Estrategia -de papel- contra la extorsión

El lunes 4 de agosto, la gobernadora Marina Ávila Olmeda anunció una estrategia contra la extorsión, donde si bien reconoce que existe, aunque no haya denuncias, minimizó la gravedad del problema

El anuncio de una Estrategia de Seguridad contra la Extorsión, tuvo pocos elementos tangibles y rescatables; lo más importante es que el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reconocen que existe la extorsión en Baja California, algo que históricamente se ha minimizado o negado bajo el argumento de que no existen denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

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El pasado lunes 4 de agosto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó una conferencia de prensa que tuvo como objetivo anunciar el Plan de Seguridad contra la Extorsión, que es un símil al anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el proyecto nacional.

Sin embargo, la exposición presentada durante dicha conferencia en la que se hizo acompañar de mandos estatales y federales, no representó una radiografía de la problemática de extorsiones y cobro de piso, sino que fue un reconocimiento de que la problemática puede existir, aunque presumieron que en Baja California nos colocamos en el lugar 19 a nivel nacional de este hecho delictivo.

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Desde hace algunas semanas, en ZETA nos hemos dedicado a ofrecer información relacionada con las diversas modalidades de cobro de piso y extorsiones, donde parten casos como el del restaurante “Pez Gallo”, donde tres individuos pertenecientes a la comunidad masónica, de los cuales uno se hace pasar por abogado, extorsionaron a uno de sus “hermanos” por la cantidad de 800 mil pesos, bajo el argumento de que le debía a personas peligrosas, a las que recurrió para investigar si tenía una investigación en su contra, lo cual resultó falso.

O los casos de cobro de piso en el municipio de Tijuana, donde se entregaban anotaciones en pequeños fragmentos de papel para cobrar fuertes sumas de dinero a propietarios de negocios de diversos giros.

Todo esto es evidencia clara de que en Baja California se documentan casos de extorsión, pero no en todos se presentan denuncias.

A estos y otros modos de operación criminal, se le agregan los tradicionales casos de extorsión telefónica a comercios y a personas de diversos sectores de la sociedad, donde a través de un secuestro virtual o actos de intimidación, los ciudadanos optan por pagar enormes sumas de dinero a personas que -en la mayoría de los casos- se encuentran recluidos en los penales de entidades como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán.

La narrativa ofrecida por el Poder Ejecutivo en el combate a la extorsión ubica como punto de partida el reconocimiento de que existe la extorsión, pero no lo plasmaron en la estrategia porque realmente no conocen la magnitud del problema.

Atribuyen a llamadas telefónicas de estafa o a grupos de dos o tres personas que se organizan para experimentar en un nuevo esquema criminal, en vez de asumir una postura de responsabilidad y de investigación en contra de estos grupos delictivos.

Las autoridades a cargo del general Laureano Carrillo Rodríguez y de María Elena Andrade Ramírez, carecen de información sobre el esquema criminal de la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pese a que cuentan con tecnología para localizar a una persona en cuestión de minutos a través de su celular.

El propio general Laureano Carrillo, aseguró que se crearán grupos interdisciplinarios efímeros para atender casos específicos que se documenten. Esto quiere decir que no funcionarán de manera permanente, sino cuando se requiera y sin especialización.

También anunciaron modificaciones al Código Penal para endurecer las penas y clarificar la tipificación del delito de extorsión, que actualmente puede generar penas de hasta siete años, con la posibilidad de incrementar dependiendo de ciertas características.

Infortunadamente, la estrategia contra la extorsión no incluyó mejores condiciones para un ente que podría ser considerado el eje central del combate a este delito, como lo es el C5i, donde sus trabajadores, sobre todo los del 089, trabajan extenuantes jornadas, sin derechos de seguridad social, e incluso con graves rezagos en temas tan elementales como diademas telefónicas, sillas y computadoras.

La estrategia contra la extorsión anunciada hace unos días representa una visión generalizada de la problemática que no se tropicaliza en los verdaderos problemas que se tienen en Baja California, en el cual pretenden cargar toda la responsabilidad a la denuncia de la ciudadanía, la cual no confía en sus autoridades.