En ambos casos la entrevista es para que proporcionen información a la carpeta por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Son dos oficios fechados el 29 de octubre del 2025, y de acuerdo a fuentes ministeriales, son legítimos. Fueron redactados en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) direccionadas en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y están firmados por el agente del Ministerio Público de la Federación, Rebeca Rojo como titular, y Humberto Escobar como subcoordinador de la célula de Investigación de la E-I-1 FEIORPIFAMF, acrónimo que de acuerdo a información de la FGR, hace referencia a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Con los documentos, citaron al presidente Municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz y al empresario ensenadense, Fernando Rafael Salgado Chávez a presentarse el martes 18 de noviembre de 2025, el primero a la 1 de la tarde y el segundo fue citado a las 11 de la mañana.
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En ambos casos el oficio refiere que el ministerio público federal solicita la presencia del político y el comerciante, a “… fin de recabarle su entrevista en calidad de imputado”.
Para Salgado Chávez emitieron el oficio FEIDMHDARV. E-1-I-220/2025; en el caso del presidente municipal tijuanense, el comunicado oficial está numerado FEIDMHDARV. E-1-I-221/2025.
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Las dos entrevistas, se programaron en la FEMDO con el fin que declaren “en relación de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación al rubro citada”.
La carpeta de investigación por la que ambos fueron citados, es la misma y está identificada como FED/FEMDO/ FEIDMHDARV-BC/0000556/2025, siglas que hace referencia a una investigación federal radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detallaron en la fiscalía de Investigación Especializada en Materia de Hidrocarburos, de Asaltos y Robo de Vehículos.
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El documento no ofrece mayores detalles de los presuntos delitos que están indagando, únicamente que la FEMDO lo está haciendo a través de sus unidades de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, y la que hace investigaciones de hidrocarburos y robo de vehículos.
Hasta el momento, las fuentes ministeriales no confirmaron su los citados, Burgueño y Salgado, se presentaron a la reunión convocada por la FEMDO, aunque se sabe que el alcalde de Tijuana tuvo reuniones en esta ciudad fronteriza, y de acuerdo a su equipo, el día de mañana dará una declaración al respecto.
LOS ANTECEDENTES
De Fernando Salgado Chávez, lo que se conoce públicamente en Baja California, es que invirtió recursos de sus empresas en las campañas políticas de candidatos morenistas, como la gobernadora Marina del Pilar Ávila, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño y los ex alcaldes, de Ensenada, Armando Ayala y Aracely Brown de Rosarito, entre otros. Y esto le permitió influir en la toma de decisiones en el gobierno del estado y municipios como Tijuana y Ensenada, de acuerdo a lo reportado por algunos políticos incorporados en los gobiernos locales.
Pese a las intervenciones, se mantuvo con perfil bajo hasta mayo del 2025, cuando debió emitir un comunicado declarando que él era propietario de la mansión de tres millones 995 mil dólares, ubicada en Rancho Santa Fe, San Diego, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda posó junto a su familia para una foto que posteriormente publicó en redes sociales, y de la cual públicamente, se presumía, era dueña.
En el seguimiento a INTL Builders Inc, la empresa de Salgado que era dueña de la mencionada casa, se pudo conocer que la directora financiera, Anakaren Sánchez, es la esposa del exfiscal general, Ricardo Carpio, también amigo del empresario durante 15 años.
Menos de dos meses después, en julio 2025, las propiedades de Salgado y sus relaciones con el poder volvieron a ser tema público, cuando el ayuntamiento de Tijuana a cargo de Ismael Burgueño, le retiró la concesión de las Fiestas Patrias al Museo del Trompo y entregó la organización – de los espectáculos- al grupo La Familia, encabezado por los Salgado Chávez y los hermanos Ampudia González.
La revisión de estas relaciones, permitió también conocer de la cercanía de Salgado con Enrique Díaz Pérez, quien pasó del Ayuntamiento de Rosarito, a ser el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana, puesto del que ya fue removido. También sus relaciones en Tijuana con Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía; con Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabellón Vega en Oficialía Mayor; y Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.
Además, mediante una revisión de la información en el registro público de la propiedad de las empresas a nombre de los Salgado, de los Ampudia, al igual que de Facundo Gámez, quien en conferencia de prensa se presentó como productor de la feria de Tijuana, y de Francisco Rodríguez quien dijo ser director de operaciones de La Familia Presenta en el mismo acto público en el que se anunciaron los festejos patrios, se pudieron ubicar otros socios comerciales afines.
Como Marco Antonio Moreno Gómez Santelices dueño de empresas de seguridad favorecido con contratos en diversos gobiernos; y Jesús González Lomelí, cuyo nombre fue incluido el 18 de septiembre, en una lista de sanciones a 15 empresas y 9 personas publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), en la cual también incluyeron al empresario Candelario Arcega Aguirre y la ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.
González Lomelí también es socio de Manuel Cisneros Romero, y ambos están asociados con Gerónimo Vera Ayala, hijo de Antonio Vera Palestina, quien purgó pena por el homicidio de Héctor Félix Miranda, codirector de ZETA, cometido el 20 de abril de 1988; y con Jorge Alberto Hank Inzunza, heredero de Jorge Hank.
Cisneros es el comerciante birriero, quien el 31 de octubre de 2025, acudió a las instalaciones de ZETA acompañado de hombres armados a para exigir su derecho de réplica- el cual no ha ejercido a pesar de ser informado de los medios disponibles para hacerlo-, del reportaje titulado titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replicaron las tres hipótesis -sujetas a comprobación-que la FGE manejaba respecto a la privación de la vida a balazos de su hijo, Omar Cisneros Salcedo, ocurrido el 18 de octubre del 2025.
