Poco a poco los personajes que fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y señalados como miembros de una “Red de Playas de Rosarito”, que presuntamente ha servido a los intereses de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y algunas de las empresas que operan en esta región de Baja California, son blanco de acciones legales emprendidas por autoridades mexicanas que investigan los dichos de sus pares estadounidenses por presuntas actividades de lavado de dinero.
Además de Candelario Arcega Aguirre y las compañías que representa: Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V. (como apoderado) y Transporte de Personal Misioneros, S.A. de C.V. (como representante legal), ya se decretó la inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, y del empresario Jesús González Lomelí, además de por lo menos otras dos sociedades pertenecientes a la industria alimenticia y una más dedicada al transporte.
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Así lo confirmaron a ZETA funcionarios judiciales federales que conocen de los juicios de amparo iniciados por los implicados en contra de los acuerdos hacendarios para la inmovilización de sus recursos financieros en por lo menos tres juzgados de distrito del estado de Baja California, con residencia en Tijuana, desde el 19 de septiembre y en los días subsecuentes, obteniendo en algunos de los casos -no todos- la suspensión provisional para hacer uso del dinero de las cuentas bancarias afectadas.
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LA DIPUTADA
El caso más reciente es el de la diputada federal morenista y expresidenta municipal de Rosarito, Araceli Brown, a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en su lista de personas bloqueadas en el acuerdo 282/2025, que se dictó de conformidad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y, como consecuencia de ello, se ordenó a la Comisión Nacional bancaria y de valores (CNBV) que aplique la suspensión del servicio de banca privada así como de las cuentas bancarias que tenga aperturadas a nombre de la política.
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Esta acción deriva de la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP, después de que el 18 de septiembre de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa, entre ellas a Brown Figueredo, quien ya presentó una demanda de amparo señalando como actos reclamados la inclusión en la referida lista y la inmovilización de sus recursos financieros en bancos.
El juicio de garantías se encuentra registrado en el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, bajo el número de expediente 828/2025. Hilda Araceli detalla en su escrito que son dos las cuentas bancarias congelada: una cuenta del Banco Mercantil del Norte (Banorte), y la otra, en el Grupo Financiero Inbursa, por lo que a través de sus abogados solicitó le fuese concedida la suspensión provisional para disponer del dinero y no esperar hasta que se resuelva de fondo el amparo.
Sin embargo, el juez federal Marco Antonio Arreola Herrera le negó la referida medida cautelar ya que “no se advierte que con la ejecución de dicho acto se causen perjuicios en su esfera jurídica, pues no acreditó ni aun de manera presuntiva su interés suspensional”; es decir, la quejosa no exhibió documento alguno del cual se pueda advertir que es titular de las cuentas bancarias cuyo bloqueo reclama, requisito que podría cubrir antes de que se celebre la audiencia incidental programada para el 13 de octubre próximo, cuando se resolverá sobre la suspensión definitiva.
En cambio, para el desarrollo de la audiencia constitucional -en la que se ofrecen y desahogan pruebas, se reciben los alegatos de las partes y el juez de distrito emite el fallo que resolverá el asunto- se estableció como fecha el 13 de noviembre, misma que casi siempre resulta ser diferida a una nueva fecha por la falta de informes de autoridades responsables u otras circunstancias. Brown designó como su abogado autorizado en términos amplios a Jesús Rodolfo Cruz Sandoval.
CHUY GONZÁLEZ LOMELÍ
Por su parte, el empresario Jesús González Lomelí, también designado por el Departamento del Tesoro y al que señalan como “un magnate empresarial con sede en Rosarito y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa”, presentó, a través de su equipo jurídico una demanda de amparo ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, expediente 706/2025. El Chuy González, como se le conoce, reclama “orden y ejecución de confiscación de bienes, aseguramiento y congelamiento de fondos de cuentas bancarias”.
En el mismo recinto judicial federal, en el juicio de garantías 705/2025, se reclaman actos similares de parte de autoridades hacendarias e investigadoras de la UIF, en favor de las empresas propiedad de González Lomelí:
1.- Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R, S.A. de C.V., establecida por la calle Eucalipto, en Playas de Rosarito, el 13 de octubre de 2016, y donde González Lomelí tiene como socio al político Raúl Felipe Luevano Ruiz, quien sería afectado también por el congelamiento de las cuentas.
2.- JR Alimentos del Mar, S. de R.L. de C.V., creada en Tijuana el 26 de marzo de 2020, y donde tiene como socio a Reyes Contreras Jiménez.
Al momento, ni Luevano Ruiz ni Contreras Jiménez, socios de González Lomelí en las empresas cuyas cuentas fueron congeladas por la SHCP, han tramitado amparos.
Otros negocios atribuidos a Chuy González Lomelí podrían encontrarse en trámites de juicios de amparos o en vías de su presentación, como son el restaurante bar Veintiuno Mexicali, S. de R.L. de C.V., constituido el 6 de mayo de 2021 en Guadalajara; Sunset Servicios Gastronómicos S. de R.L. de C.V., de fecha 20 de enero de 2017, en Tijuana; Sabor Tapatío S. de R.L. de C.V., creada el 14 de junio de 2021, en Playas de Rosarito; Operadora de Alimentos con Orígenes de México, S. de R.L. de C.V., 7 de junio de 2022, Playas de Rosarito; JJ Gonver S. de R.L. de C.V., 1 de noviembre de 2018, Tijuana.
También se investiga Grupo JRCP, S. DE R.L. o Mariscos “El Caiman”, empresa establecida el 28 de marzo de 2023, en Rosarito; Grupo Hotelero JJJ, S.A. de C.V., 18 de octubre de 2021, Tijuana; Gotoco Alimentos Procesados S. de R.L. de C.V. o “El Rey de los Cantaritos”, 23 de febrero de 2016, Rosarito; Complejo Turístico JJJ, S.A. de C.V., 18 de octubre de 2021, Tijuana; Coco Beach Bar, S. de R.L. de C.V., 13 de julio de 2013, Rosarito; Cavally Antro & Bar, 1 de junio de 2016, Tijuana; y Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., 25 de abril de 2013, Rosarito.
LOS ARCEGA
Como se informó en la edición 2688 de ZETA, al empresario Candelario “Cande” Arcega Aguirre, otro de los sancionados por la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, también fue alcanzado por la Unidad de Inteligencia Financiera e incluidas varias de sus empresas en la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP y congeladas las cuentas bancarias. Las primeras en ser motivo de demandas de amparo fueron Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V. y Transporte de Personal Misioneros, S.A. de C.V., el 26 de septiembre reciente.
Los juicios de garantías fueron radicados en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, bajo los números de expediente 800/2025 y 801/2025 respectivamente, en los que El Cande acreditó su personalidad jurídica a través de instrumentos notariales. Los actos reclamados atribuidos a la SHCP, UIF, y la CNBV habrían ocurrido el 22 de septiembre.
En el caso de la compañía Transporte Urbano y Suburbano, las cuentas bancarias bloqueadas corresponden, una a la institución Banco Santander México, y la otra, a Banorte. Mientras que las cuentas de Transporte de Personal Misioneros son, una de Banorte, y una segunda, de Banco Bancrea. Cabe mencionar que el quejoso, a través de su abogado Jorge Santiago Ramírez Suárez, solicitó la suspensión provisional en ambos juicios de amparo, misma que le fue concedida “para el efecto de que levante el bloqueo de las aludidas cuentas bancarias y permita a la moral quejosa tener acceso a ellas”, sin que se suprima a estas de la lista de personas bloqueadas.
En tanto, Luis Manuel Arcega Ramírez, familiar de Candelario, presentó una demanda de derechos fundamentales el 30 de septiembre en favor de la empresa Tech Taxi México S.A. de C.V., ante el mismo Juzgado Decimoquinto federal en Tijuana, bajo el número de expediente 810/2025. Una escritura pasada ante la fe de la Notaría Pública 48, de Guadalajara, expedida el 20 de julio de 2022, le otorga el carácter de administrador general único; actos reclamados, igual que los otros casos, por la inmovilización, aseguramiento y bloqueo de cuentas bancarias. Sus abogados son Jean Carlo Lee Celis, Alma Azucena Pedraza Pacheco y Cecilia Escañero González.
LA RED DE ROSARITO
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, designó el 18 de septiembre de 2025 a empresas y personas físicas que presuntamente están relacionadas con la facción de Los Mayos que opera René Arzate García, la Rana, controlando Rosarito, Baja California, entre ellas el empresario Jesús González Lomelí y sus colaboradores Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, a los que se señala de blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico para los hermanos Arzate y Juan José Ponce Félix, que utiliza el nombre de Jesús Alexandro Sánchez Félix, alias el Ruso.
La autoridad estadounidense destaca en su comunicado oficial la participación en la presunta red, de la diputada federal de Morena y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo y de Candelario Arcega. Al Cande se le señala como “agente político afiliado al Cártel de Sinaloa para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa Araceli Brown”.
“Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito. Trabajando juntos, González, Arcega y Brown, recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, refiere la designación estadounidense.
