Ex alcaldes bajo presión

Antes de que estallara el caso de Araceli Brown y el congelamiento de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), otro político bajacaliforniano ya se había visto en la necesidad de ampararse para no perder el control de su dinero. Se trata del ex alcalde de Tijuana, Jorge Enrique Astiazarán Orcí, quien desde el 31 de mayo de 2024 interpuso un juicio de amparo indirecto, expediente 3139/2024, en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Baja California. El recurso, todavía sin sentencia, le otorgó suspensión definitiva para impedir que el SAT ordenara la inmovilización de sus cuentas bancarias. Los actos reclamados son a la Reforma al artículo 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación, por “Inmovilización de cuenta (s) bancaria (s)”; al parecer, de un crédito fiscal una cuenta de BBVA. Efectivamente la suspensión provisional fue concedida, lo mismo que la suspensión definitiva con lo que el ex alcalde de Tijuana puede disponer del dinero en la cuenta referida, aun cuando el fondo del amparo no está resuelto. En teoría, de acuerdo al sistema judicial, éste se debería resolver el próximo 29 de octubre, pero es muy frecuente que tales audiencias se difieran. Claro, a diferencia de la ex alcaldesa de Rosarito, este caso no implica ligas con una red del crimen organizado, particularmente con la Mayiza, del Cártel de Sinaloa. Así, mientras Astiazarán buscó un amparo para adelantarse a un posible bloqueo y protegerse de un asunto de carácter fiscal, Brown lidia con acusaciones que cruzan la frontera y que la colocan en una narrativa mucho más explosiva. Al final, los dos comparten algo más que haber gobernado municipios de Baja California. Ahora también figuran en la lista de exalcaldes con problemas bancarios. Distintos motivos, diferentes consecuencias, pero mismas interrogantes: por qué su dinero está bloqueado o por qué pelean por tener acceso a él.