Denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), al síndico rosaritense Ricardo Bejarano Núñez, por obstruir los procedimientos legales y laborales en contra de 32 policías que no aprobaron los exámenes de control y confianza, es el camino legal que contempla el Décimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito, compartió la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.
Desde abril de 2025, Rosarito cuenta con 40 por ciento menos de su corporación policíaca, ya que 98 agentes reprobaron los exámenes de control y confianza, 30 de los expedientes los ha ocultado el síndico Bejarano Núñez, que también se ha ausentado de las reuniones de trabajo de la Comisión de Honor y Justicia; por lo que ya suman seis meses sin una revisión legal de una tercera parte de los expedientes, obstruyendo la acción de la justicia.
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Ante la promesa de la alcaldesa Rocío Adame de contratar a más policías, ZETA cuestionó a la presidenta municipal y a la gobernadora sobre las acciones a tomar para obligar al síndico Bejarano de procesar los expedientes en la Comisión de Honor y Justicia.
“Es su responsabilidad; hay que hablar con él y es la responsabilidad que tiene y más cuando se trata de la seguridad de los rosaritenses. Bueno, yo le decía aquí a la alcaldesa, que en dado caso, ver con la fiscalía presentando una denuncia contra quien resulte responsable”, respondió la gobernadora Marina del Pilar a pregunta expresa de ZETA.
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Pese a contar con fuero, el síndico sí podría ser investigado por la FGE por incumplir con sus responsabilidades y obstaculizar la justicia laboral en contra de 32 servidores públicos, afectando el desarrollo de Seguridad Pública. En caso de encontrar elementos para iniciar un juicio, podría iniciar un proceso de desafuero.
Legalmente, la reincorporación de cualquier agente suspendido o en proceso de sanción, debe ser analizada y determinado única y exclusivamente por la Comisión de Honor y Justicia de cada Ayuntamiento, por lo que la resolución de Sindicatura no sería definitiva para reinstalar o cesar a algún agente.
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“Quiero hacer hincapié, si me permite: aquí no hay ninguna decisión propia de mi persona como titular de la secretaría o como presidente de la Comisión de Honor; es, repito, es un órgano colegiado el que cambia el estatus de aprobado o no aprobado, reitero, C3”, explicó el secretario de Seguridad Ciudadana en Playas de Rosarito, Héctor Manzo Ruvalcaba.
Hasta octubre de 2025, suman seis los agentes que regresaron a la actividad en la corporación luego de subsanar las observaciones del Centro de Control Policial (C3), a cargo de la FGE, y se presume que 50 podrían regresar a inicios de 2026, como se advirtió en el Semanario.
