Un mecanismo opresor

Desde el año 2019, cuando el gobernador Francisco Vega de Lamadrid instauró el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, se les hizo de conocimiento que estaba viciado de origen, y una de las primeras críticas es que el principal transgresor al derecho de libertad de expresión era precisamente Francisco Rueda Gómez y el equipo de Comunicación Social del estado, donde aparecía el nombre de quien ahora es conocida como Gina Cornejo.

Luego de un breve paso en el bienio de Jaime Bonilla Valdez ocurrió lo mismo, entendiendo que el principal opresor era el mismo gobernador y su comparsa, Amador Rodríguez Lozano, quien desde el primer día intentó amedrentar a periodistas y medios de comunicación, como el caso de ZETA al que intentó calumniar, difamar y “castigar”.

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En el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, uno que vende una cara amigable, se demostró, una vez más, que la Secretaría General de Gobierno, dirigida todavía, por Alfredo Álvarez Cárdenas, no puede ser la encargada de proteger a los periodistas y activistas porque, simplemente, el gobierno es el principal represor.

El pasado miércoles 13 de agosto, la periodista Dianeth Pérez Arreola cuestionó -ojo, cuestionó- a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre la presunta relación de la empresa encargada de la construcción de la planta Nopalera en Tecate, con el crimen organizado. No hubo detalles en el cuestionamiento, sólo una pregunta derivada de versiones que hicieron llegar a la reportera, pero la reacción de la mandataria fue inesperadamente fuerte, contundente y preocupante: dio a conocer en ese momento notificaría a la Fiscalía General de la República (FGR) por hacer acusaciones tan severas -aunque no fue una acusación sino una pregunta-, y pidió una investigación al respecto.

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Días después, Alfredo Álvarez Cárdenas -quien dicho sea de paso tiene en su equipo a Melba Adriana Olvera, excomisionada de los Derechos Humanos-, acudió a las instalaciones de la FGR para presentar una denuncia que llevara a una investigación, donde también se vinculó a la SEPROA y a la CESPTE, entidades encargadas del proyecto.

El asunto escaló al grado de que la FGR notificó rápidamente a la periodista Pérez Arreola sobre el hecho, y la “invitó” a que si tenía información sobre la pregunta que hizo a la gobernadora, se presentara a proporcionarla, lo cual organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, coincidieron, representaba un acto de intimidación y de amenaza institucional.

Pero no es el único caso que demuestra que el mecanismo no sirve para ponerse en manos del gobierno, como cuando ZETA recibió amenazas directas por parte -presuntamente- de integrantes de la delincuencia organizada, y donde su único ejercicio fue hacer una bitácora que no llevó a nada.

O el caso del compañero periodista Israel García, propietario de la página de redes sociales Reporte Ciudadano, de Mexicali, el cual fue violentado por varios sujetos durante la cobertura de un accidente.

Han pasado ya cinco años de esa agresión y la impunidad persiste, incluso, cuando en días pasados fueron detenidos ambos sujetos debido a que ignoraron las notificaciones para sus audiencias. La FGE nunca lo consideró un atentado al ejercicio periodístico y lo ha considerado exclusivamente como un caso de lesiones entre particulares. Tras detenerlos, los sujetos fueron liberados y se les fijó -nuevamente- una fecha de audiencia para el 16 de enero de 2026. Israel no es una celebridad, ni una figura pública; es un generador de contenido de impacto que trabaja honestamente, y que ha seguido su caso como marcan las leyes, pero aun así no encuentra justicia.

El Mecanismo de Protección a Periodistas está enterado del caso, pero no ha hecho absolutamente nada para garantizar la protección ni acelerar el caso contra el compañero, lo que confirma -una vez más- que no sirve para garantizar la seguridad del ejercicio periodístico.

A esto se le pueden agregar también los casos de los compañeros periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, quienes fueron asesinados y que sus casos permanecen sin sentencia a los autores intelectuales.

Por cierto, la empresa encargada del proyecto de la Nopalera se llama CON2A S.A. de C.V., en agrupación con Aranda Sistemas y Equipos Hidráulicos S. de RL. de C.V., información disponible en la PNT desde el año 2023, las cuales -hasta donde se pudo indagar- no cuentan con vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, CON2A forma parte de las favoritas del gobierno de Marina del Pilar desde que era presidenta municipal de Mexicali, y que -desde ese entonces- diseñó esquemas para simular competencia en los paquetes de obra, donde “enfrentaba” propuestas con otras dos empresas propiedad de sus hermanos y que se ubicaban en el mismo domicilio. Es decir, sí hay algo cuestionable en la entrega de los 209 millones de pesos que costó la ampliación del proyecto.