A pesar de diversas observaciones y montos millonarios sin comprobación, la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó, con 16 votos a favor y dos en contra, el ejercicio de la Cuenta Pública 2023 del Gobierno del Estado/ Secretaría de Finanzas.
16 de los 19 legisladores que conforman el bloque de la Cuarta Transformación, integrado por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, votaron a favor del dictamen que aprobó la Cuenta Pública de lo que fue el tercer año de mandato del gobernador Víctor Castro Cosío.
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En contraste, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe “Lupita” Saldaña Cisneros, y el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fabrizio del Castillo Miranda, votaron en contra.
La controversia pública de esta decisión del Congreso, dominado por una mayoría absoluta de diputados afines a Castro Cosío, radica en las observaciones que la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) marcó al ejercicio y comprobación de recursos que ejecutó la Secretaría de Finanzas.
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En el inicio del dictamen se explicó que de un total de 25 mil 152 millones de pesos que se ejercieron en 2023, la ASEBCS tomó una muestra de 642 millones de pesos para esta evaluación.
El resultado arrojó 109 observaciones, de las cuales 41 fueron solventadas, 65 persisten con un estatus de “solventación parcial” y tres no atendidas.
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Todo esto arrojó un monto de más 229 millones de pesos sin comprobación: 13 millones no atendidos y 216 millones con solventación parcial.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, esto significa que el Gobierno del Estado no aclaró el 36 por ciento, aproximadamente, del monto que la ASEBCS tomó para la revisión fiscal.
MÁS DE MIL 150 MDP DESAPARECIDOS
Entre las decenas de observaciones que hizo el órgano fiscalizador, existen algunas que fueron marcadas tanto por la oposición como por la ciudadanía en redes sociales.
Una de ellas es que se detectó en el Estado Analítico de Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto, que el Gobierno de Baja California Sur amplió el presupuesto en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, por 150.5 millones de pesos.
Esto resultó en un presupuesto modificado para este rubro por mil 985.2 millones de pesos, que la Secretaría de Finanzas reportó como pagados el 31 de diciembre de ese año.
La ASEBCS precisó que el Gobierno del Estado no presentó la documentación donde se aclare y se justifique el exceso del monto pagado, esto con respecto al límite máximo permitido en el Capítulo 1000.
Esto debido a que, con esta evaluación, además de los 150.5 millones de pesos que se ampliaron, también se detectó un exceso de 11.6 millones en lo que la Ley permite en la erogación del Capítulo 1000.
El órgano recalcó que el Gobierno del Estado tampoco presentó la documentación donde se informe las áreas y funcionarios facultados que intervinieron en la autorización y ejecución del gasto observado.
Otro punto que se puede leer en el documento de la ASEBCS, es que el ente presenta en el Estado Analítico un ingreso por 25 mil 152 millones de pesos, sin embargo, reflejó un egreso devengado por la cantidad de 23 mil 995 millones de pesos.
Con esto se determina una diferencia por mil 156 millones de pesos menos a los ingresos recaudados, según los informes financieros propios del Gobierno del Estado.
La ASEBCS reveló que el mandato de Castro Cosío no solventó esta observación al no presentar documentación que aclare, compruebe y justifique en qué se ejerció este monto; por lo tanto, hay un impedimento para verificar el destino, aplicación y registro adecuado del gasto público.
NO HAY TRANSPARENCIA: SALDAÑA
La diputada del PAN, Guadalupe “Lupita” Saldaña Cisneros, subió a tribuna para exponer que no había un fundamento fiscal para aprobar la Cuenta Pública 2023 del Gobierno del Estado, esto basándose únicamente en los resultados que la Auditoría arrojó.
“Lo que vengo a exponer aquí es lo que viene en el dictamen que nos presentaron: no hay subjetividad. Hay temas reales y hay datos fríos. Primero manifestar que mi voto en la Cuenta Pública del Estado es en contra y doy los argumentos”, abrió su participación.
Usó su intervención para recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue colocando a Baja California Sur en el último lugar en comprobación de recursos.
En febrero de este año, la ASF informó que Baja California Sur era la entidad con el mayor monto sin comprobación en el ejercicio de recurso federal, con más de tres mil 232 millones de pesos sin aclarar.
La legisladora de oposición hizo hincapié en que se trata de la misma Cuenta Pública que se somete a votación, que también presentaba irregularidades que califica como graves y que no debían pasar por alto esto ante la opinión pública.
“En estos tres años de mandato morenista hemos estado entre el último y el penúltimo lugar en comprobación de recursos. Si estamos en esos sitios, ustedes tendrán la conclusión de cómo se ejerce el recurso y cómo se comprueba en la Cuenta Pública 2023”, sostuvo.
En Tribuna acusó que el Gobierno del Estado, a pesar de que presume transparencia, entregó poca información a las y los diputados.
Subrayó el incremento de ingresos a 25 mil 152 millones de pesos, cuando se habían presupuestado 23 mil millones de pesos.
“Hay un subejercicio de más de mil millones de pesos; en ese subejercicio dice el dictamen que la Auditoría le pide al área correspondiente que informe dónde quedó ese recurso, y el Gobierno del Estado no contestó en qué gastó ese dinero”, indicó.
Además, mencionó que, en el rubro de inversión pública, que tiene relación con pavimentación, construcción de escuelas y con todo lo que tiene que ver con obra, se detectó un subejercicio de más de 250 millones de pesos.
“La Auditoría literal, así dice; lo que contestó el ente fiscalizador no solventa el resultado observado porque no presentaron los documentos que aclaren comprueben y justifiquen en qué se ejercieron mil 156 millones de pesos. No es algo que yo escribí, es algo que viene en el dictamen”, señaló.
“En servicios personales se presupuestó una cantidad; se supone que ahí ya se tienen considerados cuántos empleados, colaboradores y cuánto ejerces de nómina, sin embargo, este rubro presenta una ampliación de 150 millones de pesos”, agregó.
Saldaña Cisneros hizo eco de las observaciones de la ASEBCS, al remarcar que la ampliación en nómina viola diversas leyes porque el Gobierno del Estado rebasó el límite de lo que se puede gastar en el Capítulo 1000.
En este escenario, Lupita Saldaña hizo hincapié en que la Secretaría de Finanzas no explica en qué se aplicaron esos 150 millones de pesos extras en nómina.
“La mayoría de los temas que vienen aquí observados en gastos de compras y obras es porque se dieron por adjudicación directa”, prosiguió.
La diputada argumentó que la ley sólo establece que se pueden otorgar contratos de manera directa sólo en casos de emergencia, pero aquí se entregaron sin más, convirtiendo al proceso de licitación en algo excepcional.
“Una licitación se supone que te lleva a que adquieras un servicio, el más económico y el que tenga mayor beneficio para la gente. Si no licitas y lo das directamente, no hay transparencia ni se sabe si lo das por conveniencia o qué sucede ahí”, acusó.
Para cerrar su participación, la legisladora cuestionó en dónde está el recurso público, tomando en cuenta que la misma ASEBCS concluye que el Gobierno del Estado no comprobó más de mil millones de pesos de un subejercicio.
“¿Por qué hay subejercicio cuando lo que falta ahí afuera son obras, obras hídricas, obras de infraestructura? ¿Por qué este subejercicio? Que nos expliquen. Nosotros tenemos la autoridad para votar en contra un dictamen de este tipo o que nos citen con anterioridad y nos expliquen a cada uno en qué se ejerció el recurso”, declaró.
“Con estos datos, yo no entiendo cómo puedes dictaminar, cómo puedes aprobar una cuenta pública, que para empezar está reprobada por la Auditoría Superior de la Federación”, finalizó.
PENDIENTES CON LA ASF
En más de una ocasión, Víctor Castro Cosío ha defendido a la administración de recursos en su mandato, asegurando que no hay desfalcos ni delitos que perseguir.
Recientemente declaró a medios de comunicación que están por solventar todas las observaciones que la ASF hizo a su gobierno en cuanto al uso de presupuesto de origen federal en 2023.
Ha argumentado que los procesos administrativos han sido complejos y que eso es, particularmente, lo que ha llegado a atrasarlos en la comprobación de recursos ante los entes fiscalizadores.
No obstante, son más de siete mil millones de pesos los que la ASF ha marcado en observaciones para este gobierno, según información que la secretaria de Finanzas, Bertha Montaño, dio a los medios de comunicación.
Aunque en abril de este año, el gobernador informó que ya habían mandado toda la documentación necesaria para justificar la Cuenta Pública 2023 ante la ASF, en julio, la secretaria de Finanzas sólo refirió que iban “muy bien” en las aclaraciones, comprobando que el proceso continuaba.
Bertha Montaño insiste en que no hay daño patrimonial, sin embargo, estos casos siguen abiertos y se aproxima la revisión de la Cuenta Pública 2024, cuyos resultados se darán a conocer en febrero del próximo año.
