El Álamo de Marina

En junio del 2024, cuando Morena se llevó “carro completo” en BC, era impensable la estrepitosa debacle de Marina Ávila; en su 4to. Informe, cambió formas y se refugió en su Álamo

Emulando a David Crockett, que se resguardó en el Álamo con un debilitado ejército estadounidense ante una fuerza militar mexicana superior que lo acosó hasta derrumbarse, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda se refugió de todos los conflictos externos políticos, económicos, de salud y seguridad, para brindar su 4to. Informe de Labores desde las oficinas del Poder Ejecutivo en Mexicali, donde se alejó de la ciudadanía y se hizo acompañar de todos sus afines políticos; ahí no existe la contrapunta o contradicción, sino una caja de resonancia que intenta protegerla -o engañarla- de un escenario complejo.

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El evento realizado el pasado 7 de noviembre en su ciudad de origen, donde tiene casi 10 años como figura política pública central, es -coincidentemente- donde mayor desgaste político padece. No hubo ciudadanía propiamente identificada en su informe; todos formaban parte de los círculos gubernamentales, familia, amigos, empresarios y políticos afines a la mandataria estatal, lo que representa un viraje de lo acostumbrado en los últimos años, donde encabezaba eventos en varios municipios con diferentes facetas y formas. La sobreexposición de su imagen no ha cambiado en espectaculares y anuncios publicitarios.

Este año que concluye es, sin duda, el más complicado de su administración, donde recibió protestas multitudinarias, tropezones políticos y un marcaje personal del gobierno estadounidense a ella y a sus relaciones personales, políticas y empresariales, mismas que concluyeron en la revocación de su visa de turista. Si bien fue uno de los impactos más complejos, la verdadera crisis de Marina del Pilar comenzó a gestarse desde octubre del 2024, cuando anunció su intención de reformar la Ley de Issstecali, que culminó con protestas de la burocracia y magisterio.

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Como una medida de verse respaldada por la juventud, la mandataria estatal lanzó una tremenda promesa al cielo, al asegurar el pago de becas a 21 mil estudiantes de escasos recursos de la Universidad Autónoma de Baja California, y prometió cerrar su administración con el 100 por ciento de becas para “cimarrones”, lo que representaría un costo de al menos 500 millones de pesos, según estimaciones. Lo que falta conocer es el origen del recurso y qué sacrificios habrá para poder cubrir este enorme compromiso político.

A esto se le suma el anuncio de la construcción de un edificio que incrementará 150 espacios la capacidad en la Facultad de Medicina y Psicología en el municipio de Tijuana; y el arranque del Hospital de Labio y Paladar Hendido, en Mexicali, para el 2026.

Presumió también la habilitación de la escuela Rosario Castellanos en Tijuana y la próxima construcción en Mexicali, por lo que será la única entidad con dos escuelas en el país hechas con presupuesto federal.

Ávila Olmeda hizo suya la reducción de la pobreza de 500 mil personas y prácticamente anunció la erradicación de la pobreza extrema, lo cual fue posible -según dijo- gracias a los apoyos sociales y trabajo de los tres niveles de gobierno, entre los que destacan a nivel local la Tarjeta Violeta, que genera apoyo para 100 mil mujeres, plasmados en la Constitución.

También presumió las obras hídricas que -dijo- garantizarán el abasto de agua por los próximos 30 años, como la planta de San Antonio de los Buenos, la de Bombeo Laureles, y el arranque de la planta desaladora de Playas de Rosarito, para el próximo año, lo cual -aseguró- son parte de los 23 mil millones de pesos en obra pública, en cuatro años; un monto jamás visto, pero que es cuestionado, dado que todas las obras de gran calado en Baja California se hicieron mediante un financiamiento triangulado con empresas que encarecieron casi al doble el costo de las obras.

Otras obras, como el viaducto elevado, la garita Otay II y el proyecto Punta Colonet, van a reformar la Zona Costa del Estado, consideró la mandataria.

“Productiva relación que tenemos desde el Estado y que hemos construido con el Poder Judicial y el Poder Legislativo; y quizás con mi vocación como abogada fue gestionar el presupuesto suficiente para impulsar un sistema de justicia pronto y expedito. Incrementamos un 51 por ciento del presupuesto. Iniciamos nuestra gestión y sólo había 94 juzgados y hoy son 159; los gobiernos anteriores no entendían que la justicia es un servicio a la población, por lo que abrimos 65 juzgados más, en tan sólo cuatro años”, afirmó Ávila Olmeda, lo que sugiere claramente los motivos de la sumisión del magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López, hacia el Poder Ejecutivo, pues prácticamente le ha duplicado el presupuesto y le ha incrementado el número de salas orales y edificios del tribunal civil y familiar.

En todo momento y en cada oportunidad, las primeras filas, conformadas por sus más afines, dirigían los momentos para encender el aplausómetro.

Entre ellos se ubicaba el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López; la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jaime Eduardo Cantón; además de los senadores Armando Ayala y Julieta Ramírez. Extrañamente, también Rodrigo Llantada, secretario del Ayuntamiento de Mexicali. La segunda fila fue para diputados federales -donde igualmente se encontraba Araceli Brown- y alcaldes; hacia atrás, había empresarios afines, algunos políticos e integrantes de su gabinete, representantes de entes educativos y hasta influencers.

El gran ausente material fue su expareja sentimental, Carlos Torres Torres, a quien aprovechó para reconocer y desvivirse en elogios por todo el apoyo y por los avances en los proyectos estratégicos de Baja California.

Así, Marina del Pilar concluyó un informe forzado, complejo, pero que pretende cerrar el episodio más difícil de su gobierno, de cara al último año completo que tendrá y donde muchos de sus más allegados comenzarán a ver por su futuro, a costa de lo que sea; incluso, de la traición.