El titular de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social en Baja California Sur, Omar Antonio Zavala Agúndez, aseguró que avanzan en la última etapa de la socialización de la “Ley Silla”, ya que una vez que finalice el mes de diciembre, quien no cumpla podrá ser sancionado como lo marca la normativa federal.
De acuerdo con esta modificación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los artículos 132 y 133 obligan a los patrones a proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo, a disposición de todas las personas trabajadores en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, ya sea para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral.
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En este sentido, el funcionario estatal informó que elabora un padrón, que consiste en una contabilización de cuántos negocios deben garantizar una silla ergonómica para sus empleados en la entidad.
“Sin duda, en este momento, los empresarios en Baja California Sur ya muchos de ellos están avocándose a lo que en el Congreso de la Unión se ha dejado en manifiesto la presencia de la Ley Silla”, expresó.
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“Hemos tenido muy buena respuesta, hemos tenido algunas circunstancias donde han estado analizándose, pero lo importante es que están construyéndose poco a poco”, aseguró.
Zavala Agúndez insistió en que también trabajan en mesas de diálogo para exponer sobre este tema y otros derechos de la base trabajadora, para que hacer reiteraciones a empresarios de todos los niveles.
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Una vez que concluya este plazo de socialización, advirtió que quien no cumpla con la LFT será acreedor a sanciones como multas y amonestaciones, sin embargo, insistió en que apelan a la buena fe del sector empresarial para evitar llegar a estas circunstancias.
“Vamos apostándole a que todos vamos a cumplir con la normatividad federal en materia de trabajo. Creo que hemos tenido una muy buena intervención de los señores empresarios, junto con los trabajadores y lo importante es que Baja California Sur es un estado fuerte en materia laboral”, declaró.
De acuerdo con la LFT, las multas para quien incumpla con esta disposición pueden ser desde las 250 hasta las dos mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir desde los 28 mil 285 hasta los 282 mil 850 pesos.
Cabe recordar que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Paul Valdiviezo, aseguró que el sector empresarial tiene toda la disposición para cumplir con esta nueva normativa federal en Baja California Sur.
