Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán de navío de la Secretaría de Marina (SEMAR) falleció, el 9 de septiembre de 2025, durante un entrenamiento militar con “tiros reales”, efectuado en Puerto Peñasco, Sonora.
“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo, conforme a lo establecido por la ley”, indicó la SEMAR, en su cuenta de la red social X.
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Del Ángel Zúñiga estuvo adscrito, en mayo de 2023, a la aduana de Manzanillo, Colima. Sin embargo, fue relevado de su cargo en la aduana por el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado el 8 de noviembre de 2024, tras denunciar una red de tráfico ilegal de combustibles o “huachicol fiscal”.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó, el 9 de septiembre de 2025, que el suicidio -cometido un día antes- del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez -supuestamente involucrado en la entrega de dinero a funcionarios de Marina que permitían la operación de una red de tráfico ilícito de combustible o “huachicol fiscal”- era un “caso personal”.
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“Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió”, señaló Gertz Manero, durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces, es un asunto de otra naturaleza”, enfatizó Gertz Manero, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
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Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal mencionó que no había certeza de que Pérez Ramírez hubiera estado involucrado en el delito de “huachicol fiscal”.
“Primero, lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de qué él estuvo involucrado en este proceso, entonces pues vienen las investigaciones, pero primero en nuestra solidaridad a la Marina y la Armada de México y por supuesto a los familiares”, dijo la mandataria nacional.
“Segundo, y es muy importante, esta investigación surge de además de las denuncias que había antes nos puede comentar el fiscal de qué se encontró un buque, ¿en qué mes fue?, en marzo [de 2025], en Tampico [Tamaulipas], un buque, ayer le expliqué que presuntamente presuntamente, eso es lo que decían los papeles”, señaló Sheinbaum Pardo.
Por último, la presidenta de la República señaló que el Gobierno Federal actuaría solamente con pruebas contra quienes estuvieran dentro de las líneas de investigación.
“Nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación, sino sencillamente donde hay pruebas. Entonces, mi reconocimiento a toda la Marina, a la Secretaría Marina, la Armada de México, por supuesto, a las Fuerzas Armadas. Y, este caso, pues muestra elementos que se corrompieron y que, una vez que se descubre a partir de las investigaciones que estaban involucrados, se actúa”, insistió la mandataria nacional.
El capitán Pérez Ramírez, supuestamente involucrado en la entrega de dinero a funcionarios de Marina que permitían la operación de una red de tráfico ilícito de combustible o “huachicol fiscal”, se suicidó el lunes 8 de septiembre de 2025, en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, según informó el diario Reforma, citando fuentes federales.
El mando naval se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y estaba señalado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), como uno de los funcionarios que recibió dinero, a través de intermediarios, del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según una lista que obra en el expediente de la FGR, citada por el mismo rotativo, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez obtuvo 100 mil pesos cuando se desempeñaba como responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico y permitió la descarga en ese puerto de un buque con combustible ilegal, en abril de 2024.
“Durante mi estancia en la Aduana Tampico como director estuvieron a cargo los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez; hago del conocimiento que en una sola ocasión le entregué la cantidad de $100,000.00 como gratificación que le enviaba “NK” cuando arribó el primer buque, que fue en el mes de abril 2024″, reveló ante la FGR, el ex director de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín.
“NK” es el indicativo que supuestamente tenía el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, que contaba con orden de aprehensión en su contra y se encontraba prófugo, por ser uno de los intermediarios que tenían los hermanos Farías Laguna, para entregar el dinero a los funcionarios aduaneros, entre ellos varios elementos de la SEMAR, de distintos niveles
Según recordó Reforma, la Unidad de Protección Portuaria es la encargada de brindar seguridad al personal de Aduanas durante las inspecciones, en caso de encontrar explosivos, armas o drogas. Además, son quienes actúan como primer respondientes para puestas a disposición de autoridades ministeriales.
Pérez Ramírez era licenciado en Ingeniería en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar, graduado en 1995, en Veracruz. Se desempeñó como titular de la Unidad de Protección Portuaria, tanto en Tampico como en Altamira.
El mismo diario informó, el 8 de septiembre de 2025, según constaba en las indagatorias de la FGR consultadas, que a través de intermediarios, los hermanos Farías Laguna pagaban a subordinados un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales.
Según el mismo rotativo, el ex director de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, fue uno de los beneficiarios de esos sobornos. Por permitir el desembarco ilegal de 14 buques, obtuvo 24 millones de pesos.
Estos datos fueron parte de la indagatoria que llevó a la detención de 14 personas, entre ellos el vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del ahora ex titular de la Secretaría de Marina, durante la Administración de López Obrador.
Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso, la madrugada del martes 9 de septiembre de 2025, al vicealmirante Manuel Roberto “N” y nueve marinos y funcionarios aduaneros, por presuntamente estar implicados en el desembarque de 31 buques con tráfico ilícito de hidrocarburos o “huachicol fiscal”, en las Aduanas de Altamira y Tampico, durante los dos últimos años.
Según lo informó el diario Reforma, durante una audiencia que duró más de 17 horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez procesó a los imputados por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
El juzgador federal descartó invalidar las declaraciones del capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, por rendir sus primeras declaraciones sin ser testigo protegido.
Siempre según el citado rotativo, Martínez Elizondo dijo que en este asunto ya hubo dos asesinatos, el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR), Magaly Janet Nava Ramos, con la intención de silenciar a los denunciantes.
“La muerte de estas dos personas puede tener un efecto inhibidor sobre otras personas que pudieran aportar información […] No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas”, señaló el juez federal.
Según lo reportó el diario Reforma, el 7 de septiembre de 2025, el contralmirante Guerrero Alcántar fue asesinado luego de denunciar a los hermanos Farías Laguna, de encabezar una mafia delictiva en puertos y aduanas.
El 21 de octubre de 2024, también fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar “B” en la Delegación de la FGR en Colima, y el crimen fue relacionado por la Fiscalía con la ejecución de Guerrero Alcántar.
Según la indagatoria de la FGR, citada por Reforma, tanto Nava Ramos como Guerrero Alcántar fueron ejecutados con pistolas Águila calibre 9 milímetros Luger, y con el mismo ‘modus operandi’, ya que en ambos casos hubo dos sicarios en motocicleta y la complicidad con sujetos a bordo de un automóvil.
Los homicidios fueron parte central de la indagatoria de la FGR contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna. El primero fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y el segundo estaba prófugo.
En distintos operativos fueron detenidos otros cinco oficiales de la Marina y cinco funcionarios de Aduanas. Uno de ellos es Francisco Javier Antonio Martínez, ex gerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional de México (ASIPONA), en Tampico.
El 14 de junio de 2024, el contralmirante Guerrero Alcántar, ex director general de Recaudación de Aduanas, redactó una carta dirigida al entonces titular de la SEMAR, para denunciar, entre otras cosas, que Manuel Roberto Farías Laguna, a través de los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz y Climaco Aldape Utrera, incidía en las designaciones de marinos en las distintas aduanas, para mantener operaciones delictivas.
En la indagatoria de la FGR también se señaló que el escrito fue hallado en la oficina de Guerrero Alcántar, en la 22 Zona Naval en Puerto Madero, Chiapas, su última adscripción en vida. Con el cambio de Administración Federal, al contralmirante le instruyeron presentarse el 10 de octubre de 2025, con el nuevo titular de la SEMAR, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aparentemente en respuesta a su misiva.
Días después, el contralmirante tomó una licencia del 6 al 8 de noviembre de 2024, para atender asuntos personales, y vacaciones del 9 al 25 de ese mismo mes y año. Guerrero Alcántar proporcionó a la SEMAR los lugares exactos de su estancia en Manzanillo y Mazatlán, Sinaloa, según la indagatoria de la FGR, citada por el mismo rotativo.
“Al mantener una relación estrecha con personas de la Semar, se puede inferir que los actores materiales [del homicidio] pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos”, comentó la FGR en la solicitud de aprehensión.
“Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, infiriéndose una relación directa de su homicidio con la reunión del 10 de octubre de 2024, a las 13:00 horas, en las Oficinas del C. Almirante Secretario, posiblemente por la denuncia realizada sobre las personas involucradas que refiere en su manuscrito en una red de corrupción en las aduanas”, abundó la Fiscalía General de la República.
“Se infiere que destacó que en todo momento Fernando Rubén Guerrero Alcántar informó con exactitud donde sería su estancia, llamando la atención que los únicos que lo sabían era personal de la Marina”, insistió la FGR, en su solicitud de aprehensión.
