Nos prometieron una nueva justicia. Con jueces electos por voto popular, se dijo que la legalidad estaría más cerca del pueblo. Que no habría nepotismo, que las sentencias serían rápidas, que el sistema judicial se regeneraría desde adentro. Pero hoy, en Baja California y en todo el país, lo que vemos es otra cosa: una estructura híbrida, fragmentada, atrapada entre promesas incumplidas, conflictos internos y una implementación desarticulada.
La mitad de los magistrados y jueces federales ya fueron electos, pero la otra mitad sigue en funciones hasta 2027. Esta coexistencia tensa ha generado disputas por plazas, criterios dispares y una justicia más lenta que nunca. Los nuevos magistrados y jueces, muchos sin perfil técnico ni experiencia, buscan incorporar personal afín, mientras que la reforma prometió no tocar a proyectistas, secretarios de acuerdos, actuarios ni oficiales. Hoy, esa promesa se rompe: hay presión para sustituir a quienes no tienen base, o no son afines a los nuevos titulares y el caos administrativo retrasa resoluciones que deberían ser inmediatas.
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Pero el problema va más allá del desorden operativo. En distintas entidades, jueces recién electos han comenzado a renunciar. Otros han denunciado presiones internas, falta de capacitación, ausencia de protocolos y abandono institucional. Las tensiones entre magistrados y jueces de carrera y nuevos perfiles se agudizan. Y lo más preocupante: están surgiendo retos que aún no vemos del todo. La implementación del nuevo sistema judicial está generando una crisis silenciosa que amenaza con volverse estructural.
En medio de esta reestructuración inconclusa, se propone una reforma profunda al juicio de amparo. Pero ¿cómo reformar el mecanismo más importante de defensa constitucional cuando el propio Poder Judicial no ha sido estabilizado? ¿Cómo hablar de justicia para todos si el sistema aún no funciona?
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Desde Palacio Nacional, Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy aseguran que la reforma no quita derechos, sino que limita abusos. Dicen que el amparo ha sido usado para evadir la justicia, especialmente en materia fiscal. El caso de Ricardo Salinas Pliego ha sido el ejemplo recurrente. Se acusa que ha utilizado amparos para evitar el pago de impuestos millonarios, incluso después de resoluciones definitivas de la Suprema Corte. Pero si el problema son los grandes deudores, ¿por qué tocar el juicio de amparo en su totalidad? ¿Por qué no legislar directamente en el paquete fiscal?
Separar la reforma fiscal o penal del juicio de amparo es lo mínimo. ¿Qué les preocupa si ya tienen todo el poder? La Suprema Corte es del pueblo, la mitad de los jueces son votados, el Congreso de la Unión y los congresos locales tienen mayoría de Morena, igual que el Ejecutivo y la mayoría de los gobiernos estatales y municipales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué buscar reformar el juicio de amparo ahora? No hay una explicación clara. No hay diagnóstico. No hay congruencia.
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Más grave aún: se pretende legislar quién puede o no promover el juicio de amparo. Se busca restringir el interés legítimo, exigiendo que la lesión sea real, actual y diferenciada. Esto cerraría la puerta a causas ambientales, urbanas, comunitarias, y a defensores que no sean directamente afectados. Se debilita el acceso ciudadano justo cuando más se necesita una justicia funcional.
También se pretende limitar la suspensión del acto reclamado, una medida cautelar que protege al pueblo frente a daños irreparables de actos arbitrarios de autoridades. Se excluyen materias como fiscal y seguridad nacional, justo donde más se requiere control judicial. ¿De qué sirve el amparo si no puede frenar el abuso de las autoridades cuando se violan derechos humanos de los ciudadanos?
El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México ha sido claro: esta iniciativa representa un retroceso histórico en el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos. Pero más allá del contenido técnico de la propuesta, el verdadero problema es el momento en que se presenta.
Por eso, desde el Observatorio Ciudadano de Justicia proponemos algo urgente y elemental: antes de discutir cualquier reforma a la Ley de Amparo, debe realizarse una evaluación técnica, operativa y normativa del nuevo sistema judicial. Este diagnóstico debe fundarse en evidencia empírica, indicadores de desempeño y análisis institucional. Es indispensable escuchar a jueces, magistrados, litigantes, universidades, colegios de abogados y ciudadanía. Evaluar lo que ya se transformó, identificar lo que no está funcionando y corregirlo con responsabilidad.
Convocamos también a foros locales y universitarios en todo el país, porque la defensa del juicio de amparo no es solo técnica: es cultural, ética y política. Y hacemos un llamado firme a todos los actores del sistema legal: abogado, abogada, despierta; colegios, defiendan el propósito del gremio; docentes, formen criterio y enseñen a pensar; estudiantes, este momento también es suyo; despachos jurídicos, no sean espectadores. Porque incluso hoy, cientos de abogados y abogadas son gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y funcionarios públicos. La abogacía no está al margen del poder: está dentro. Y por eso, tiene el deber de defender el sistema que le dio voz. Desde el Observatorio, convocamos a sumarse con conciencia despierta. Porque la justicia no se improvisa. Se construye con responsabilidad.
Guillermo E. Rivera Millán es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
