El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, aplicó veto total a la Ley de Protección de los Animales Domésticos bajo el argumento de que, en el dictamen que se aprobó, no se incluyó la estimación sobre el impacto presupuestario que implicaría la creación de clínicas veterinarias públicas, y aumentar responsabilidades en materia de vacunación, adopción y sensibilización.
En su veto, el mandatario recordó que el decreto 3163, al cual le aplicó el veto y que fue aprobado por la XVII Legislatura del Congreso del Estado el 24 de junio de este año, contiene la adición de la fracción VII al artículo 3 y el artículo 9 Bis a la Ley de Protección de los Animales Domésticos para Baja California Sur.
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Es la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en donde se establecen los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirá a los estados y ayuntamientos para un manejo sostenible de sus finanzas.
Esta legislación prevé que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Poder Legislativo, deberá incluir en su dictamen una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto, requisito que no se cumplió.
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“No incluyó la estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto y ello no puede ser ajeno bajo el argumento que quienes integran la Comisión del Dictamen, consideraron viable la posibilidad de que las erogaciones del decreto que se veta se cubrirán con la disponibilidad autorizada en materia de atención preventiva a animales domésticos”, precisó el mandatario en su exposición de motivos.
Esta ley contempla la creación de clínicas veterinarias públicas en el artículo 9 Bis, que se adicionó el 24 de junio; no obstante, Castro Cosío señala que tampoco incluyó un análisis pormenorizado de costos y beneficios.
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Dicho dictamen de la estimación sobre el impacto presupuestario debe emitirse por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y de la Dirección de Política y Control Presupuestario.
Por otra parte, la reforma a la Ley también marcaba la obligación del Gobierno del Estado de establecer la cultura del trato digno y respetuoso, a través de campañas de esterilización y de difusión en materia de adopción, vacunación y desparasitación.
A esto, el gobernador respondió que ya se realizan campañas de esterilización y vacunación antirrábica canina y felina, sin embargo, ampliar estas responsabilidades a áreas como la adopción, vacunación, desparasitación y sensibilización conlleva un gasto extraordinario no contemplado.
