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sábado, octubre 4, 2025
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Habían olvidado la transición

Jueces y magistrados, están obligados a llevar a cabo proceso de entrega-recepción en el Poder Judicial; pero como la mayoría repitió en el cargo, olvidaron entregar la documentación ante la Contraloría

 

A los hombres y mujeres encargados de impartir la justicia en Baja California, se les había olvidado llevar a cabo un procedimiento de entrega-recepción, lo cual se encuentra establecido en la Ley de Entrega Recepción de Baja California, donde vuelve a dicha institución como un sujeto obligado a ejecutarlo.

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Así de claro, pues los 17 magistrados y más de 120 juristas que trabajan en Baja California, están obligados a presentar, ante la Contraloría Interna del Poder Judicial, un procedimiento de entrega-recepción, donde levanten un inventario de juzgados, personal y material, con el que entregaron y recibieron su encargo; pero por alguna razón, a los juristas se les olvidó, y no fue hasta que la Contraloría Interna y el propio Consejo de Administración les llamó la atención por ello.

Y es que cuando al Poder Judicial, y a los magistrados encabezados por Alejandro Isaac Fragoso López, les conviene, se trata de un tribunal de continuidad; pero cuando no, empujan que se trata de un nuevo poder autónomo.

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Hay que recordar que el propio magistrado presidente anunció sus intenciones de preservarse como titular, y aunque estaba a un año de cumplir con su encargo al frente del tribunal y el Consejo de la Judicatura, amplió su periodo para convertirse en el presidente más longevo de la historia, con nueve años, con la posibilidad de convertirse en 13. Fragoso López fue cuestionado por perpetuarse en el poder, a lo que respondió que, por tratarse de un nuevo Poder Judicial, los años previos no contaban, por lo que no estaba imposibilitado para competir por la nueva presidencia.

Esa misma noche que asumió -otra vez- como presidente, donde dijo que se trataba de un nuevo poder, Fragoso propuso distribuir a los nuevos magistrados (cinco) para ocupar las salas vacantes por los que se retiraron del cargo, sin la intención de reestructurar las salas del tribunal. Es decir, en ese caso hubo continuidad.

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Alejandro Fragoso no instó a sus compañeros para que llevaran a cabo un proceso de entrega-recepción, aunque era evidente -por tratarse de un nuevo poder-, y al conocer la postura de la Contraloría, se vieron obligados a hacerlo.

Por fortuna, aún se encuentran en tiempo para entregar toda la documentación; de hecho, los cientos de jueces y magistrados continúan cumpliendo con el ejercicio, lo que evidentemente representa una saturación en el trabajo de la Contraloría.

Mientras llevan estos avances, al Poder Judicial se le ha olvidado tocar la puerta con el Congreso del Estado para llevar a cabo las reformas secundarias que brinden certeza jurídica a todos los actos del Tribunal de Disciplina, dirigido por Guadalupe Ricardo, quien ya recibió las primeras denuncias a investigar, derivado de determinaciones cuestionables de los nuevos jueces.

Los “nuevos” magistrados continúan festejando su ratificación o nueva elección, pero todavía existen pendientes que trabajar, ante el desastroso proceso de reglamentación del Congreso de Baja California, ente que sólo se enfocó en llevar a cabo la elección judicial, pero ignoró lo subsecuente.

Y es que se ignoró -por completo- las facultades y responsabilidades de los órganos nuevos, pues ahora el Consejo de Administración sólo se encargará del manejo del recurso. Sin embargo, la Contraloría interna no ha pasado a manos del Tribunal de Disciplina, lo que mantiene en el aire las facultades de cada uno.

Cabe señalar que la mayor cantidad de jueces “nuevos”, y sin experiencia en la impartición de justicia, cayeron en el municipio de Mexicali, en materia penal; además de materia civil en el municipio de Tijuana.

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Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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