A más de diez días de que fue asesinado el fiscal federal para el estado de Tamaulipas, de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, la dependencia tiene a un detenido, pistas de otros participantes en el crimen y la posible línea de investigación que apunta al combate al robo y tráfico de hidrocarburos, en su modalidad de huachicol fiscal; sin embargo, no se revela el móvil que detonó la ira de los delincuentes que les llevó a privarlo de la vida, en la ciudad de Reynosa.
La hipótesis de que se trató de un asunto relacionado con el huachicoleo se parte en dos líneas: la primera de ellas alude –en conveniencia a las autoridades– a una posible represalia de grupos del crimen organizado, en concreto de la célula de Los Metros, por los operativos que durante 2025 se han traducido en el aseguramiento de importantes cantidades de combustible ilícito; y la segunda, a un presunto faltante de 10 millones de litros de diésel asegurados, que incluso fue motivo de acciones legales por parte de una empresa ante tribunales federales.
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En ambas teorías, en los aseguramientos han intervenido tanto la Secretaría de Marina (SEMAR), como la Secretaría de la Defensa Nacional DEFENSA), la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y, desde luego, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Ministerio Público de la Federación que abrió las correspondientes carpetas de investigación en cada caso. Sin embargo, es precisamente la Fiscalía la que se encarga de los peritajes y la cuantificación de productos asegurados.
Después de ocurrido el homicidio de Vásquez Reyna, el 4 de agosto reciente, sobre el bulevar Hidalgo, en Reynosa, cuando circulaba a bordo de una camioneta oficial y le dispararon con armas de fuego y le atacaron con granadas explosivas, para pronto, al día siguiente, la FGR informó a través de un comunicado que podría ser una represalia de grupos del crimen organizado, por los golpes recientes que se han dado al huachicol fiscal en la región, en los que se decomisaron más de 1.8 millones de litros de combustible robado, así como maquinaria utilizada para estas actividades.
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Por su parte, en la misma fecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad federal ya se encontraba apoyando en las pesquisas sobre los hechos violentos, y que pronto habría información al respecto. Y así fue, porque el 8 de agosto, la FGR anunció la captura de Jareth Roberto Hernández Rojas, presunto miembro de la facción criminal Los Metros, del Cártel del Golfo, como uno de los probables responsables del crimen del hombre que ocupaba el cargo que todavía hace un par de años era conocido como “delegado”, Ernesto Vásquez Reyna.
Labores de inteligencia permitieron identificar un vehículo relacionado con el ataque y, a partir de ello, se pudo ubicar al único implicado, sin que se revelara que tipo de declaración realizó ni que dijo en ella. La Fiscalía se limitó a informar el domingo 10 de agosto, que Jarteh Roberto fue vinculado a proceso penal, en flagrancia poseyendo armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga, en la ciudad de Reynosa; el juez encontró indicios legales para procesarlo, dejarlo en prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad Altiplano y establecer el plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
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HUACHICOL FISCAL
Durante 2025, las autoridades federales en México han llevado a cabo importantes aseguramientos de hidrocarburos en Tamaulipas como parte de su estrategia para combatir el robo y el tráfico de combustible. Sin duda, el golpe al crimen organizado en esos terrenos fue el realizado por las fuerzas federales a finales de marzo de este año en el puerto de Altamira y que habría pasado por la aduana de Tampico. Fue asegurado el buque carguero Challenge Procyon, cuyos representantes de una empresa declararon transportar aditivos para aceites, pero tras una inspección se detectó que contenía combustible.
La información oficial dijo que se trataba de 10 millones de litros de diésel. Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que en expedientes de juicios de amparo entablados por la compañía “perjudicada” que en realidad eran 20 millones de litros, lo que generó dudas sobre la cantidad real. Inicialmente se informó sobre la detención de once personas relacionadas con este caso, cuyos nombres, paradero y situación jurídica actual se desconoce. También fueron asegurados 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.
Fue un informe periodístico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el que reveló que, contrario a los datos oficiales iniciales que indicaban un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira, expedientes judiciales del asunto mencionaban 20 millones y se desconocía qué ocurrió con la otra mitad del combustible. Esta situación generó dudas sobre la transparencia en la gestión de los bienes asegurados y una investigación sobre el paradero de los 10 millones de litros supuestamente faltantes. A la fecha, la cifra oficial se sostiene en lo informado al principio.
Autoridades primeras respondientes aseguraron que la cantidad exacta de lo decomisado correspondía al Ministerio Público de la Federación, que dejó la cifra en la carpeta de investigación en coincidencia con lo reportado. Por ello, es una de las líneas de investigación sobre el homicidio de Ernesto Vásquez Reyna. Sin embargo, existen otros aseguramientos más recientes que también causaron perjuicios a los grupos criminales que trafican con huachicol fiscal.
A finales de la primera quincena de julio de 2025, en un operativo efectuado en Nuevo Laredo, elementos de fuerzas federales aseguraron más de 2.5 millones de litros de diésel, que junto con otra acción previa en la misma región, sumaron un total de más de tres millones de litros incautados en un periodo de horas. El operativo se centró en varios carrotanques que transportaban el combustible de forma ilegal, aunque no se informó de personas detenidas.
Otro operativo importante fue comunicado mediáticamente el 26 de julio. De acuerdo con los datos, agentes federales se trasladaron a un predio de la colonia La Escondida, en Reynosa, que funcionaba como centro clandestino de almacenamiento de combustible ilícito. La Fiscalía General de la República aseguró un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo. También incautaron nueve tractocamiones, 39 autotanques, 39 contenedores móviles, 12 motobombas y otros equipos. No se reportaron detenidos en este evento, aunque la FGR abrió una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables.
LOS METROS
Aunque se tiene la duda de la autoría del grupo criminal que estaría detrás de la importación falseada de aditivo que resultó ser diésel en Tampico-Altamira, y que fue motivo de controversia en cuanto a los millones de litros asegurados, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y Los Metros, es a estos últimos a los que se atribuye su presunta responsabilidad en el homicidio del fiscal federal Vásquez Reyna con los elementos surgidos a raíz de la detención de Jarteh Roberto, sujeto que ya estuvo detenido en febrero de 2020, junto con otros tres sujetos por el intento de asesinar a policías de investigación y policías federales en Reynosa, pero fue dejado en libertad posteriormente.
Jareth presuntamente pertenece a Los Metros, una de las facciones más sobresalientes y violentas que se desprendieron del Cártel del Golfo, con una historia compleja que refleja la fragmentación del crimen organizado en Tamaulipas. Surgieron como un “brazo armado” del CDG y su nombre se originó con Samuel Flores Borrego, que tenía la clave operativa de Metro 3, quien era uno de los lugartenientes de Osiel Cárdenas Guillén. Después de la captura de Osiel, el cártel tamaulipeco experimentó una serie de divisiones internas.
De acuerdo a fuentes abiertas, Los Metros se consolidaron como una facción independiente en 2005, inicialmente bajo la dirección de Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, y desde entonces su principal área de operación se encuentra en la ciudad de Reynosa y sus alrededores. La disputa por el control de esta plaza es constante y brutal, ya que es un punto estratégico para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas como el robo de distintos tipos de hidrocarburos.
Esta organización criminal se caracteriza por su alto grado de violencia y por diversificar sus actividades criminales más allá del narcotráfico. Sus delitos incluyen homicidio, sicariato, secuestro, extorsión, narcotráfico y huachicol. A lo largo de su historia, han tenido varios líderes que han sido detenidos o abatidos, lo que ha provocado constantes reestructuraciones. Entre los nombres más mencionados de sus mandos actuales se encuentra el de César Morfín Morfín, alias El Primito o M1, sancionado en Estados Unidos por liderar una red de sustracción de combustible.
Otros presuntos líderes de Los Metros de Reynosa son Carlos Humberto Acuña de los Santos, El Comandante Mono o M36, junto con Santos N., alias El M47, al que se identificaba como el jefe operativo, responsable de extorsiones y ejecuciones en la región. Este grupo mantiene conflictos directos con otras facciones del Cártel del Golfo, como Los Ciclones y Los Escorpiones, con quienes se disputa territorios clave como Reynosa, Matamoros y el puerto de Altamira. También mantienen una rivalidad histórica con el Cártel del Noreste, que surgió de la ruptura de Los Zetas con el Cártel del Golfo.
En cuanto a sus alianzas, según reportes de inteligencia, Los Metros han colaborado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su lucha por el control de la región, lo que reforzaría la línea de investigación sobre el buque con diésel asegurado en Altamira y que significó una sangría importante para la delincuencia organizada.
TRANSAS EN PEMEX
Tan pronto se anunciara –el 5 de agosto de 2025– la estrategia del Gobierno de la República para rescatar a Petróleos Mexicanos (PEMEX), en un plan 2025-2035, comunicado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que señaló que la paraestatal es rentable y en 2027 saldrá adelante “solito”, seis días después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el presidente de la empresa Roma Energy Holdings, Alexandro Rovirosa, y también en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario de PEMEX, por presuntos sobornos de hasta 150 mil dólares a tres funcionarios de la compañía del estado mexicano, entre 2019 y 2021.
De acuerdo con la acusación, ambos entregaron efectivo y bienes de lujo para manipular licitaciones y obtener contratos de PEMEX por 2.5 millones de dólares. Tanto Rovirosa como Ávila, residentes permanentes en la Unión Americana, enfrentan cargos por corrupción y fraude en el sector energético. Los presuntos sobornadores fueron ligados a personajes muy prominentes de la llamada Cuarta Transformación (4T), corriente política que inició con la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y continúa con Claudia Sheinbaum. Uno de esos personajes es el polémico senador Adán Augusto López Hernández.
mjrbeu