Los homicidas de Blancornelas, libres de cargos

Noviembre, el mes en que un grupo de sicarios lo atacó a balazos aquel 1997, fue determinante en la vida del codirector fundador de ZETA, Jesús Blancornelas. Nació un día 14 del onceavo mes y falleció el 23 de noviembre de 2006, nueve años después de que los matarifes intentaran ultimarlo. Y murió como la mayoría de las víctimas en este país: sin que se le hiciera justicia.

28 años, seis presidentes de la República, ocho gobernadores de Baja California, con sus respectivos fiscales, han pasado por los gobiernos y la administración pública sin detener o procesar a los criminales que participaron en el atentado homicida, en contra del codirector fundador de ZETA aquel 27 de noviembre de 1997, en el que lesionaron al periodista y le quitaron la vida a su escolta Luis Valero Elizalde.

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Tras la reconstrucción de los hechos, los peritos refirieron la participación de por lo menos 10 gatilleros, pero a la fecha, únicamente uno de los homicidas, Marcos Arturo Quiñones Sánchez El Pato –integrante del barrio Logran de San Diego, homicidas al servicio de los hermanos Arellano Félix, quien fue detenido por otro delito, estando privado de la libertad–, fue sometido a proceso entre el año 2013 y 2015, año en el que fue declarado absuelto, por falta de elementos, porque las fiscalías, la del estado y la federal no hicieron su trabajo. Esto a pesar de haber sido identificado por Blanco como uno de sus atacantes.

El resto de los homicidas materiales, reconocidos como Michael Anthony Harvee El Pee Wee, Isaac Guevara Hernández El Zigzag, Antonio Peña Huerta y/o Adelaido Reyes El Lalo, y José Alberto Márquez Esqueda El Bat, además de Alfredo Araujo El Popeye, siguen impunes.

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Aunque para las leyes mexicanas cada uno de los implicados son asesinos acreedores a dos cargos, uno por la muerte de Valero y el segundo por el intento de quitarle la vida al codirector que sobrevivió a una lluvia de balas, a la fecha el deficiente trabajo ministerial ha sido insuficiente.

La justicia no ha alcanzado a los autores materiales y menos los intelectuales, porque los hermanos Benjamín y Javier Arellano Félix, cabecillas del cartel local, identificados como quienes ordenaron el crimen, fueron detenidos en diferentes momentos, y entregados para ser juzgados por las autoridades de Estados Unidos, sin que México intentara siquiera fincarles responsabilidad por la muerte de Valero y el atentado del codirector de ZETA.

Como periodista, Blancornelas cumplió con creces; como editor formó a varias generaciones en los años sesenta encabezó El Mexicano en Tijuana y La Voz de la Frontera en Mexicali; el ABC en Tijuana lo fundó en los 70.

Su periodismo de investigación, tenaz y combativo que exhibió a decenas de funcionarios deshonestos, le generó enemigos entre los políticos corruptos y a la postre su salida de todos los periódicos que dirigió, razón por la cual el 11 de abril de 1980, con Héctor Félix Miranda –asesinado el 20 de abril de 1988, por los escoltas del empresario Jorge Hank, dueño del Grupo Caliente–, cofundó ZETA.

Desde este Semanario, se anticipó al horror que hoy invade el país; investigó y expuso el narcotráfico, se convirtió en vocero del temor y los reclamos de los bajacalifornianos, que atestiguaron la colusión de estos criminales con las autoridades corruptas.

Frente a una enfermedad que le quitaría la vida, organizó el Semanario para que continuara, con un periodismo de investigación crítico, combativo y comprometido con la sociedad, alejado del oficialismo; y en febrero de 2006, su hijo René Blanco Villalón y a Adela Navarro Bello fueron nombrados codirectores.

Hasta el último momento, Blanco hizo su trabajo y el próximo jueves 27 de noviembre se cumplirán 28 años de impunidad, anidada en la desatención, la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción de los gobiernos locales y federales, frente a una carpeta que, en lugar de acumular actos ministeriales, almacena polvo y olvido.

Por eso, como lo hemos hecho desde 1997, exigimos a las titulares de los Poderes Ejecutivos, la Presidenta Claudia Sheinbaum –afecta a recordar crímenes e ineficiencias de los gobiernos pasados–, a la Gobernadora Marina Del Pilar Ávila, y a sus fiscalías, que se hagan responsables, investiguen y avancen. Sin importar el tiempo que pase, ZETA no va a admitir el carpetazo.  Como ha sido desde 1997, el reclamo de justicia es permanente, porque el olvido no es opción.