Hoy en día resulta sumamente obligado reflexionar sobre el sistema penitenciario y el sistema penal, sobre un fenómeno alarmante y cruel, que es el encarcelamiento de las mujeres en nuestro país.
Este fenómeno se ha incrementado de manera sumamente sensible en los recientes años y hay un punto de vista profundamente cruel de la mujer en prisión, y es que el fenómeno de la desigualdad económica y de género que ocurría en las vidas de ellas antes durante y después de prisión es especial.
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Es necesario comentar que la mayoría de las mujeres que ahora están privadas de su libertad no llegaron a la prisión como resultado de su conducta en delitos vinculados al crimen organizado, más aún en su modalidad de líderes, sino que éste se dio por conductas relacionadas a la supervivencia económica, el robo por montos casi siempre relativamente pequeños, delitos cometidos por coacción de sus parejas o familiares y, por supuesto, el narcomenudeo. Debemos de prestar atención a esta realidad que nos está mostrando la terrible desigualdad entre hombres y mujeres en prisión, el acceso que tienen ambos géneros a los recursos económicos que les servirán para su propia manutención durante el tiempo que dure la prisión preventiva o la pena privativa de la libertad, el sostenimiento de familiares con los cuales tiene un gran vínculo, sus padres, hermanos, hijos o familiares y estos factores son cruciales para el factor de su criminalización.
Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inmensa mayoría de mujeres que terminan en las prisiones mexicanas tenían antecedentes sumamente críticos respectos de sus condiciones económicas, esto es, entrelazadas con la pobreza, la falta de un empleo formal y prestaciones sociales, el abandono del centro escolar y, por supuesto, el abandono de sus parejas.
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No terminaríamos de contar las lamentables y tristes historias de la crudeza de las pobres vidas de las mujeres en la cárcel; en muchos de los casos, inclusive, eran jefas de familias que sostenían a sus hijos, a sus padres enfermos, a los hermanos menores, y la carencia de redes sociales y organismos preocupados por la dignidad de la vida de las mujeres, la llevaron al delito, al involucramiento de actividades antisociales en las que quizás tampoco ellas querían participar, pero cuyas condiciones de vulnerabilidad las llevaron a esas conductas ilícitas con tal de lograr motivos de subsistencia para sus seres queridos.
Un dato importante a determinar es que la mayoría de las mujeres en prisión han cometido delitos que no necesariamente se encuentran vinculados con la violencia, sino que también están ligadas por ejemplo al comercio, robo de pequeñas cantidades de mercancías de bajo valor, fraudes no significativos, venta de diversas drogas, pero en cantidades mínimas. Estas conductas desde luego que no representan un riesgo significativo para la seguridad de las familias en sociedad, pero sí exponen a la mujer como un ser humano excluida del desarrollo económico y social; sin embargo, esto es algo que a los vivales de los legisladores poco les importa, no son sensibles a ello y siguen la corriente que demuestra la impericia e ignorancia de sus líderes y el populismo con el que se engaña a la ciudadanía de imponer sanciones significativas, que nunca tomarán en consideración los factores sociales, económicos y educativos que propiciaron que la mujer se hundiera en las garras del delito.
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Así, una vez que la mujer está en prisión aparecen sumamente fortalecidas las barreras económicas. Absolutamente todos los presupuestos, siempre pocos y muy escasos que hay para cárceles de varones, son aún más débiles tratándose de las cárceles destinadas a mujeres porque representan un porcentaje bastante más reducido que las cárceles para los hombres. Generalmente casi no tendrán acceso a talleres que les permitirán adquirir habilidades para su reinserción laboral y esta visión que se tiene de la mujer delincuente las coloca ante una grave discriminación: Todas las mujeres son castigadas, independientemente del delito que cometan.
Existe la idea de que las mujeres delinquen menos y prácticamente no requieren de atención por parte de las instituciones que se encargan de la rehabilitación de las mismas. En suma, se les niegan las oportunidades a fin de prepararse cuando sean liberadas además del castigo social que les imponemos prácticamente siempre en la sociedad, porque seguimos negándonos a admitir que las mujeres igualmente pueden ser víctimas del delito en circunstancias similares a los hombres.
Continuará…
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
