Minutos antes de que Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, celebrara su fiesta en la explanada del Palacio de Gobierno por su cuarto aniversario en el cargo, en las calles Antonio Álvarez Rico y Hugo Cervantes del Río de la colonia Centro en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, se registró una balacera.
Presuntos sicarios a bordo de un pick up de color gris dispararon en múltiples ocasiones contra el conductor de una camioneta Silverado 4 puertas y de color azul, mismo que murió cuando era trasladado al hospital general de esa comunidad.
Publicidad
“Cuatro años de este camino que iniciamos juntas y juntos, con el firme propósito de devolverle la esperanza a nuestro pueblo. Ha sido un trayecto de esfuerzo y retos, pero sobre todo de resultados que ya se sienten en nuestras comunidades”, dijo el gobernador tras el ataque armado en Comondú.
Justo 24 horas antes de la fiesta del Ejecutivo estatal, en las calles Cuauhtémoc y Mariano Matamoros de la colonia Los Pinos, también en Ciudad Constitución, un hombre y un niño de cuatro años resultaron con lesiones múltiples por disparos de arma de fuego.
Los dos masculinos viajaban a bordo de un automóvil Honda de color gris cuando fueron rafagueados a las afueras de una vivienda de color melón, que presuntamente era cuidada por el hombre lesionado.
Publicidad
“La casa se presume es de un individuo a quien identifican como El Árabe, presunto operador de La Chapiza en Comondú. Las ráfagas de arma larga quedaron marcadas en la pared, donde los sicarios abrieron fuego contra Gonzalo Sánchez Mora y un bebé de cuatro años. Hasta el último informe es que el menor estaba fuera de peligro, no así el masculino”, dijo en su momento un elemento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del estados (PGJE).
Es el segundo ataque armado en dos semanas en Comondú, en el que menores de cuatro años son alcanzados por ráfagas de arma de fuego. El primero ocurrió pasadas las 9:00 de la noche del 26 de agosto en Adolfo López Mateos entre Esgrima y Guadalupe Victoria de la colonia Olímpico en Ciudad Constitución; las víctimas, madre e hija, resultaron con múltiples lesiones que las dejaron con secuelas de gravedad.
Publicidad
En los cuatro años del gobierno de Castro, la incidencia delictiva general ha incrementado un 22 por ciento, mientras que los homicidios dolosos pasaron de 39 en 2022 a 66 en los primeros siete meses de 2025, lo que refleja un incremento al momento de 69 por ciento, además del aumento notable de la violencia originada por la delincuencia organizada en los cinco municipios.
Apenas cuatro años al frente del gobierno estatal y ya ha marcado récords Víctor Castro: el centro de procesamiento y análisis de información México Evalúa presentó las cifras de violencia letal de 2024 a 2025, y colocó a la entidad sudcaliforniana en quinto lugar con el mayor porcentaje de aumento en este factor.
Sitúa a Sinaloa como el primer lugar con el 74.2 por ciento del aumento de la violencia letal provocada por el crimen organizado; le sigue Hidalgo con 28.4 por ciento, Ciudad de México con 26.2, Nayarit 24.8 y Baja California Sur con una tasa porcentual de aumento de la violencia letal de 22.6 por ciento.
“Tres entidades mantuvieron, de enero a julio, un balance muy negativo: Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa. Baja California Sur continúa siendo utilizada como un punto estratégico de las organizaciones para movilizar narcóticos hacia la frontera norte, donde la violencia letal persiste como consecuencia de las disputas entre células operativas de las facciones que anteriormente conformaban el Cártel de Sinaloa”, refiere la agrupación México Evalúa.
FUNCIONARIOS EJECUTADOS
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela un crecimiento en la cifra del 94 por ciento en lo que tienen que ver los homicidios, faltan las cifras de agosto que fue muy activo en los cinco municipios.
En menos de un año, el último de lo que va de la administración de Víctor Castro, han sido ejecutados seis funcionarios públicos del área de seguridad pública: dos policías estatales, tres agentes jefes de grupo de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y uno de la Policía Municipal en Los Cabos.
La mañana del 25 de septiembre un macabro hallazgo cimbró a las corporaciones de la Mesa Estatal de Seguridad Pública, la camioneta de los agentes en activo de la Policía Estatal José Gabriel Morales Meza y Yair Radilla Flores había sido encontrada enterrada en pedacitos.
El entierro ocurrió en el kilómetro 177 del tramo La Paz a Ciudad Constitución en el municipio de Comondú, las huellas de la unidad y la tierra removida fueron suficientes para encontrar la unidad. Sin embargo, los elementos que habían sido reportados como desaparecidos desde días antes, fueron localizados en una fosa clandestina de 80 centímetros por 1.20 metros en la carretera Ciudad Insurgentes-La Purísima, como referencia hacia el norte a 6.5 kilómetros del entronque de la entrada al poblado de Santo Domingo.
El 22 de abril, el Comandante del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Procuraduría, Ulises Omar Cota Montaño, fue cazado y asesinado el 22 de abril cuando llegaba a su casa en el Fraccionamiento Camino Real en el municipio de La Paz, su ataque fue utilizado por miembros del crimen organizado para infringir temor a las fuerzas de seguridad.
También contra la Procuraduría, el 21 de junio fue atacado a balazos mientras comía en un restaurante de La Paz, Mario Quezada, comandante de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI), sicarios se toparon con los agentes en el interior y hubo intercambio de balas, ese día murió el comandante y un sicario en el mismo lugar, horas más tarde dos sicarios más fueron abatidos relacionados con el atentado.
La tercera baja de la PGJE en la era de Víctor Castro fue Nabor Sánchez Camacho, que apenas regresaba de sus vacaciones cuando fue atacado en el interior de las oficinas del Ministerio público en la comunidad de Bahía Tortugas el pasado 30 de agosto, con más de 30 años de servicio y una carrera intachable.
El más reciente atentado se registró en el municipio de Los Cabos: sicarios abrieron fuego contra Ángeles Ojeda de Jesús, director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ocurrido la mañana del pasado domingo 07 de septiembre, en San José del Cabo.
“Antes que nada, pedirles a todos que nos pongamos de pie y le demos un minuto de silencio a nuestro compañero Ángeles Ojeda y un minuto de aplausos también. Gracias por todo el trabajo que realizó, por su amistad y desde aquí le enviamos un abrazo a su esposa”, reconoció Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos.
NARCO INFILTRA SEGURIDAD
A la Mesa Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur se le ha complicado desarticular y detener a miembros de la delincuencia organizada dedicados a traficar drogas a lo largo y ancho del estado.
Detalló el Gobernador Víctor Castro que es por años, décadas: elementos del narcotráfico en la entidad han tratado por múltiples medios, cruzar droga para vender en la región, e incluso para transportar estupefacientes hacia Estados Unidos, es como un monstruo de mil cabezas, cortas una y salen dos más.
“La mafia ha buscado por todos los medios tratar de evadir las medidas de seguridad que tenemos, hay mil formas que este monstruo de mil cabezas que le hace tanto daño a la sociedad sigue buscando, por ejemplo, aquí entra un camión que, en uno de los tanques de combustible de diésel, traía 450 litros de metanfetamina líquida. Ahí en Constitución se encontró el camión, iba con destino a Los Cabos”, explicó Víctor Castro Cosío.
Sostuvo que en la entidad, el gobierno estatal mantendrá una lucha frontal contra miembros del Cártel de Sinaloa y cualquier célula delictiva que busque acomodarse en el estado.
Apuntó que pese al incremento de la violencia en Comondú, con menores de edad involucrados en balaceras, se mantendrán alertas.
“Tenemos que ir a las causas, tenemos que buscar la manera, no sé qué tanto nos vamos a tardar, pero no hay que desistir, no hay que parar, no hay que detenernos en la lucha frontal contra el crimen organizado. Es muy importante lo que estamos haciendo en Comondú, en Loreto para detener este flagelo que atenta contra toda nuestra familia, que atenta contra los muchachitos, contra los jóvenes, contra toda la gente. Ellos están promoviendo el consumo de droga y ellos se están golpeando entre ellos para seguir controlando el mercado”, afirmó el gobernador.
El contraalmirante Miguel Ángel Fernando Lizárraga Fernández, Subprocurador de Delitos de Alto Impacto de la PGJE, sugirió que se despidió del personal de manera prematura.
“Hasta el día de hoy trabajé con ustedes. Hace dos meses y medio, apenas 10 semanas, arribé a estas tierras lejanas, dejando atrás mi familia, mi hogar y mis perros, con una misión: servir al gran estado de Baja California Sur y sus habitantes. Sin ningún interés malsano ni ninguna agenda personal. Sólo servir”, comentó Lizárraga.
En el supuesto mensaje filtrado a través de un grupo de SADAI, el funcionario estatal dejó muy claro que la política no se lleva con él, y antes que ello, primero están sus “hermanos de armas” antes que cualquier delincuente, y que la política no debe interferir con el actuar por el bien de la seguridad de los ciudadanos.
“Lo que no soy, ni por un ápice, es político. Como abogado creo en el Estado de Derecho y como militar creo en tres cosas: cuida a tu gente, cumple la misión y regresa con todos a casa. En ninguna de esas partes dice que se privilegie a la política por sobre todo lo demás, ni que la vida de mi gente sea sacrificable y menos por causas que no valen la pena. La vida de ningún transgresor vale más que la vida de un policía o de un MP. Lo siento, pero no está en mí”, lanzó Miguel Ángel Fernando Lizárraga Fernández.
Aclaró que él nunca se atrevería a renunciar, a dejar sólo al personal, sino que sus servicios concluyeron porque así lo decidieron los superiores, quienes lo cesaron por seguir sus ideales de una justicia leal en beneficio de los pobladores.
“Me corrieron y me voy con sentimientos ambivalentes: satisfecho porque cumplí con mi trabajo. Hice lo que pude de la mejor manera que sabía, gracias a la invaluable labor de todos ustedes. Me voy triste porque hubiera querido seguir teniendo la oportunidad de trabajar con ustedes, pero no así. No de esta manera. No regalándolos. No sujeto a veleidades y a agendas políticas propias”, expuso el funcionario de la PGJE.
Al solicitar información acerca de la renuncia, la respuesta obtenida es que no había información al respecto, y del personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal sostuvieron que dicho mensaje se difundió mediante grupos de WhatsApp.
Animó al personal a seguir firmes en su profesionalismo, que cierren líneas al crimen organizado y que pronto hallarán la salida al problema.
Finalizó expresando al personal que “sigan siendo profesionales, valientes y honorables. Eso no tiene precio y prevalecerá sobre cualquier nubarrón que barrunte en el horizonte. Por muy amenazadores y ominosos que parezcan, siempre acaban siendo disipados por el viento. Donde sea que me encuentre, siempre contarán conmigo”, se despidió presuntamente Lizárraga.
