La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de México y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para la implementación del llamado “Proyecto Portero”. La mandataria aclaró que, pese al comunicado emitido por la agencia estadounidense, no hay ningún convenio formal ni operativo conjunto en curso con la DEA.
La presidenta informó que el único acuerdo en materia de seguridad que está en proceso de formalización es uno con el Departamento de Estado de EE.UU., coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este convenio, aún no firmado, se basa en lineamientos constitucionales y en la Ley de Seguridad Nacional, recientemente reformada para regular la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
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La presidenta explicó que lo único que ha ocurrido recientemente es la participación de un grupo de policías mexicanos en un taller en Texas, sin implicaciones operativas ni compromisos bilaterales. “El día de ayer la DEA emitió un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. No sabemos con base en qué emitieron ese comunicado”, expresó Sheinbaum, visiblemente molesta por lo que calificó como una comunicación unilateral.
El “Proyecto Portero”, según la DEA, busca desmantelar a los llamados “guardianes” de los cárteles, operadores clave en los corredores de contrabando de drogas, armas y dinero entre México y Estados Unidos. La agencia describió el programa como una “operación insignia” que incluiría entrenamiento conjunto y estrategias de inteligencia compartida. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que cualquier colaboración debe respetar los principios de soberanía, confianza mutua, respeto territorial y coordinación sin subordinación.
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Este episodio se suma a una serie de desencuentros históricos entre México y la DEA. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación con la agencia antidrogas se tornó especialmente tensa. En 2020, tras el arresto del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, el gobierno mexicano exigió su repatriación y reformó la Ley de Seguridad Nacional para limitar la operación de agentes extranjeros. AMLO acusó a la DEA de “fabricar delitos” y de actuar con prepotencia e intromisión.
Otros momentos críticos incluyeron la disolución de la Unidad de Investigación Sensible (SIU), entrenada por la DEA, y la negativa del gobierno mexicano a validar operativos como la infiltración al Cártel de Sinaloa sin previo aviso. Incluso en el caso de la captura de Rafael Caro Quintero en 2022, el presidente López Obrador insistió en que fue resultado exclusivo de inteligencia nacional, pese a los señalamientos de colaboración por parte de la DEA.
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Con su posrtura, Claudia Sheinbaum continúa la línea de defensa de la soberanía nacional iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, marcando distancia frente a cualquier intento de intervención unilateral por parte de agencias extranjeras.
