El diputado por Baja California César Damián Retes señaló que con la aprobación del dictamen a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión la pena por ese delito se redujo.
“Lo que discutimos en la semana habiéndose discutido en términos generales la ley, lo que termino aprobando Morena, porque hubo diputados del PT y del Verde que votaron en contra, fue una reducción a la sanción del delito de extorsión. Aquí en Baja California la extorsión comienza, con 6 años, con 7 años de cárcel y Morena lo bajó a cinco años de cárcel”, manifestó este viernes 31 de octubre en rueda de prensa celebrada en Tijuana.
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El legislador del Partido Acción Nacional agregó que “a las 11 de la noche Morena sacó un as bajo la manga y dijo quiero que se modifique la sanción a los servidores públicos que cometan el delito de extorsión y quiero que a ellos se les baje la sanción a cuatro años”.
Opinó que las pena para un servidor debería ser mayor en razón de que va de por medio un acto de traición a la confianza del ciudadano.
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Durante la discusión de la iniciativa César Damián Retes estableció que en diciembre él presentó una primera iniciativa encaminada a la emisión de una Ley general para prevenir y sancionar la extorsión.
Acusó que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se inspiró en su iniciativa.
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“Llegó la propuesta del Ejecutivo inspirada en la de Acción Nacional, pero hasta para copiar se necesita talento, porque cometieron errores al copiar nuestra iniciativa. Bajaron la sanción de extorsión. Nosotros la traemos con un mínimo de 10 años, a cualquier persona que cometa el delito de extorsión”, expuso.
“Qué hizo el gobierno. Bajarlo a 6 años, pero no se dieron cuenta o mañosamente lo hacen, porque en estados como Baja California, mi estado la sanción mínima ya es de 7 años”, enfatizó.
Tal como lo dijo en tribuna en la conferencia celebrada este viernes, recalcó que en Baja California habrán de verse “extorsionadores que estaban presos, sentenciados confesos, que van a salir con un argumento legal, que van a decir: redujiste la sanción”.
Sostuvo que aproximadamente “60” extorsionadores podrían quedar libre en la entidad.
Recordó que la retroactividad no aplica de las leyes no aplica en caso en los que representa un perjuicio sino cuando constituye un beneficio.
También acusó que además de que la ciudadanía en BC padece la extorsión en la que incurre la delincuencia organizada, hay ciudadanos que llegan a ser extorsionados por personal del XXV Ayuntamiento.
“También sufrimos extorsión a manos de servidores públicos corruptos del Ayuntamiento de Tijuana, que van y cobran, extorsionan a la gente aun teniendo permisos o incluso para tramitarles permisos”, indicó.
Argumentó así se lo han hecho saber líderes empresariales: “Recibí exigencias de que han sido víctimas de extorsión a manos del Ayuntamiento, a manos del área de permisos, de la dirección, en particular que les niegan y los invitan a arreglarse por fuera”.
wygull