La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 25 de septiembre de 2025, que su Gobierno mantenía las gestiones diplomáticas con su homólogo de Israel para lograr la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), acusado de delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia.
“Con el Gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón, eso existe desde el presidente [Andrés Manuel] López Obrador que se está pidiendo y ahora pues está insistiendo en esta extradición”, dijo la mandataria nacional, quien informó, además, que también se solicitó a las autoridades de Estados Unidos, la extradición de otras dos personas vinculadas al caso.
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“Además de dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos [DOS, por sus siglas en inglés], que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.
Un día antes, organizaciones no gubernamentales, así como familiares y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, marcharon hacia la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para exigir que se concretaran dichas extradiciones.
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Entre ellas las de José Ulises Bernabé García, el juez de barandilla de Iguala de la Independencia, que estaba en funciones la noche en que desaparecieron los estudiantes, quien huyó a Estados Unidos, donde solicitó asilo político.
Los manifestantes recordaron que a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no se habían fincado todas las responsabilidades y exigieron que las autoridades mexicanas y extranjeras aceleraran los procesos judiciales pendientes.
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El 25 de septiembre de 2025, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -que arribaron a bordo de una veintena de camiones-, derribaron la puerta del Campo Militar 1-A, lanzaron cohetones y vandalizaron las instalaciones castrenses.
Al finalizar un mitin, un grupo de normalistas se esperó para lanzar petardos contra la sede militar y tomó un camión para intentar dar el portazo. Al no lograrlo, los manifestantes colocaron explosivos caseros en la unidad, para incendiarla. Bomberos apagaron el fuego. No se reportan lesionados por los hechos.
Los normalistas también realizaron pintas en el exterior del Campo Militar 1-A que decían: “Hasta encontrar la verdad y justicia” y “Ayotzinapa vive”. Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de los padres de los 43 estudiantes, demandó que se conservara la línea de investigación que apuntaba al Ejército, en tanto no entregaran los 800 folios en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).
“Nos preguntamos, esta institución, ¿de qué privilegio goza en un tema tan emblemático de desapariciones? Que sigue ocultando la verdad. Se sigue burlando del dolor de los padres y madres de los 43, al seguir negando los archivos que hay en poder de la SEDENA, por eso, compañeros, mientras no tengamos información, mientras las investigaciones no avancen, esta línea que tiene que ver con el Ejército Mexicano, para los padres y madres, seguiremos señalando que se tiene que mantener”, exigió el abogado de los padres de los normalistas.
