Los gobiernos municipales de Baja California tienen una “pereza fiscal” debido a que son incapaces de ser eficientes en la recaudación del impuesto predial, el principal gravamen que se materializa directamente en la capacidad operativa de los municipios
“Los ayuntamientos tienen una pereza fiscal”, fue una de las últimas frases lapidarias que brindó el ahora exsecretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, ante los medios de comunicación, como una queja directa hacia la incapacidad que tienen los siete municipios de Baja California para recaudar el impuesto predial, gravamen más importante para definir el recurso público que recibirán de la Federación y que además brinda mayor capacidad operativa para los gobiernos.
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Su declaración no fue inocente ni un tropiezo, sino un claro mensaje que tenía como objetivo advertir a los gobiernos que tendrían que poner orden en sus finanzas y su recaudación, con el objetivo de mejorar las percepciones públicas. Meses después, el mensaje fue replicado por el actual titular de la dependencia, Andrés Pulido, quien reconoce la misma problemática, sobre todo en municipios como Ensenada, dirigido por Claudia Agatón Muñiz.
Pero, ¿realmente son perezosos fiscales los municipios del Estado?
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Según la información recabada por el organismo Transparencia Presupuestaria, la mayor parte del país carece de un sistema eficiente de recaudación del impuesto predial, incluso hay municipios que ni siquiera cobran este gravamen; aun así, a nivel Estado, Baja California es la octava entidad con mayor recaudación per cápita del país en total, pero el comparativo con las entidades que se encuentran por encima de Baja California son abismales.
Es decir, según la plataforma mencionada, nuestra entidad recauda un estimado de dos mil 886 millones 843 mil 301 pesos, mientras que el séptimo lugar, Nuevo León, recibe a sus municipios un monto de cuatro mil 767 millones 059 mil 233 pesos, lo que se traduce en más de la mitad de la recaudación total de Baja California.
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Por otro lado, hay entidades, como Jalisco, que tienen una menor recaudación per cápita, pero cuyos ingresos de este impuesto alcanzan los seis mil 654 millones 193 mil 108 pesos, lo que supera -por casi dos mil millones- el presupuesto completo de todo el municipio de Mexicali.
Obviamente, la comparación con lugares como la Ciudad de México es impensable, dado que se perciben 24 mil 536 millones 059 mil 160 pesos, además de que cuentan con la tasa más alta promedio por cuenta, pues mientras que en Baja California la ciudadanía paga 764 pesos en promedio, en la Capital del país se pagan dos mil 623 pesos.
Ya entrando a los municipios, Tijuana es la ciudad que más recauda en Baja California con mil 211 millones 391 mil 302 pesos, pero su ingreso es muy deficiente si se analiza por población, pues se ubica en cuarto lugar, por debajo de Ensenada, Playas de Rosarito y Mexicali, respectivamente. Por dar un ejemplo, Ensenada recauda poco más de 500 millones de pesos, mientras que Mexicali no alcanza ni los 900 millones, lo que quiere decir que si bien en la Capital del Estado se percibe más dinero, son más cuentas las que pagan en el municipio costero.
Pese a que Tijuana es considerada la ciudad más poblada del país, no alcanza la recaudación bruta ni per cápita (donde se coloca en el lugar 130) de municipios más pequeños como Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo; ya no se diga Zapopan o Querétaro, quienes perciben más dinero de predial, pero que además distan mucho de su recaudación por cuenta.
Esta es una realidad innegable, pues los gobiernos municipales no tienen la capacidad de convencer a la ciudadanía de pagar el predial, además de que existen empresarios abusivos que prefieren contratar despachos de abogados para burlar el pago de este impuesto.
Como una medida riesgosa, el Gobierno del Estado ha hecho una oferta a todos los municipios para involucrarse en cobrar el impuesto predial desde el Poder Ejecutivo, lo que es una franca violación a la autonomía de los gobiernos municipales, pero que debido a la crisis financiera que padecen -de la que no se debe olvidar la corrupción histórica gubernamental de los municipios- algunos gobiernos han decidido ceder.
Es el caso de Tecate, con Román Cota, quien accedió a facilitar el cobro de predial por parte del Estado como una medida para intentar recaudar más dinero; la oferta se hizo extensiva a Mexicali y Ensenada, quienes no han visto con buenos ojos el tema, pero que han accedido a -mínimo- analizarlo.
¿Y cómo pedirle a la ciudadanía que cumpla con su compromiso municipal cuando no ven reflejados sus impuestos en servicios? ¿Cómo, cuando ofrecen un presupuesto participativo que termina siendo un ejercicio gandalla para favorecer a los ricos, quienes se quedan con prácticamente todas las obras?
Es difícil convencer a una ciudadanía que ha visto tantos años de abandono reflejados frente a sus ojos.
