Audiencias penales de hasta cuatro horas para atender diligencias sencillas que duran una cuarta parte del plazo, entes en espera de una reglamentación y una complaciente disposición del nuevo Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) hacia su “nuevo” presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, son las primeras pinceladas que arroja el nuevo Poder Judicial, el cual se dirige a ser lo mismo, pero más “a modo”.
La madrugada del pasado lunes 1 de septiembre, el Congreso del Estado tomó protesta a 148 juzgadores del Poder Judicial de Baja California, los cuales conforman la nueva era del ente jurisdiccional de la entidad, pues no fueron electos mediante un proceso de evaluación estricta, exámenes de oposición o por carrera judicial, sino a través del voto ciudadano, el cual rondó apenas en el 10 por ciento del listado nominal.
El diputado Jaime Eduardo Cantón, emitió un discurso desde la tribuna del Pleno para recordarles a jueces y magistrados la motivación de la reforma judicial y el compromiso por acabar con la corrupción que había en dicha institución.
Lo que olvidó considerar es que el 70 por ciento de los nuevos togados del Poder Judicial son reelectos y un 15 por ciento más proviene de las filas del mismo órgano jurisdiccional, por lo que no se está renovando a quienes imparten justicia.
Esa misma madrugada iniciaron las funciones el TSJE, extinguiéndose el Consejo de la Judicatura para ser sustituido por el Consejo de Administración; y el Tribunal de Disciplina Judicial, donde el principal tema de la agenda fue la definición del nuevo presidente de los dos primeros entes mencionados.
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LA SESIÓN PLANCHADA
El primer día del “nuevo” Poder Judicial del Estado lo describe de cuerpo entero. Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa un cambio de régimen (cuestionable en muchos sentidos) en Baja California, quedó claro que no hay sobresaltos, y no hubo incomodidad o escozor; sino negociación, cabildeo y acuerdos políticos.
Por primera vez en la nueva era del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se convirtió en un ente unánime y homogéneo, que fue capaz de respaldar al magistrado presidente proveniente del antiguo régimen judicial, para permitirle convertirse en el periodo de presidencia más largo de la historia.

Y es que al sumar los cinco años que tuvo Fragozo López al frente del “viejo” tribunal y los cuatro por los que fue electo, ocupará el puesto durante un periodo de nueve años, con la posibilidad de alcanzar los 13, si decide volver a reelegirse.
Con ello rompe el récord de María Esther Rentería, que ocupó la presidencia por un año de interinato, y dos periodos de tres años cada uno.
Alrededor de la una de la mañana del 1 de septiembre dio inicio a la sesión del TSJE, donde se definiría al próximo titular de la institución.
El primero en pedir la palabra fue el magistrado Salvador Avelar Armendáriz, quien recordó ser el magistrado hombre más votado en el pasado proceso electoral, pero anunció que no competiría por la presidencia, sino que respaldaría la candidatura de Alejandro Fragozo al frente del TSJE.
Al igual que el “Pony” Avelar, la magistrada Karla Amaya -ambos forman parte del mismo grupo político dentro del Poder Judicial- se desvivió en halagos en favor de Fragozo López. Ambos recordaron que durante su gestión se abrieron más juzgados, se pusieron en marcha los centros de convivencia familiar (CECOFAM) y se avanzó en la infraestructura del Poder Judicial, para lo cual también reconocieron a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.
Salvador Avelar agregó que representar al tribunal conlleva una labor 90 por ciento política, lo cual -aseguró- ha hecho muy bien Fragozo durante su gestión.
La magistrada Cynthia Monique Estrada Burciaga, se unió a los halagos y reconoció el trabajo de Fragozo López, al frente del Poder Judicial, anunciando que apoyaría su nombramiento.
Mientras esto ocurría, Fragozo López y su compañera Karina Acosta Dueñez -la magistrada más votada en el pasado proceso electoral, y por ende, la principal competidora por la Presidencia-, conversaban amistosamente, lo que sugería ya un acuerdo político.
Llegó el momento de la votación y los magistrados Carlos Rafael Flores (ex Secretario General del CJE durante los dos periodos de Fragozo) y Karla Amaya, se asumieron como escrutadores del proceso, mismo que no tuvo mayores sobresaltos: Alejandro Isaac Fragozo López fue designado presidente con 17 votos a favor.
El descaro no era suficiente. Fragozo López propuso no reorganizar las salas del Tribunal para Segunda Instancia, sino agregar a los nuevos magistrados a los tribunales existentes; es decir, los 12 magistrados reelectos quedaron igual y los cinco nuevos se unieron a las salas ya establecidas, lo que confirma nuevamente el proceso simulador de la renovación judicial.

Con este esquema, las salas quedaron de la siguiente manera:
*Primera Sala: Karla Patricia Amaya Coronado, Karina Acosta Dueñez y Julio César Díaz Meza (en sustitución de José Luis Cebreros).
*Segunda Sala: Cynthia Monique Estrada Burciaga, Columna Imelda Amador Guillén y Carlos Rafael Flores (sustituyendo a Salvador Ortíz Morales)
*Tercera (sin cambios): Salvador Avelar Armendáriz, María Dolores Moreno Romero y Leonor Garza Chávez.
*Cuarta: Nelson Alonso Kim Salas, Carlos Alberto Ferré Espinoza y Michel Corona Navarro (en sustitución de Ana Carolina Valencia).
*Quinta: Gustavo Medina Contreras, María Elizabeth Castro (sustituye a Mirian Niebla Arámburo) y Odette Tapia Palma (sustituyendo a Sonia Mireya Beltrán).
En la misma sesión, el magistrado Fragozo López comentó que las vacantes fueron dejadas por los magistrados en retiro, lo que significa que los puestos vacantes serán beneficiados con el haber de retiro promovido en el año 2019, donde se les otorgan beneficios de un sueldo por 12 años del equivalente a un juez de primera instancia, es decir, más de 60 mil pesos. La segunda camada de magistrados, recibiría el mismo sueldo, pero por siete años.
Así, los magistrados ocuparán el cargo por ocho años -por única ocasión- con la posibilidad de reelegirse por un periodo más de nueve años, mediante el voto popular.
Luego de una serie de aplausos y reconocimiento, se designó a los dos magistrados que conformarán el Consejo de Administración, el cual será ocupado por Columna Amador Guillén y Nelson Kim Salas, quienes se suman al magistrado presidente Alejandro Fragozo, y los dos consejeros ciudadanos, como lo son Francisco Javier Tenorio Andujar (propuesto por el Poder Ejecutivo) y Cecilia Razo (Poder Legislativo).
Con la extinción del Consejo de la Judicatura, la representación de los jueces y un segundo consejero proveniente del Legislativo, quedaron fuera de la ecuación.
A su vez, la magistrada Guadalupe Ricardo asumió como presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, también dirigido por los magistrados Flor Olivia Ortegón Lizárraga y Manuel Nahum Rodríguez Chávez (ex secretario particular de la Gobernadora). Los cargos tendrán una duración de seis años sin posibilidad de reelección.
NUEVOS JUECES RECIBIRÁN JUICIOS SENCILLOS: FRAGOZO
En su primera intervención ante medios de comunicación, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, defendió al Poder Judicial y aseguró que las motivaciones de la reforma federal no corresponden a la realidad en Baja California, donde consideró que tuvo motivaciones diversas.
Esto, en el entendido que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refirió en múltiples ocasiones la necesidad de volver al Poder Judicial Federal en un ente cercano al pueblo, pero también alejado de la corrupción.
A pregunta de ZETA sobre si los jueces de reciente ingreso se encuentran capacitados en su totalidad, aseguró que en total son 30 los letrados que carecen de experiencia en la impartición de justicia, de los cuales ocho recayeron en los juzgados penales de Mexicali,
“En su mayoría jueces de control en Mexicali (sin experiencia), unos ocho o nueve jueces de control van a ser los primeros; en Tijuana hay otro tanto, como unos siete; jueces familiares aquí (Mexicali) son dos, y jueces civiles incluyendo al valle son cuatro; un juez familiar en Ensenada y Tecate, y Rosarito quedaron con uno o dos jueces de diferencia”, refirió el presidente del TSJE.
Agregó que estos nuevos jueces comenzarán trabajando de manera regular, pero aseguró que se darán concesiones para los que ejercen en materia penal, donde se les ofrecerán procesos más sencillos, como narcomenudeo o de menor cuantía “para irlos llevando poco a poco para que adquieran experiencia. Requieren amplio conocimiento en materia penal y sí es algo delicado y debemos garantizar a la ciudadanía; no puede ir aprendiendo con los asuntos, tiene que ya saber al momento que se suba a la audiencia”.
Y es que, en la primera semana, abogados de diversos tipos, sobre todo que ejercen en el Valle de Mexicali, refirieron que se han dado complicaciones en los procesos sencillos, como una audiencia de violencia familiar que habitualmente dura una hora, pero que las determinaciones tuvieron que esperar hasta cuatro horas para escuchar una resolución, sin que hubiera debate.
En un caso ocurrido en Ciudad Morelos, el juez de control intentó vincular a proceso sin escuchar los antecedentes del caso, por lo que las partes tuvieron que interrumpirlo. En otro caso, un juez de control impuso una prisión preventiva oficiosa para un sujeto detenido, pero no justificó la decisión, por lo que el defensor lo increpó para que lo hiciera, a lo que simplemente optó por recular y modificar la medida cautelar.
En un caso de violencia familiar se solicitó la suspensión provisional del proceso, un recurso legal común en este tipo de delitos que representan un criterio de oportunidad. Las partes involucradas estaban de acuerdo, pero el juez de control negaba la posibilidad debido a que no se había reparado el daño, cuando -según las partes- no había daño que reparar.
SE INAUGURA TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Una de las grandes novedades dentro del Poder Judicial es el Tribunal de Disciplina, que tendrá la facultad de investigar probables irregularidades cometidas por los juzgadores, el cual será presidido los primeros dos años por la abogada Guadalupe Ricardo, quien durante su periodo como Subconsejera Jurídica, ha sido una de las encargadas de orquestar la defensa en contra de la planta fotovoltaica de Next Energy, además de los ocho ex funcionarios de Jaime Bonilla Valdez, que participaron en el proceso.
El tribunal aún no cuenta con todas las herramientas jurídicas para operar, pero ya recibió las 40 quejas en contra de jueces, magistrados y funcionarios judiciales, además de que en su primera semana también atendió la primera queja en la nueva era.
En entrevista para ZETA, aseguró que ya cuentan con oficina ubicada en el Pasaje Jalapa, en Centro Cívico, junto a las oficinas de justicia laboral, además de un personal conformado por 15 trabajadores, entre administrativos y visitadores, los cuales se distribuyen en las tres comisiones presididas por cada magistrado.
Cada una de las denuncias será turnada a las comisiones de manera equitativa y aleatoria, donde se emitirán determinaciones en las denuncias. En el supuesto de que alguna de las partes se encuentre inconforme, el caso podrá ser recurrido y analizado en el Pleno del mismo tribunal, donde se expondrá la consideración de los otros dos magistrados, quienes emitirán una sentencia con base en los alegatos.
Este esquema funcionará para todas las materias, con excepción de los laborales, que serán presentados directamente al Pleno.
Comentó que, en sus primeros días, el magistrado presidente Alejandro Fragozo, publicó un reglamento provisional para el funcionamiento del Tribunal de Disciplina, pero éste se modificará para crear uno que tenga el análisis del mismo tribunal independiente. También comentó que falta la legislación relativa a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se defina claramente sus facultades y obligaciones, pues hasta el momento sólo se tiene el marco legal constitucional derivado de la primera reforma publicada el 31 de diciembre del 2024. Para ello, buscarán acercamiento con el propio Consejo de Administración, el TSJE, pero también con el Congreso del Estado.
La magistrada presidenta aseguró que se cuenta con autonomía para evaluar, corregir y ayudar a definir áreas de oportunidad en el Poder Judicial. Sin embargo, reconoció que el tribunal tiene facultades para emitir sanciones e incluso para presentar denuncias ante otras instancias de carácter penal, en caso de detectar irregularidades graves.
Agregó que trabajarán con los otros órganos colegiados del Poder Judicial para llevar a cabo un mejor desempeño.