De nuevo la violencia se hizo presente en la comunidad pesquera de Puerto San Carlos, municipio de Comondú, la cuna del cobro de piso en Baja California Sur. Tras enfrentamiento entre sicarios y fuerzas de seguridad, se detuvo a un vehículo con civiles armados, resultando un sicario muerto y otro detenido, así como una camioneta y dos armas largas y una corta.
La mañana del jueves 14 de agosto, se recibió el reporte de una camioneta Kia Sportage gris y sin placas de circulación, la cual había sido reportada con presuntos civiles armados, por lo que montaron un operativo para su captura a las afueras de la comunidad.
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Sin embargo, al observar a las unidades, los sospechosos emprendieron la huida y dispararon contra las fuerzas de seguridad. La persecución continuó hasta el km 9 del tramo San Carlos a Ciudad Constitución; allí, la unidad salió del camino y el enfrentamiento siguió hasta detenerlos.
“Ya los estaban esperando, una fuente del pueblo filtró información para dar con la célula; en total eran tres sicarios, pero sólo fue posible el aseguramiento de dos personas. Esos fueron los primeros datos. Llevaban semanas buscándolos por la ola violenta en Comondú, con ejecutados, casas baleadas, quemadas y desaparecidos”, indicó la fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Según la fuente de investigación, los sicarios que viajaban a bordo de la camioneta gris, formaban parte de la estructura encargada del cobro de piso a pescadores de Puerto San Carlos, además de uno de los generadores de violencia en los municipios de Comondú y Loreto.
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“Se activó de inmediato el código rojo y comenzó la persecución, que terminó en el kilómetro 9, donde los ocupantes abrieron fuego contra los uniformados. Los agentes repelieron la agresión, quedando un civil abatido en el lugar y otro más detenido. En la camioneta fueron aseguradas un arma larga, dos cortas y presunto narcótico, todo puesto a disposición de la autoridad competente”, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Para los habitantes de la comunidad pesquera, las autoridades ya conocen el problema, pues saben del sistema con el que opera la maña en esta localidad y sus alrededores.
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“Andan ciscados de los dos bandos, y eso es más peligroso para nosotros los habitantes, y no me refiero a contras de la maña; andan ciscados el grupo que está controlando la pesca y las autoridades, la persecución de San Carlos, fue una total confusión. Los plebes andan tan drogados y tan alerta que respondieron a la mínima reacción policial; y viceversa, los de seguridad andan al tiro para que no entren los otros, eso es lo que se dice en el pueblo”, explicó uno de los cooperativistas de Puerto San Carlos.
De inmediato el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, celebró la captura de uno de los sicarios tras la agresión contra las fuerzas de seguridad sobre la carretera a Puerto San Carlos.
Sin embargo, bastaron unas cuantas horas más para que otro ataque armado fuera dirigido contra las familias del municipio de Comondú. Cerca de las 10 de la noche de este mismo jueves, en las calles de Allende y Ruiz Cortines de la colonia Los Pinos de Ciudad Constitución, dos jóvenes de 24 y 29 años fueron atacados a balazos; el mayor murió en el lugar de los hechos y otro fue trasladado con múltiples heridas.
El gobernador negó que exista una ola de violencia que esté azotando a Baja California Sur.
“El que diga que hay una ola de violencia; la verdad lo respeto, pero no estoy de acuerdo, porque es mentira”, sostuvo Castro.
Pese a las declaraciones del Ejecutivo Estatal, cerca de la medianoche de este lunes 18 de agosto en las calles 20 de Noviembre, entre 16 de Septiembre y Cuauhtémoc de la colonia Centro de Ciudad Constitución.
Dos hombres fueron atacados a balazos, resultando un masculino de 46 años y originario del estado de Sinaloa sin vida, además de otro hombre de 24 años lesionado. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones para detener a los responsables, de quienes desconocen sus generales.
EL CRIMEN ORGANIZADO SE ADUEÑO DE COMONDÚ
“Ya no se pueden hacer bailes, peleas de gallos, carreras, el alcohol… (todo) lo tienen controlado desde hace algunos años, el pescado y el marisco; y ahora que están los madrazos, le están pegando a todas las personas que ayuden a estas personas: por darles un raite, por guardar un carro, cuidarles cosas, por todo y por nada. Ya ves el muchachito deportista de 17 años que mataron; ahí se equivocaron y todo porque era amigo de un puchita y él ni en cuenta, era un deportista que le ayudaba a sus papás en la venta de verdura”, expresó Luis Manuel, comerciante de Ciudad Constitución.
El crimen organizado está carcomiendo las principales economías de Baja California Sur. Así lo dijo Martín Inzunza Tamayo, director del Fondo para la Protección de Recursos Marinos (Fonmar), ya que “ellos obligan a la gente que les vendan a ellos; eso no puede ser posible, ¿verdad?, porque implica una violencia, una adquisición violenta, bajo amenazas de un producto”.
Aún con los testimonios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Gobierno del Estado negó que exista el delito, debido a que no hay denuncias por esta actividad criminal. Esto dijeron los empresarios:
“Todo el mundo sabemos que está involucrada la ‘otra empresa’. El tema de la pesca no es secreto de nadie, se sabe desde hace muchos años, se ha hablado de este tema mucho tiempo, en el norte, el tema de las cooperativas y demás que lamentablemente han sufrido de esto por más tiempo, sabemos lo que ha pasado también en el sur, en el municipio de Los Cabos”, expuso David Gracia, presidente de la CANIRAC La Paz.
“Sí han habido algunos asaltos a establecimientos comerciales, han habido algunos temas de cobro de piso; incluso por ahí algunos problemas que han encontrado comercializando productos robados de nuestras mismas empresas”, añadió Paul Valdivieso Pérez, presidente de la Confederación.
La opinión de los habitantes de Ciudad Constitución y Puerto San Carlos, en Comondú, coincide en que el crimen organizado está muy arraigado en las actividades económicas de la región, especialmente en las pesquerías de alto valor, fiestas como bailes, carreras y peleas de gallos, así como la venta de alcohol, prostitución y de cigarros.
Expresaron que la delincuencia ha mantenido el control de la zona. “Se apaga por días y vuelve con ejecutados, pero todas las noches hay balaceras y eso no lo dice el Gobierno. Y en cuanto a las actividades con ‘cuota’, ya averiguamos y es igual; apenas sacamos el producto a la calle a vender y nos cayeron, amenazantes: ‘Que no se les olvide que esto (maricos) tiene dueño o voltearon bandera’, eso dijeron y con eso es suficiente para nosotros evitar problemas”, detalló Luis Manuel.
ABUSO POLICIACO
Mientras las calles se tiñen de rojo y hombres armados siguen ejecutando personas en el municipio, las fuerzas de seguridad han implementado un operativo denominado “apagafuegos”, que consiste en desarticular reuniones sociales después de las 10 de la noche, pero que en la práctica ha generado denuncias ciudadanas.
El 12 de agosto, pasadas las 10 de la noche, un convoy de elementos de la Mesa Estatal de Seguridad, entre efectivos de la Marina, Policía Estatal y Municipal, acecharon a un par de jovencitas que se encontraban en su casa con música en una bocina; sin previo aviso, les dijeron que había “toque de queda” a partir de las 22 horas, que les prohibía seguir con su evento recreativo.
Policía (P): “Voy a estar por aquí. Me las vuelven a reportar que tiene su escándalo y su ruido, me las llevo detenidas, enteradas. Así que, por favor, guárdame esa bocina y apágamela ahorita ya, ¡Vámonos para dentro, rápido!”.
Jovencita (J): “¿Le puedo hacer una pregunta?”.
P: “¡¿Qué pasó?!”.
J: “¿Puedo tenerla bajito?”.
P: “No, es un código civil. 22 horas apagafuegos, nada más, vámonos señores. ¡Rápido!”.
J: “Pero…”.
P: (La interrumpe con voz alta) “¿Qué pasó? ¿Preguntas, dudas? ¿A qué se dedica usted? A qué te dedicas, pregunté”.
J: “A mi negocio”.
P: “¿De qué es?”.
J: “De pedicura”.
P: “¿Y usted?”.
Jovencita 2: “Yo estudio”.
Policía: “Sale, vámonos, de una vez, rápido. Les hablé con respeto, fuerte y firme, pero con respeto, nada más. No le ofendí ni dije groserías”.
Jovencita 2: “Pero baje la voz”.
P: “No tengo por qué”.
La joven dijo que esto es un claro abuso policial porque, además de alzar la voz, fue amenazante con ellas y con armas largas desenfundadas. Por fortuna, una de ellas pudo documentar el caso; de lo contrario, no habría evidencia o un informe del asunto.
“Me querían llevar detenida por tener música a las 10:30 de la noche, pero los malandros con todo en la ciudad. Nunca me había tocado una ‘autoridad’ que tratara así; me vio tranquila y quiso asustar, supongo. El respeto se gana y se otorga, tengas uniforme o no”, denunció la joven afectada, y dijo que teme que los uniformados regresen por evidenciar su actuar.
Esta clase de abusos ya se están convirtiendo en algo común, y esto se remonta a la recién detención ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la PGJE a las 12:15 horas de este viernes 15 de agosto, en contra de Justo Aaron García Higuera quien se desempeñaba como encargado de la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la Dirección General de Seguridad Pública en Comondú.
Al funcionario público lo vincularon a proceso por el delito contra la procuración y administración de justicia, esto en contra de un ciudadano, a quien levantaron Policías Municipales por sus instrucciones y lo privaron de la libertad.
“Los hechos ocurrieron la noche del 12 de julio del 2025, cuando el imputado, en su calidad de servidor público, ordenó de manera ilegal y arbitraria la detención de una persona en el corralón municipal de la colonia Los Olivos, en Ciudad Constitución. La víctima fue trasladada a las oficinas de la corporación sin ser puesta a disposición de la autoridad competente, ni existir una orden judicial o flagrancia de delito, dejándola en estado de indefensión”, indicó la Procuraduría Estatal.
Esto no es un tema desconocido en Comondú. Ya en 2011 resonó el caso Asael Valtierra Loya, un joven de 22 años que trabajaba en la gasolinera familiar ubicada en Puerto San Carlos, el cual salió al mediodía del 31 de enero de ese año, a depositar 480 mil pesos a la sucursal de Bancomer en Ciudad Constitución, producto de las ventas, y fue localizado en el interior de un auto calcinado.
Las investigaciones llevaron a que elementos corruptos de la Policía Municipal de Comondú instalaran un filtro de revisión falso, y cuando el joven llegó, lo secuestraron los municipales y lo trasladaron a una brecha en las cercanías del ejido Josefa Ortiz de Domínguez; allí lo entregaron al crimen organizado.
Los informes de ese día relatan que el joven fue torturado por sus captores y
enseguida recibió un tiro en la cabeza, lo pasaron a la parte trasera de la unidad en que viajaba y lo rociaron de gasolina, para después encender el carro.
En el caso se presume, participaron al menos 12 personas, de los cuales internos y sentenciados se encuentran tres individuos; cinco más esperaban sentencia, entre ellos un ex Policía Municipal implicado, de nombre Guillermo Aripez Geraldo, además de otros dos compañeros: Moctezuma Bareño Mayoral y el comandante Felipe Rodríguez Higuera (ambos se encuentran prófugos).
