio de enormes volúmenes.
El abuso más visible del recurso se localiza en la agroindustria. Un ejemplo dramático se vive en Jalisco, donde se ha denunciado que los aguacateros duplican el consumo de agua para sus huertas. El aguacate, que normalmente requiere unos 416 litros por kilo producido, llega a consumir hasta 744 litros de agua por kilo en Jalisco. Este uso desmedido no sólo provoca deforestación y cambios de uso de suelo, sino que deja a varias comunidades del sur de la entidad prácticamente sin suministro. Hay comunidades que, a causa del desvío de sus dotaciones de agua para la producción de aguacate, reciben el líquido una vez a la semana por dos o tres horas, o incluso una vez al mes; y en casos extremos, una vez cada tres meses. Quienes intentan organizarse para defender su agua enfrentan el temor a represalias, confirmando que el robo está intrínsecamente ligado a las actividades agrícolas.
Pero el huachicoleo del agua no se nutre únicamente del desvío de ríos y dotaciones; también prolifera en la extracción subterránea. A nivel nacional, se calcula que existen por lo menos 15 mil pozos que extraen agua de forma ilegal, la mayoría de ellos destinados al uso agrícola. De este preocupante total, se estima que alrededor de 500 pozos ilegales se encuentran en Jalisco. Para poner orden en este sector, el diputado federal bajacaliforniano Jorge Armando Fernández Samaniego propuso una medida drástica: que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) niegue el servicio de energía eléctrica a quienes operen estos pozos irregulares.
En las zonas urbanas, el abuso toma otras formas, aunque igual de destructivas. La infraestructura obsoleta de distribución es responsable de que hasta el 40 por ciento del agua se pierda en fugas durante el traslado. Esta pérdida sistemática agrava la escasez, que es aprovechada por las redes de huachicoleo del agua para imponer precios abusivos. En ciudades como Guadalajara, el especialista Josué Sánchez urgió al organismo rector del suministro de agua potable a renovar su red de distribución e implementar circuitos hidrométricos para monitorear y mitigar la pérdida de agua, un proyecto que -según afirma el especialista- lleva años gestándose, pero nunca ha podido implementarse por falta de recursos.
Mientras las colonias marginadas del Estado de México o Jalisco ven el agua regulada desviada hacia fábricas o sembradíos, las familias pobres terminan pagando precios desorbitados a los piperos clandestinos, lo que evidencia la profunda desigualdad hídrica que alimenta el negocio negro del agua.
NEGOCIO SUCIO
El “aguachicol” ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en un negocio multimillonario que reporta ganancias comparables a las obtenidas por el robo de combustible. Este mercado negro del agua prospera aprovechando el desabasto crónico y el encarecimiento del líquido en regiones clave como el Estado de México, el cual se ha vuelto una industria subterránea controlada a menudo por el crimen organizado bajo la fachada de sindicatos.
El operativo policial Caudal, realizado en el Estado de México, puso al descubierto la magnitud de este ilícito. La Fiscalía mexiquense reveló que la extracción ilegal de agua, con fines de venta en pipas, deja a grupos criminales y particulares ganancias promedio de dos mil 400 pesos mensuales por cada familia que logran surtir. Tan sólo en Ecatepec, se estima que los piperos ilegales recaudan la impresionante cifra de dos mil 880 millones de pesos al año, de acuerdo con una referencia del semanario Proceso.
Aquí, el modus operandi es tan sencillo como lucrativo: los grupos perforan ductos utilizando herramientas rudimentarias para extraer el líquido y después comercializarlo en pipas. El sobreprecio es escandaloso. Mientras que el costo regulado promedio para uso doméstico en el Estado de México es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros, en la región de Ecatepec el agua era comercializada con un sobrecosto de 59 por ciento. En otras zonas, como Cuautitlán, el sobreprecio alcanzaba el 41.4 por ciento extra; y en Tlalnepantla, 32.42 por ciento más, con porcentajes que se incrementaban aún más si el destino era el uso industrial o residencial de alta plusvalía.
La Operación Caudal intervino 189 inmuebles, aseguró 322 pipas, y localizó 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas. La reacción no se hizo esperar: el aseguramiento de estos bienes provocó, en lo inmediato, el bloqueo de vialidades por parte de los piperos, así como un desabasto crítico que afectó a servicios esenciales como hospitales, escuelas y penales. Las autoridades señalan que detrás de estas protestas hay intereses criminales que lucran con la desesperación.
El negocio sucio del agua no se limita a las mafias de piperos; también involucra a empresas de gran calado. Las denuncias señalan a agroindustrias en Jalisco y Guanajuato que desvían ríos completos y operan pozos ilegales. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el huachicoleo del agua más delicado consiste en la extracción ilegal de agua del Lago de Chapala, que debía destinarse al consumo humano, siendo desviada a fábricas y sembradíos.
Este lucrativo mercado negro opera frecuentemente con la complicidad de funcionarios locales, quienes permiten el funcionamiento de las tomas clandestinas a cambio de sobornos, asegurando la impunidad para que el agua robada se venda a precios inalcanzables para las familias de escasos recursos.
LEY DE AGUAS NACIONALES
Ante la crisis hídrica y el acaparamiento desenfrenado, el Poder Ejecutivo impulsó una profunda reestructuración del marco legal hídrico, que culminó con la aprobación de la Ley General de Aguas y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales en diciembre de 2025. La iniciativa, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se propuso garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso, y fue comparada por algunos legisladores con el impacto de la Reforma Agraria de 1917.
El principal cambio de la nueva normativa es el reconocimiento del agua como un derecho humano y el fin de ver el líquido vital como una simple mercancía. La ley plantea tres puntos fundamentales:
1.- Garantizar el derecho humano al agua, otorgando 60 litros diarios sin costo a cada mexicano para uso personal y doméstico.
2.- Acabar con el mercado negro y especulativo del agua.
3.- Asegurar que el Estado recupere la rectoría sobre el recurso y ordene las concesiones para evitar ilegalidad y corrupción.
El director de Conagua, Efraín Morales, defendió la ley asegurando que el Estado mexicano es el único facultado para el otorgamiento de concesiones, y se buscaba impedir que unos cuantos se enriquecieran a costa del derecho de las mayorías. La Ley establece un límite crucial para frenar la especulación privada: los títulos de concesión ya no podrán ser transmitidos, heredados, ni vendidos entre particulares si implican un cambio en el uso del agua; no obstante, se fortalecerán los mecanismos para combatir el robo, mientras se respetan los derechos de herencia. Además, la ley prioriza el consumo humano sobre cualquier otro uso y fortalece las facultades de Conagua para supervisar las concesiones.
La celeridad con la que se discutió y aprobó esta ley -en lo que la oposición calificó de fast track en ambas cámaras- encendió la alarma entre los productores del campo. El sector agrícola, representando por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, amenazó con movilizarse de inmediato y retomar los bloqueos en caso de que la votación les perjudicara.
Los agricultores argumentan que la reforma impacta directamente su patrimonio y tierras. Los críticos y opositores, como el coordinador del PRI Rubén Moreira, sostuvieron que el derecho humano al agua debe ser compatible con el derecho humano a la alimentación. El PAN acusó que la Ley busca obligar a los productores mexicanos a “arrodillarse ante la Conagua” y el régimen, pidiéndoles que no se rindieran ante la imposición. La publicación de la ley el 12 de diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión, pero los productores del campo emitieron un ultimátum al Gobierno Federal para que cumpla con los acuerdos de las mesas de trabajo y realice los ajustes necesarios, amenazando con un paro nacional.
