Con agenda por Baja California Sur, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) anunció una serie de reformas estructurales, una de ellas derogar la actual Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y sustituirla por un nuevo modelo de inversión mixta.
También, algunas que tienen que ver con el tema del agua. Ramírez Cuéllar denunció que los pequeños productores están siendo empujados a malvender sus derechos de agua, ante la presión económica y la falta de regulación efectiva.
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“Queremos acabar con ese mercado negro donde los más afectados son los campesinos. Mientras tanto, grandes industrias concentran volúmenes enormes a precios irrisorios. Eso tiene que cambiar. Buscamos que haya orden y gobierno en el manejo del agua, sin despojar a nadie de sus concesiones”, señaló el diputado.
Su propuesta incluye dos nuevas leyes: una Ley General de Aguas, que distribuya claramente las responsabilidades entre federación, estados y municipios; y una Ley Nacional de Aguas, enfocada en el uso responsable y sustentable del recurso.
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Durante su visita a La Paz, en el marco de una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el legislador adelantó que se presentará una iniciativa para derogar la actual ley de asociaciones público-privadas (APP) y sustituirla por un nuevo modelo de inversión mixta.
“Hay muchas quejas del sector público. Las APP han generado grandes ganancias para unos cuantos, pero han fallado en atender necesidades reales. Queremos un modelo más justo y transparente, donde el dinero público y privado se combine para resolver los problemas de fondo”, declaró.
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La propuesta llegará justo cuando se prepara la Convención Nacional de Inversión en Infraestructura, programada para el 12 de octubre. La idea, dijo, es abrir las puertas a más inversión privada en obras clave, pero con reglas claras y con enfoque social.
Actualmente, el gobierno federal planea destinar 1.2 billones de pesos en inversión física para 2026. Sin embargo, Ramírez Cuéllar advirtió que no es suficiente: el objetivo es que la inversión total —pública y privada— llegue al 30% del PIB, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, México apenas ronda el 23-24%.
Por eso, también anunció la creación de un Consejo Nacional de Infraestructura y un fondo específico para infraestructura del bienestar, que se enfocará en proyectos urgentes como agua potable, drenaje, residuos sólidos, clínicas, hospitales, y transporte público.
Además, se prevé una reunión con los presidentes de las comisiones de Hacienda de todos los congresos estatales para analizar cómo fortalecer las finanzas locales, especialmente de los municipios.
