Hace tres años, en esta misma columna se analizó el desempeño de los alcaldes de la pasada administración, e incluso, con análisis generales se vaticinó que podría convertirse en la peor generación de ediles. Es tiempo de desarrollar el mismo análisis
Desde hace años, Baja California tiene una terrible problemática con respecto a los hombres y mujeres que llegan a presidir los siete municipios. Desde señalamientos de corrupción, inoperancia, endeudamientos, conflictos políticos que afectan el desarrollo público del gobierno, son parte de las pinceladas que nos han ofrecido los ediles de la transformación, quienes se han preocupado más por su futuro que por el presente.
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Con el primer año de gobierno de los nuevos alcaldes y alcaldesas, es imperativo hacer un análisis de lo que no se refiere en los informes de gobierno.
De manera muy general, es preciso analizar datos de los siete municipios, comenzando con dos nacientes (San Felipe y San Quintín), dirigidos por José Luis Dagnino y por Mirian Cano Núñez. El primero ha recibido su arranque de gestión con una severa crisis de inseguridad, al tener la cifra histórica más alta de asesinatos registrados en el puerto.
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De contar con cinco o seis homicidios por año, San Felipe ya superó los 20, número que si bien podría ser considerado minúsculo, de compararse con el resto de las ciudades, en una población que ronda los 20 mil habitantes -contando los flotantes- es muy elevado. Esto como consecuencia de la pugna intestina del Cártel de Sinaloa que pelean por el control de una de las principales rutas de droga que atraviesa la zona.
Pero también en el tema administrativo no se encuentran bien. A cuatro años de la gestión de Dagnino López (pues fue el presidente del Concejo Fundacional) no se han terminado de crear todos los reglamentos municipales y siguen ejerciendo con los de Mexicali.
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En el caso de San Quintín, no pasó ni un año para que Mirian Cano fuera abucheada en el primer Grito de Independencia que dirigió como alcaldesa.
En las primeras evaluaciones de auditorías confirman que carecen de conocimientos mínimos para la administración pública; los policías y recolectores de basura no tienen combustible; tienen dos meses sin nombramiento de un Tesorero Municipal; y los salarios de los ediles supera los 50 mil pesos (más que Mexicali). A esto se le suma que cuenta con sanciones por violencia de género derivadas de denuncias por parte de la regidora perista Ashley Giselle Casillas, y que sus funcionarios -y ella- viven en Ensenada.
Respecto al Ayuntamiento de Ensenada, la expetista Claudia Agatón Muñiz ha arrastrado un terrible problema financiero que ha puesto en riesgo -incluso- la posibilidad de los pagos de salarios a trabajadores de la administración, por lo que se verá obligada a usar recurso del Ramo 33 para sacar adelante la nómina. La alcaldesa ha perpetuado los negocios de socios ligados al senador Adán Augusto López Hernández, ya publicados en ediciones anteriores de ZETA, y tiene compromisos por hasta 900 millones de pesos, entre deudas con proveedores, además de Issstecali, adeudo que no tiene para afrontar.
El alcalde de Tecate, Román Cota, ha tenido conflictos derivados con el tema de la inseguridad, al grado que el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda ha tenido que intervenir para controlar la seguridad en el Pueblo Mágico, imponiendo a un mando como titular. Esto, sin mencionar la tremenda novela que ha cargado con Iberparking, y la concesión a modo en beneficio de la empresa, proveniente de la administración de Darío Benítez.
En Mexicali, la alcaldesa Norma Alicia Bustamante enfrenta su peor escenario en este cuarto año de gobierno, siendo la única edil reelecta, donde ha cambiado y recambiado a su titular de la Policía Municipal (de Luis Felipe Chan a Julián Leyzaola y nuevamente a Chan) en menos de un año, y donde no ha dejado de tener crisis políticas con sus funcionarios -peleados entre sí-, sus regidores -con quienes no tiene interlocución- y metiéndose en líos como la operación de las conocidas “bodycams”; no obstante, minimizando situaciones como la que padeció tras la revocación de la visa de su esposo. Referente al tema económico, Mexicali pasó de ser la ciudad número 8 en competitividad, según el IMCO, al 12, en su última evaluación.
Respecto al gobierno de Tijuana, de Ismael Burgueño Ruiz, es imposible deslindarlo de Carlos Torres Torres y de dudosas amistades, como Fernando Salgado, el dueño de la casa de San Diego en la que se vinculó con la gobernadora Marina del Pilar. Esto sin mencionar que la administración ha tenido más cambios que ninguna otra, bajo argumentos poco serios o sustanciales que responden más a intereses políticos. Y no se puede evitar hablar de los resultados en materia de seguridad que mantienen a Tijuana entre los focos rojos de homicidios a nivel nacional, así como los casos de extorsión denunciados en esta casa editorial, el abandono de los espacios públicos y una deficiente recolección de basura en las comunidades y áreas de concurrencia.
Respecto a Playas de Rosarito, Rocío Adame ha tenido un gobierno sumamente gris, donde también tuvo la intervención del Estado para controlar la situación de seguridad en los cuerpos policíacos; y donde no se le ha tocado con el pétalo de una rosa a la administración de Araceli Brown Figueredo, pese a que son francas enemigas y a que en días pasados el Departamento del Tesoro exhibió a la exedil y hoy diputada federal como presunta integrante de una red criminal vinculada a los hermanos Arzate, del Cártel de Sinaloa.
