La mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad generalmente no llegaron a la prisión por delitos de alto impacto vinculados al crimen organizado en su nivel de liderazgo, sino más bien por conductas relacionadas con la supervivencia económica, por ejemplo, el narcomenudeo, el robo de bajo monto o incluso los delitos cometidos bajo coacción o inducción de sus parejas y familiares.
El Instituto Nacional y Geografía ha determinado que una gran cantidad de mujeres encontraban situaciones económicas sumamente difíciles. Estas mujeres que hoy están presas estaban obligadas a realizar el papel de jefas de familia, eran mamá y papá al mismo tiempo, tenían la responsabilidad de sostener a sus hijos en algunos casos a sus padres enfermos o demás familiares, fungiendo como el punto económico para su sostenimiento.
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El sistema penal sanciona con severidad, pero nunca toma en consideración los factores estructurales que obligaron a hombre o mujeres a delinquir. Una vez que se encuentran en prisión también tendrán un tratamiento diferencial con los hombres, a quienes se les apoyará para que compren un espacio en la penitenciaría y puedan dormir dentro de una celda, recibirán el apoyo para la compra de tenis, uniforme penitenciario, ayuda económica para sus gastos internos, a diferencia de las mujeres que no reciben el mismo apoyo, incluso por parte del Estado ya que el presupuesto que les destina la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Penitenciario es sumamente raquítico porque son menos las mujeres en prisión que los hombre y porque se tiene la idea de que la mujer no necesita el mismo apoyo institucional; sin embargo, en la aplicación de las consecuencias de la ley por el delito que cometieron se les niegan las oportunidades y el camino hacia su libertad es sumamente penoso y prolongado.
Las mujeres reciben menos apoyo porque se tiene la idea de que una vez en libertad se le seguirá ayudando económicamente, a diferencia de los hombres que una vez que sean liberados, seguramente se convertirán en proveedores y este concepto de utilitarismo entre hombres y mujeres las convierte en más vulnerables en un ciclo profundo de exclusión.
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Cuando la mujer finalmente obtiene su libertad, llega una etapa dura y difícil para ella, existe la creencia social de que el hombre pudo haberse equivocado en su camino de línea de conducta y que una vez que se encuentra en libertad con muy relativa facilidad va a obtener una segunda oportunidad en la sociedad para reintegrarse a la misma; para la mujer su ruta será diferente. Las féminas siempre serán señaladas de haber desaprovechado la oportunidad de disfrutar de la libertad que le brinda en general la sociedad, pero la mujer que cometió un delito no merece tan fácilmente una segunda oportunidad ya que ha violado un principio que su género le asignaba en la sociedad, el de la obediencia, cuidado y maternidad y es esta concepción la que le propicia un mayor rechazo, incluso legalmente se ve restringida su oportunidad de recuperar la custodia de sus hijos, tiene menos oportunidad de conseguir un trabajo digno y siempre la sociedad le asignará un rechazo, más allá del ya recibido cuando estuvo en prisión, porque su esposo o su pareja seguramente la abandonará para tener a otra persona a su lado que por supuesto que no sea una delincuente y con ello un puerto seguro para el camino de sus hijos, por lo tanto, ante esta falta de oportunidades pueden volver a reincidir o a depender de trabajos inestables y formales.
Quisiera finalmente hacer énfasis en un aspecto impactante en los hijos de las mujeres en prisión. Hacer las cuidadoras tradicionales en la familia, su ausencia genera un vacío económico, administrativo y afectivo lo que en muchas familias favorece a la vinculación con el crimen, ya que muchas dependen de los ingresos económicos del trabajo de las mujeres. Es justo reconocer y señalar la deuda que el Estado Mexicano tiene con las mujeres en prisión, todos sabemos que su encarcelamiento trasciende para quienes son condenadas y repercute irremediablemente en su familia.
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Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
