El empresario Candelario “Cande” Arcega Aguirre, recientemente sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, presentó demandas de amparo como presidente del consejo de administración y apoderado de dos empresas transportistas en contra de actos de congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Los juicios de garantías fueron radicados en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ante el cual Arcega se acreditó con el carácter de presidente del consejo de administración de la moral Transporte de Personal Misioneros, S.A. de C.V., así como apoderado de Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V.
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En ambos casos, el quejoso reclama la “orden y ejecución del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por la cual se incluye a las quejosas dentro de las ‘Lista de Personas Bloqueadas’, así como la suspensión de operaciones financieras y/o bloqueo de cuentas bancarias”. Señala como autoridades responsables al titular de la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con sede en la Ciudad de México, entre otras.
De acuerdo con la copia certificada de la escritura pública 28,899 pasada ante la fe del Notario Público número 1 de Playas de Rosarito, el Cande es presidente del Consejo de Administración de Transporte de Personal Misioneros, mientras que el instrumento público 41,348 de la misma Notaría tiene al mismo personaje como apoderado de Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, que le otorga el poder general para pleitos y cobranzas.
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El juez estableció el 3 de noviembre para el desahogo de la audiencia constitucional en la que podría resolverse el juicio de amparo de la primera empresa mencionada, y un día después para la segunda. De ambos recursos se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y también el juzgador solicitó el informe justificado de las autoridades responsables para conocer la existencia o inexistencia del acto reclamado.
De acuerdo con los escritos de Arcega Aguirre, el aseguramiento de cuentas bancarias y la inclusión en la lista negra de la SHCP de personas bloqueadas habría ocurrido el 22 de septiembre, cuatro días después de que el propio quejoso fue sancionado por el gobierno estadounidense por vincularle al crimen organizado junto a otros personajes de la vida social y política en Baja California. Su abogado es Jorge Santiago Ramírez Suárez, con cédula profesional federal expedida en 2018.
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La empresa Transporte de Personal Misioneros, Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida en Rosarito el 25 de septiembre de 2008 y dedicada a la operación, explotación y prestación servicio de transporte especializado a industrias maquiladoras y todo lo relacionado con ese sector, no forma parte de las empresas boletinadas por el gobierno norteamericano; sin embargo, Candelario Arcega se queja de la acción de bloqueo de parte de las autoridades hacendarias mexicanas.
En cambio, Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio si fue designada “por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente por Arcega, advierte la OFAC. Esta compañía fue inscrita en 2002 y en 2014 registró una fusión.
El 18 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que opera René Arzate García, la Rana, en Rosarito, Baja California, entre ellas el empresario Jesús González Lomelí y sus testaferros Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez. También destaca la participación en esa red, de la ex alcaldesa de Rosarito Hilda Araceli Brown Figueredo, hoy diputada federal, y de Candelario Arcega.
La información del Tesoro estadounidense señala a Arcega Aguirre como agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, al servicio de los hermanos René y Alfonso Arzate, para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la ex alcaldesa Araceli Brown. “Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”.
“Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, refiere la designación de la OFAC, hechos de los que la ex presidenta municipal se desvinculó al asegurar que desconoce detalles, no le han asegurado cuentas bancarias y días antes de ser incluida en la “lista negra” cruzó a la Unión Americana sin problemas.
El empresario del transporte, Candelario Arcega Aguirre, apoyó la campaña electoral de Brown a la alcaldía de Rosarito, y una vez que ésta llegó a la presidencia, se habrían fortalecido los lazos de negocios entre ambos personajes, según versiones extraoficiales, al grado de que Arcega tiene presencia prácticamente en todas las empresas transportistas que operan concesiones en el municipio.
