Isabel Serrano Martínez y su hijo Edwin Serrano Bracamontes fueron víctimas de la delincuencia organizada, pero también de la impunidad. Ambos vieron finalizada su vida de manera anticipada por matones que los engañaron y, aprovechando su vulnerabilidad, los atraparon. El padre de familia fue privado de la libertad apenas a unos metros de la entrada del residencial donde vivía, mientras que su joven hijo, recién casado y esperando a su primogénito, acudió hacia los asesinos con la promesa de que su padre sería entregado sano y salvo a cambio de una suma de dinero. Ambos fueron encontrados torturados y muertos a un costado de la carretera a San Felipe.
De los asesinos, la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene nociones de los responsables, al menos en la generalidad, máxime cuando el único grupo delictivo capaz de perpetrar un acto tan descarado en Mexicali, es ampliamente conocido: Los Rusos.
El grupo delictivo perteneciente a la facción de La Mayiza, dentro del Cártel de Sinaloa, los cuales sostienen un enfrentamiento directo contra los aliados de La Chapiza (dirigidos por Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera), son los principales sospechosos del crimen material de Isabel y Edwin, a quienes no se les ubica como integrantes de un grupo delictivo. De hecho, el joven egresado de la carrera de criminalística de Xochicalco, tenía un estilo de vida honorable, transparente, y ninguno de los dos, incluyendo a su padre, tenía un mandamiento judicial, investigación o antecedente penal.
La fiscal Elena Andrade fue cuestionada por medios de comunicación y se limitó a decir que se trata de un caso de índole familiar, dejando abierta la posibilidad a la especulación; esto ha sido rechazado por personas allegadas a la familia.
Originarios de Badiraguato y Guamúchil, Sinaloa, respectivamente, tenían más de 20 años residiendo en Mexicali y desde el 2010 en Gran Segovia, residencial de acceso restringido ubicado en la llamada Zona Dorada de Mexicali. A las afueras de su comunidad, Isabel fue privado de su libertad por ocho sujetos fuertemente armados y con equipo táctico, a bordo de dos automóviles con estrobos con los que aparentaban ser policías en un operativo especial.
Publicidad
“POLICÍAS” SECUESTRADORES
La videograbación de toma descendente colocada sobre la calle Abades, marcaba como fecha el 29 de octubre del 2025 y las 17:47 horas. El Colegio Sentinella (privado), ubicado en la esquina de la vialidad, ya no registraba actividad por parte del alumnado ni el sector docente. La camioneta Chevrolet Traverse modelo 2016, color blanco, se desplazaba de Poniente a Oriente sobre dicha vialidad.
Los criminales, de alguna forma, ya sabían del movimiento del vehículo, pues desde que Isabel Serrano Martínez puso en marcha su carro dentro del residencial, ambas unidades ya se encontraban listas para intervenirlo en el exterior de Gran Segovia.
La vialidad tiene un flujo vehicular muy limitado, pues por ambos lados sólo hay muro perimetral, tanto del residencial como de la escuela primaria.
No pasó mucho tiempo para que en dicha vialidad le cerrara el paso un vehículo Kia Forte, color blanco, muy similar a los utilizados por la unidad técnica de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), y un pick up GMC Canyon se colocara en la parte trasera para evitar una fuga en reversa. No le marcaron el alto, le cerraron el paso en medio de la calle. Lo emboscaron.

Con chalecos tácticos color café y una vestimenta negra que cubría desde su rostro a sus pies, descendieron los criminales con rifles de asalto apuntando a la humanidad de Isabel Serrano, de 55 años de edad, quien no opuso resistencia.
Los secuestradores se distribuyeron hacia ambos lados de su camioneta y apuntándole con las armas de fuego le hicieron descender, para luego encaminarlo hacia el vehículo Kia Forte y obligarlo a ingresar en la parte trasera de la unidad. Lo trasladaron tomándolo de los brazos.
La intervención del grupo criminal se asemeja a un operativo de policías, pero según lo expuesto por elementos cuestionados por ZETA, no fue una intervención que intentara asemejar a cuerpos de seguridad, dado que la víctima no fue esposada ni se le intentó persuadir para abordar la unidad.
Uno de los criminales abordó la camioneta de la víctima y siguió a los vehículos que participaron en el crimen, ante la mirada de varios conductores. Esa fue la última vez que Isabel Serrano Martínez fue visto con vida.
Al día siguiente, y a sabiendas que su padre estaba desaparecido, Edwin Serrano Bracamontes, hijo de Isabel, recibió el contacto de los secuestradores, quienes le exigieron una suma de dinero no especificada; le comentaron que todo se trataba de un error y que tenían la intención de devolverle a su padre con vida, pero requería llevar el dinero a un punto aún no identificado a la familia.
El joven, egresado de la maestría de Xochicalco, no informó a las autoridades, pero consiguió un monto de 50 mil pesos, además de llevar un carro como oferta para completar el pago. El joven fue llevado a un punto desconocido con el dinero y con la promesa del auto, pero tampoco volvió a contestar el teléfono.
La madre de Edwin y la esposa iniciaron una pesquisa para tratar de dar con ambos y a partir de ese momento se acercaron con la autoridad, pero infortunadamente, la mañana del sábado 2 de noviembre, los cuerpos de padre e hijo aparecieron con huellas de tortura en un paraje ubicado a un costado de la carretera a San Felipe.
Según la información de la necropsia en poder de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo de Isabel presentaba un total de 15 lesiones en diversas partes del cuerpo, de las cuales siete fueron producidas por arma de fuego, de entrada y salida; todas ellas en el tórax. El resto fueron equimosis y excoriaciones, las más notorias se detectaron en el rostro desfigurado.
Edwin presentaba 11 heridas provocadas por proyectil de arma de fuego a la altura del cráneo, además de huellas de sujeción y tres más de excoriaciones y equimosis. Pese a la evidencia en el cuerpo, todo parece indicar que la muerte de ambos fue reciente. Sin embargo, la exposición prolongada a la intemperie en el clima de Mexicali tiende a provocar quemaduras mucho más rápido que en otros lugares.

APUNTA A LOS RUSOS
La línea de investigación en torno al crimen ha descartado ya temas de índole personal o derivados de temas civiles y se enfoca en la delincuencia organizada como autora del doble homicidio, y más específicamente, se define a una célula de Los Rusos, dirigida por Juan José Ponce Félix/Jesús Alexander Sánchez Félix, como la responsable del doble asesinato.
En las últimas semanas, integrantes de las Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz han identificado al menos cuatro incidentes donde individuos que se hacen pasar por policías realizan “levantones” en contra de personas. Esto no quiere decir que se pueda descartar que los participantes sean policías; lo que sí se ha confirmado es que las unidades utilizadas no corresponden a ninguna autoridad, desde el modelo hasta la identificación de operativos en la zona.
Lo que se ha establecido es que el único grupo delictivo que podría perpetrar tales crímenes es el de Los Rusos, debido a que requieren logística, poder y control de la ciudad para poder salir impunes de un operativo de esta magnitud.
Según investigadores del caso, todo parece indicar que Isabel cuenta con un pariente (un primo, específicamente) que ha tenido algunos conflictos con la justicia estadounidense, y que huyó del estado de Sinaloa para refugiarse en Mexicali.
Al sujeto -aún no identificado por las autoridades- le seguían la pista desde que se encontraba en Durango, luego en Sinaloa, con la intención de asesinarlo, supuestamente, porque habría cambiado de bando en esta guerra intestina del Cártel de Sinaloa.

Isabel, quien se dedicaba a la venta de mariscos junto con su esposa, atravesaba ciertos problemas económicos, al grado que tuvo conflictos con su propiedad ubicada en Gran Segovia Residencial.
Es por ello que se le identificaba en dos viviendas: una de ellas en avenida Ponferrada 3732, que según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, pertenecía a Joaquín Gerardo Casanova Soto y Beatriz Adriana Quintero Laurean; mientras que la otra se localizaba sobre la calle Hirta, en el mismo residencial.
Una de las hipótesis arroja que los matones privaron de la libertad a Isabel para obligarlo a dar el paradero de su pariente, pero esto no explica los motivos por los que posteriormente se solicitó dinero para liberarlo.
El hecho de que se haya solicitado una suma de dinero para la liberación de la víctima confirmaría que se trata de un secuestro y asesinato de padre e hijo, de quienes, según récords criminales y actividad personal, no hay elementos para considerar que pertenecieran directamente a un grupo delictivo, al menos hasta donde arroja la investigación.
![]()







