En Baja California nos estamos acostumbrando a que la palabra “lluvia” viene acompañada de suspensión de actividades; por más pequeño que sea el fenómeno meteorológico, reconocemos que nuestras ciudades no están hechas para resistir el más mínimo desajuste climatológico
“Tijuana es un mazapán”, fue una frase dominguera que externó la ahora exalcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, haciendo referencia a la fragilidad del suelo exhibida por los tremendos deslaves y desplome de edificios que padeció durante una jornada de lluvias que azotó al municipio costero.
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Años después, se puede confirmar que no sólo Tijuana, sino todo Baja California, es un mazapán o una galleta que se deshace con el mínimo contacto con el agua.
La Secretaría de Educación de Baja California, dirigida por Irma Martínez Manríquez, anunció que el viernes 22 de noviembre se suspenderían clases en todos los niveles educativos, dado que existía la amenaza de una fuerte lluvia que golpearía a toda la entidad, y para evitar que las ciudades se volvieran un caos, además de un riesgo considerado por Protección Civil, determinaron la suspensión de clases.
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Durante el 2025, el Gobierno de Baja California ha tomado la decisión de suspender clases en todos los niveles educativos un total de siete veces, derivado de amenaza de lluvias; en algunos casos se han desatado severos problemas y en otras los fenómenos meteorológicos no representaron riesgo alguno.
Más allá de considerar si la decisión de las autoridades es responsable o no, con lo que se busca evitar que se registren accidentes, fallecimientos o aumento de enfermedades respiratorias, el verdadero cuestionamiento debería ser: ¿Cómo se llegó al punto en que las ciudades de Baja California son tan frágiles que deben detener su actividad por una lluvia?
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Ciertamente existen zonas en Baja California donde los jóvenes no pueden salir de su colonia o de su casa debido a que hay inundaciones, caos o incluso la cada vez más frecuente interrupción de los servicios públicos como el agua o la energía eléctrica.
La infraestructura pública es tan precaria, y la que existe tiene tan poco mantenimiento, que el pronóstico meteorológico de lluvias -no de causas mayores, como un huracán- lleva a la decisión oficial estatal de suspender actividades, empezando por las académicas, pronosticando con ello la debacle urbana y rural ante el abandono en la obra pública y pluvial.
Efectivamente, la mala calidad en las obras públicas, la pésima y -en muchos casos- ausente pavimentación en las colonias; la corrupción en los permisos para la construcción en residenciales privados o colonias populares en zonas que deberían ser prohibidas; y la deficiencia en los drenajes pluviales del Estado, son la causa del verdadero problema. Situaciones que se han normalizado con las alertas de suspensión de clases.
Entonces, la suspensión de clases viene a ser un descarado reconocimiento de que los gobiernos han sido incapaces, históricamente, de construir urbes que resistan al mínimo embate. Es aceptar que no se puede proteger a las infancias y juventudes ante cualquier vendaval; que es preferible que pierdan un día de clases a que una lluvia los arrastre hacia un desfiladero, debido a que nada de la infraestructura de la ciudad funciona como para proteger a la ciudadanía.
Baja California es un mazapán o una galleta sumergida en un café, por años de abandono institucional, y que año tras año se va postergando la obra, sin la conciencia gubernamental para construir para prevenir; porque si con unas lluvias se cancelan las actividades, qué pasará cuando la alerta llegue a otra magnitud, como un terremoto o un huracán.
