México se desangra no sólo por las disputas territoriales del narcotráfico, sino por una guerra subterránea, silente y voraz, impulsada por la riqueza de su suelo. Las consecuencias de este entramado son tangibles y se manifiestan en un saldo brutal de violencia. México registra 906 puntos de conflicto entre caciques, transnacionales y pobladores, donde se disputan tierras, bosques, agua y caminos, pero destacan en ese plano las empresas mineras instaladas en las zonas criminógenas donde se registran graves delitos como secuestros, desplazamientos, extorsiones y multihomicidios.
Una investigación periodística advierte que de enero de 2000 a noviembre de 2024 se han registrado en el país 274 homicidios en masa (más de tres personas fallecidas por evento). El autor del estudio es el periodista michoacano J. Jesús Lemus Barajas, quien describe la dinámica del poder y la violencia en las zonas mineras de México como un “triángulo equilátero”, donde la participación de los tres actores principales —la industria minera, el Estado y los grupos criminales— es igual de significativa y equilibrada. La base sobre la que se asienta esta alianza criminal es, sin lugar a dudas, la corrupción y la impunidad.
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En su libro, “La guerra del litio”, publicado apenas en abril de 2025 por editorial Grijalbo, el autor advierte que en 20 zonas poblacionales aledañas a las 37 minas de metales preciosos (oro y plata) que operan en el territorio nacional, se han registrado por lo menos 24 masacres; en 48 regiones pobladas cerca de las 74 zonas mineras de metales industriales no ferrosos (plomo, cobre, zinc, bismuto, cadmio, selenio, molibdeno) han ocurrido 51 asesinatos múltiples.
Por otra parte, en 52 zonas pobladas inmediatas a las 57 zonas mineras de metales y minerales siderúrgicos (manganeso, coque, carbón no coquizable, fierro) se han registrado por lo menos 60 masacres; en tanto que, en 31 regiones poblacionales que están en las inmediaciones a las 53 zonas mineras de minerales no metálicos (grafito, sulfato de sodio, azufre, fluorita, barita, caolín, dolomita, sulfato de magnesio, sal, yeso, etcétera), se reportaron 48 multihomicidios.
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La búsqueda de metales estratégicos, que incluye al litio, ha transformado a células de los cárteles del narcotráfico en “policías privados” al servicio de las transnacionales, con la anuencia y el conocimiento de las más altas esferas del gobierno, estima Lemus Barajas, que menciona entre los grupos partícipes en las masacres perpetradas para generar desplazamiento forzado a La Línea, Barrio Azteca, Los Mexicles, Los Zetas, La Familia Michoacana, Cártel de Sinaloa, de Caborca y de Santa Rosa de Lima.
El periodista señala que, en la masacre de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019, lo que inicialmente se planteó como un despojo de agua, llevó a una ruta de investigación que, inesperadamente, lo condujo al oro blanco del futuro: el litio.
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TRIÁNGULO CORRUPTO
Entrevistado por ZETA, J. Jesús Lemus desentraña una intrincada red de corrupción, intereses económicos y violencia que involucra a la industria minera, al Estado mexicano y a los grupos criminales. Describe la dinámica del poder y la violencia en las zonas mineras de México como un triángulo. “Yo creo que es equilátero, porque son las partes muy iguales, los lados están muy equilibrados, son iguales los lados y es igual la participación en este triángulo del crimen organizado, de los mineros y de la élite en el poder, que serán los representantes del Estado”.
La investigación de “La guerra del litio” no es fortuita; surge como una continuación de “México a cielo abierto”, donde Lemus Barajas ya exploraba los nexos entre la criminalidad y los negocios en el país, destacando a la minería como el ejemplo más claro. La base fundamental de este triángulo criminal en México, donde se está asociando para apropiarse de la riqueza del suelo, básicamente es la corrupción, afirma el periodista, quien subraya que estas prácticas “han fomentado que desde las estructuras de gobierno, desde los mandos encargados de la seguridad pública, se permita esa coalición entre narcotraficantes y empresas mineras transnacionales”.
El investigador afirma que de las 25 mil 887 minas existentes en México, un 70 por ciento son explotadas por 260 empresas transnacionales. De éstas, el 80 por ciento es de capital canadiense y norteamericano. Estas compañías, lejos de operar al margen de la realidad local, “cuentan con asesores de seguridad que les indican la necesidad de establecer alianzas con grupos criminales para asegurar su pervivencia económica en una región de alta volatilidad, como puede ser cualquier parte de México, como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Sonora u otros estados”.
Lo más inquietante, según Lemus Barajas, es que estas alianzas no son secretas para las autoridades: “De todos los acuerdos de las mineras transnacionales que existen en México con el crimen organizado, tiene conocimiento la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”, revela. Esto traslada la responsabilidad de la violencia a una ecuación donde el crimen organizado, las empresas mineras y los grupos de poder en México comparten la culpa a partes iguales.
El periodista y escritor establece que la voracidad de estas empresas, que antes se centraba en metales preciosos e industriales, se ha incrementado exponencialmente con la aparición de una “nueva generación de metales para la energía”, siendo el litio el principal objetivo. Recordó cómo el primer grupo criminal en ser contratado por mineros para desplazar poblaciones fue la original Familia Michoacana, en Aquila, que cobraba 10 mil dólares mensuales por sus servicios, y después pretendía 100 mil dólares cada mes, y la minera terminó por armar a otros grupos de autodefensa para librarse de La Familia, creando un ciclo de violencia.
NARCO, UN PRETEXTO
Jesús Lemus explica que “este modelo de armar a las poblaciones o asociarse con los grupos criminales para generar una ola de violencia y desplazar a la población de las tierras mineras, pues nace allí en Michoacán”. El esquema se replicó rápidamente a lo largo del territorio nacional, extendiéndose a estados como Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California. Hoy, la situación es generalizada: “al día de hoy, te digo, no hay una sola empresa minera, como lo digo ahí en este libro, que no esté asociada con el grupos del crimen organizado, justamente con la intención de desplazar a los pobladores para que dejen solas las tierras y sea más fácil la explotación de estas”.
Lo que para la narrativa oficial y mediática a menudo se atribuye al narcotráfico, en realidad tiene una motivación más profunda y económica. “Incluso hay unas regiones donde hablar de narcotráfico, hablar de grupos criminales ligados al trasiego de drogas, solamente es un pretexto”, sostiene el escritor. Si bien se trata de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Templarios o el de Sinaloa, “esas células ya no están en el narcotráfico, son grupos que están al servicio de los mineros y generan un crimen organizado para desplazar únicamente”.
El periodista desafía la percepción común con ejemplos contundentes. “¿Qué le interesa a un grupo del narcotráfico disputarte una región violenta como Fresnillo, Zacatecas, por ejemplo? Lo digo con todo respeto, ¿qué tiene Fresnillo, Zacatecas? ¿Es un gran centro consumidor de drogas? ¿Es un paso para el tráfico de armas, de drogas, para el lavado de dinero? No, Fresnillo reviste un interés: porque es una importante zona minera, donde están en conflicto los grupos que se disputan los contratos de seguridad de las empresas mineras”.
Un caso aún más ilustrativo es Bavispe, Sonora, escenario de la masacre de los LeBarón. “¿Qué tiene Bavispe? Lo digo con todo respeto para la gente que hay en Bavispe: Bavispe tiene más chivas que gente, Bavispe tiene 17 mil habitantes y tiene una población de por lo menos 40 mil chivas; entonces, ésa no es de importancia para los narcotraficantes que venden drogas, es de importancia porque Bavispe está en una zona de litio muy importante, que a lo largo cualquier metro de terreno va a costar, va a valer miles, millones de pesos por la importancia de litio que tiene, que tiene la posibilidad para explotarse”.
MASACRE LEBARÓN
El desplazamiento de poblaciones en estas zonas ricas en minerales sigue un patrón que Lemus Barajas denomina un “protocolo”. El primer paso es generar miedo a través del cobro de “cuotas” mínimas, como en Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde el cártel de Los Zetas cobraba 20 pesos semanales. “No son los 20 pesos, ellos quieren causar miedo para que la gente se vaya, y ése es el primer paso del protocolo de desplazamiento”, detalla. A esto le siguen secuestros, amenazas, desapariciones de quienes se oponen a la industria minera o de periodistas que denuncian los hechos. Finalmente, vienen los “asesinatos en masa”.
La masacre de los LeBarón, si bien mediática por el nombre, no es un hecho aislado, sino parte de este protocolo. “Antes de la masacre de LeBarón había habido multihomicidios en zonas mineras en proporción de casi 42 asesinatos en masa, de tres o más personas. Después del asesinato de los LeBarón han ocurrido otros 12 asesinatos en masa”, afirma el periodista, lamentando que estos últimos no hayan tenido la misma resonancia mediática que el caso de las familias mormonas.
Detrás del multiasesinato de las tres mujeres y seis niños de las familias Langford, Miller y LeBarón en Bavispe, según el autor, se encuentran los ejecutores del Cártel de La Línea o de Los Salazar. Pero la responsabilidad va más allá: “Sin embargo, hay funcionarios públicos en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Funcionarios de esa dependencia son los que están detrás de todo este entramado que lo encubre. Y detrás hay empresas mineras, ahí están los nombres de las empresas mineras que ya están disputándose el control de la zona de litio”.
El lugar del crimen, la comunidad La Morita, en Bavispe, es crucial. Es parte de un “gran corredor riquísimo en litio que va desde Bavispe hasta la frontera norte con Estados Unidos”. La construcción de un “tren fantasma” y una carretera en esa región, que aparentemente no tienen un destino lógico, son en realidad infraestructura clave para las futuras minas de litio. “Va a ser una gran conexión para poder dotar de infraestructura comunicativa a las minas que se planten en la zona. Están creando la infraestructura, la revisten con un halo de justicia social, pero ni siquiera justicia social, porque ni gente hay en la zona, hay muy poca gente”, explica Jesús.
El propósito del crimen en La Morita era claro, según Lemus Barajas: “porque La Morita está sentada en el gran corredor industrial, o el que será el gran corredor industrial de la explotación de litio, y ese litio, pues bueno, cuando llegue el momento de la explotación, van a estorbar esas casas”. El miedo provocado por la masacre fue tan efectivo que 70 familias de La Morita abandonaron sus tierras y se reubicaron en Estados Unidos, dejando sus casas y posesiones.
“La gente juntó, porque casi todos son de la comunidad mormona, algunos dineros y se fueron a comprar terrenos en Estados Unidos, y se reubicaron su localidad por el miedo que les causó justamente ese asesinato, porque sabían que no era el primero y tampoco iba a ser el último en esa región, y que no iban a parar los mineros y los narcotraficantes hasta quedarse justamente con esa porción de riqueza de litio”, finalizó el entrevistado, que en el año 2013 ganó el Premio Internacional de Periodismo ‘Pluma a la Libertad de Expresión’ que otorga una importante fundación neerlandesa.
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