El trabajo profesional que desempeñaba la abogada Emilia Ortega Aceves, asesinada en la colonia Altamira, en Tijuana, el martes 18 de noviembre, es una de las líneas principales de investigación de la Fiscalía General de Baja California (FGE).
Era especialista en asuntos del ramo civil, mercantil y familiar; tenía más de 20 años dedicada al litigio. Era doctora en Derecho, con experiencia en el ámbito electoral y estudios internacionales. Días previos a su homicidio; la profesional trabajaba en un juicio de prescripción y estaba a punto de realizar un desalojo. “No era un terreno, no era una casa, era un lote grande”.
Participó en el proceso electoral 2023-2024, cuando fue candidata suplente de Dulce Yaneth Valdez Valerio, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la diputación por el Distrito 9.
De acuerdo con personas cercanas a la abogada, de 59 años de edad, su vida cambió después de la contienda electoral.
“Comenzó a dedicarse más a las prescripciones. Ya era conocida por dedicarse a esos asuntos. Al parecer llevaba cinco en esto. Uno de sus colaboradores ya estaba preocupado. Y es que muchos abogados, por querer hacer dinero de una forma pronta y fácil por su ambición, se meten en el negocio de la prescripción. Hay quienes invaden casas de fraccionamientos abandonados, luego quieren prescribir sin cumplir con el término ni las condiciones legales; ahí es donde son ilegales”, explicó una fuente a ZETA.
Y añadió:
“Ahorita está muy de moda la prescripción; es peligrosa tanto para el cliente como para el abogado. Pero hay abogados que, por sí solos, sin necesidad de un cliente, realizan prescripciones porque tienen palancas, y eso está muy grave”.
Publicidad
Ortega Aceves recientemente había realizado un viaje a Japón con un miembro de su familia.
“Mi mamá me enseñó que a los abogados penalistas era a quien los actos de violencia les afectaba, que ella prefería civil o familiar para no exponerse y seguí sus pasos…
Ella fue una abogada, funcionaria pública, maestra de muchos que al igual que yo, nos enseñó que la justicia siempre tiene que llegar, a luchar por un México más seguro y que la violencia no tocara nuestros hogares… Hoy pido el apoyo de la sociedad, barras de abogados, ONG, medios de prensa, gobierno, de sus exalumnos, amigos y familiares para que no queden impunes los actos del día de ayer”, comenta en esta parte del texto que escribió en redes sociales su hijo, Ángel Olivérez.
El ataque
A las ocho de la mañana del 18 de noviembre, Ortega Aceves, miembro de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C., fue atacada a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo Toyota Corolla color gris, placas de California 9SYS373, sobre la calle Mulegé y Cañón K, en la colonia Altamira.
Al lugar arribaron oficiales de la policía municipal y visualizaron el vehículo sedán con impactos de bala en el vidrio delantero, y al interior, a la litigante con lesiones en el tórax. Aunque al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, la doctora en Derecho ya estaba sin vida.
Los responsables lograron darse a la fuga a bordo de un vehículo marca Suzuki, de color blanco, rumbo a la colonia Francisco Villa, siendo localizado abandonado en la calle José María Mercado, de la citada zona.
FGE investiga labor profesional
De acuerdo con sus compañeras de la Barra de Abogadas, previo al homicidio de la profesionista, no manifestó haber sido amenazada, situación que fue confirmada por la misma Fiscalía General de Baja California en una rueda de prensa el miércoles 19 de noviembre.
La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, indicó que los asuntos que manejaba la abogada son una de las principales líneas de investigación.
Mientras que el fiscal de Delitos contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, mencionó que se presume que fueron tres personas las ejecutoras, pero hasta este cierre de edición no había detenidos.
Gremio de abogados exige justicia y renuncia de la fiscal
El homicidio de Emilia Ortega sacudió al gremio litigante en Tijuana. La Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), el Colegio de Abogados Constitucionalistas; el Colegio de Abogados Emilio Rabasa y la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C. demandaron una investigación completa, profesional y transparente por el asesinato de su colega. También solicitaron la renuncia de la fiscal general y del secretario de Seguridad de Tijuana, José Alejandro Avilés Amezcua.
“Exigimos justicia y pedimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos de manera rápida y transparente”, manifestó el Colegio de Abogados Constitucionalistas A.C. por conducto de su presidenta, Viviana Lozoya Rodríguez.
“La Fiscalía General del Estado, deberá informar en el corto plazo el avance de las investigaciones y la identificación de los responsables”, exigió el Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C., presidido por Mario Alessandrini Pérez.

“Desde este espacio, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes para que lleven a cabo una investigación pronta, exhaustiva y transparente sobre los hechos ocurridos. La exigencia de verdad y justicia no es solo un derecho de su familia, sino un principio fundamental de toda sociedad que aspira a vivir en paz”, se lee en el comunicado de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco.
La subdelegada en Tijuana del Organismo Nacional de Abogados (CONCAAM) Jus Semper Loquitur, Dulce Janeth Valdez Valerio, se dijo consternada por el asesinato de la abogada, a quien definió como “destacada profesionista, ex docente y ex candidata”.
Expuso que el homicidio de Ortega Aceves constituye “un golpe duro para el gremio jurídico”, lo mismo que “para todas las mujeres” que participan activamente en la vida pública.
Tras los posicionamientos de los abogados, quienes exigen la renuncia de la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez, ésta rechazó que vaya a dimitir del cargo y garantizó que la FGE está comprometida con hacer justicia por este crimen, asegurando que no quedará impune. Asimismo, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda refrendó su respaldo a la fiscal, señalando que no tiene intención de destituirla.
“No, para nada. Ha habido muy buenos resultados, se han detenido a bandas completas de criminales, completas de extorsionadores, de criminales de alto impacto y no estamos satisfechos con la disminución en los delitos, sabemos que tenemos que seguir trabajando. Con todo que hay una disminución, este tipo de hechos nos sigue recordando que todavía tenemos un gran reto en materia de seguridad en Baja California”, declaró la gobernadora en su conferencia semanal el jueves 20 de noviembre.







