A través de un documento, el gobernador del Estado Víctor Castro Cosío, confirmó su decisión de aplicar un veto parcial a la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur, que aprobó la XVII Legislatura del Congreso local.
El mandatario argumentó en su exposición de motivos que esta ley establece la creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Baja California Sur, como un organismo desconcentrado de la Administración Pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual administrativamente resulta material y legalmente imposible.
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“Resulta importante resaltar, primeramente, que el Título y los artículos mencionados en supra línea, así como la Ley en su totalidad, genera obligaciones financieras de trascendencia para la Administración Pública Estatal, ya que establece la creación de un nuevo organismo administrativo, así como nuevas atribuciones y obligaciones”, insistió en su explicación.
Asimismo, Víctor Castro advirtió que no se da cumplimiento con los criterios de responsabilidad financiera y hacendaria en el dictamen con el que se aprobó esta ley.
Alegó que la XVII Legislatura del Congreso del Estado debió observar y atender a la literalidad de la norma el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en donde se establecen las Reglas de la Disciplina Financiera.
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En este escenario, sostiene que este dictamen no cumple con los requisitos formales y legales, ya que sólo se consideró, sin ningún sustento documental idóneo, que con esta nueva Ley y las obligaciones que se proponen sí se genera un impacto presupuestal para el Gobierno de Baja California Sur y los Ayuntamientos.
Agregó que, aunque era un requisito, el Congreso no solicitó un dictamen de impacto presupuestal a la Secretaría de Finanzas y Administración.
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Castro Cosío también argumentó que, en Baja California Sur, no existen pueblos y comunidades indígenas de origen sudcaliforniano. Por ello, insiste, tampoco hay otro requisito esencial como es que haya un territorio o un lugar determinado en donde se ubiquen dichas comunidades.
“Se desprende que un requisito esencial para la conformación de comunidades indígenas, es que formen una unidad social asentada en un determinado territorio, lo cual no es la realidad que se vive en nuestro Estado”, plasmó en el veto.
No obstante, reconoció que en la Media Península existen solamente grupos indígenas y afromexicanos que provienen de otras entidades federativas, que arriban con el objetivo de trabajar y, con el paso del tiempo algunos decidieron quedarse a vivir en los municipios.
Esto, según la explicación de Víctor Castro, les da el carácter de grupos migratorios en Baja California Sur.
El mandatario citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para dar contexto sociodemográfico, recalcando que el Censo de Población y Vivienda 2020 se expone que el 1.79 por ciento de la población de la entidad habla lengua indígena y el 1.19 por ciento no habla español de los hablantes de lengua indígena.
Por otra parte, la lengua indígena más frecuente es mate con 23.6 por ciento de hablantes, mientras que el 3.30 por ciento de la población de Baja California Sur se considera afromexicana negra o afrodescendiente.
“El universo de la acción de la Comisión sería demasiado grande para para el porcentaje de población que va atender la misma y, por otro se tendría que erogar una importante cantidad de recursos financieros para su instalación y funcionamiento, lo cual no tiene razón de ser en un Estado en donde también existen diversos aspectos en seguir atendiendo, como lo es en materia de salud, educación, seguridad entre otros”, finalizó.
Líderes condenan el veto
Juan Manuel Urquidez Rangel, delegado nacional del Gobierno Nacional Indígena y Afromexicano, condenó la decisión del gobernador, señalando que existe ignorancia y argumentos que no son justificables para vetar esta ley que es tan esperada por la comunidad que representa.
“Creo que los argumentos no están justificables, para empezar, son recursos de la federación, no son recursos del estado. Existe ignorancia en ese tema. Creo que hay mucha ignorancia sobre el tema, creo que hay ignorancia por parte del gobernador”, señaló.
Recalcó que las personas indígenas sufren distintos atropellos, principalmente por la falta de socialización de derechos que limitan el acceso al goce total de las facultades que un mexicano tiene en cualquier espacio territorial.
“Me sorprendió esa decisión del gobernador, si esta ley, que modificó el artículo segundo constitucional, es del líder moral de los morenistas, Andrés Manuel López Obrador, previo a su salida en el 2024”, recordó.
“Él presentó esta iniciativa para que las comunidades indígenas dejaran de ser objetos de derecho y se deberían de convertir en personas de derecho”, añadió.
Por último, el líder enfatizó que en la colonia 8 de octubre en la delegación de Pescadero cuentan 17 lenguas maternas que, asegura, es el mayor número de lenguas maternas en un asentamiento desde Canadá hasta la Patagonia.
“Y te puedo asegurar que el gobernador no lo sabía, porque el tema de las comunidades indígenas lo ven más como un clientelismo electoral”, finalizó.
