El día 1 de septiembre de 2025, finalmente el golpe a la realidad llegó después de varias semanas de un muy discutido proceso electoral, que sólo brindó mayor decepción y ninguna certeza. Se les tomó la protesta a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación; visto desde otro ángulo, el que siempre debe de representar a la función judicial, debería de ser una fase de honor, pero este honor aparentemente lo podemos ubicar en las cartas de recomendación de los vecinos, que no tuvieron ninguna calidad moral para expresar una recomendación hacia una persona cuyas actitudes y capacidades en el ámbito judicial desconocen.
Han surgido muchas dudas sobre el camino a seguir, y quienes lucharon contra esta atrocidad en el ámbito judicial, quizá puedan sentir sobre sus hombros una seca y triste derrota, y quizá todavía estén pensando en realizar acciones desde otras trincheras para continuar con la resistencia. Lo cierto es que hoy estamos en la etapa en donde los supuestos “ganadores” finalmente fueron adscritos a los juzgados que se les asignó.
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Habrá alguno seguramente que todavía esté aprendiendo, personalmente conozco a una abogada que por pertenecer al Partido del Trabajo (PT) y que había sido asignada a diferentes responsabilidades de orden administrativo, apareció como candidata a magistrada. Deje el lector que sea candidato para esa posición, sino que resultó ganadora. Con ninguna experiencia en el ámbito de la justicia, no creo que siquiera haya tramitado algún día una jurisdicción voluntaria, menos aún una defensa penal; ahora es magistrada. Me imagino que fueron difíciles los resultados en sus primeros días en dicha responsabilidad, en la que firmaba muchos acuerdos y resoluciones que ignoraba totalmente, y que jamás proyectó.
También por los medios noticiosos, se ha dado cuenta de diversos jueces de distrito que ya han presentado su renuncia al cargo para el cual resultaron electos. La razón de sus renuncias sólo ellos la saben. Quizá no utilizar la toga todos los días les incomodó, o quizá el peso de la toga y de sus conciencias fue lo que finalmente los orilló a renunciar. Lo cierto es que a los académicos, a los litigantes y a los periodistas nos corresponderá la función de ser rígidos observadores de las graves injusticias que en su actuación los nuevos jueces cometan y las buenas o malas resoluciones que dicten ante las peticiones de las partes en un juicio. Sin embargo, ellos deberán de rendir cuentas a la sociedad, si los nuevos jueces y magistrados están obligados a ello.
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Nos corresponde como ciudadanos, ya sea desde la academia, en el tribunal como litigantes o en las aulas universitarias, ser sumamente rigurosos hacia estas personas ya que se les debe de exigir muchísimo por la responsabilidad que asumieron, y para la cual protestaron al aceptar el cargo, pero entiéndase que no será porque aprovecharon la oportunidad de una laxa y desafortunada reforma para alcanzar el cargo, alguno de los cuales no tienen la mínima carrera judicial.
Debemos de ser cuidadosos en nuestro país para que no cualquiera se siente en la silla que le corresponde a un juez o a un magistrado, sin que pierdan el piso y que sigan escuchando el canto de las sirenas del electorado en una mala decisión política, que fue una venganza brutal y temeraria contra el Poder Judicial de la Federación.
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Será una buena medida vigilar a los jueces y magistrados. Nuestro país exige una extraordinaria calidad y una excelente carrera judicial para quienes ostenten el cargo de jueces de distrito o magistrados. Será una decepción y un mal ejemplo que dañe brutalmente el valor ético que implique el cargo, el que hayan tenido poca experiencia como abogados litigantes, o solamente ostenten el tiempo como docentes universitarios. Deberán de verse los resultados de los operadores del sistema judicial, alguno de los cuales tuvieron solamente como motivo inspirador el sueldo mensual que les deparaba la función que iban a ejercitar, pero olvidaron que principalmente tienen la grave responsabilidad de representar los derechos de las víctimas, de los ofendidos garantizar el pago de la reparación del daño y de salvaguardar la apariencia del buen derecho y el equilibrio de esa justicia, que ha pequeñas cuotas exige la ciudadanía.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
