Rumbo al Primer Informe de Gobierno, que será presentado el 1 de septiembre, las conferencias mañaneras de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han plagado con discursos de sus proezas.
En términos económicos, la buena noticia es que la recaudación de impuestos aumentó 10 por ciento, equivalente a 84 mil millones de pesos; la mala fue que la deuda externa subió 23 por ciento y la interna 11 por ciento (juntas suman 2.3 billones de pesos).
Publicidad
Además, aunque el 30 por ciento de la población sigue en pobreza extrema, y el 62 por ciento de los mexicanos pertenece a la clase baja, el 14 de agosto la mandataria declaró que era una “hazaña de la Cuarta Transformación” que, a partir de 2018, poco más de 13 millones de mexicanos salieran de la pobreza extrema, según el INEGI.
Contado en números, esto significa que esas personas salieron del cinturón de escasez extrema debido a que su ingreso mensual está, por lo menos, un peso por encima de la mínima cantidad de dos mil 453.34 pesos mensuales; o sea, apenas 613 a la semana en áreas urbanas, y mil 856.91 pesos mensuales, 464 a la semana, en zonas rurales, porque esos fueron los márgenes que estableció en INEGI.
Publicidad
El problema es que esas mismas personas no tienen derecho a la salud, porque están obligadas a atenderse en el IMSS Bienestar, un sistema que, en Baja California, sobrevive en la permanente escasez de medicinas, insumos y personal, denunciada por los médicos. Mientras los usuarios deben esperar meses y meses por una cita, y los que son atendidos, acusan tener que pagar “500 pesos diarios por una camilla”, por la sobrepoblación, o “700 pesos por unas mangueritas”, por la falta de insumos.
Súmele la poca utilidad de un hospital inaugurado en la Zona Este de Tijuana en noviembre del 2024, en el que también falta todo, por lo que remiten a los usuarios al Hospital General, que padece la misma situación.
Publicidad
Ahí se refleja la reducción de 122 mil millones de pesos al presupuesto federal de salud para 2025; un recorte que se ha ampliado porque los ingresos públicos estimados se redujeron otros 63.2 mil millones de pesos los primeros tres meses del año.
De la violencia, en la conferencia mañanera del 27 de agosto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que 212 personas han sido detenidas a partir 6 de julio, cuando se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión; a la fecha, se han denunciado tres mil 016 extorsiones consumadas y se han abierto al menos mil 111 carpetas de investigación.
Esas fueron las optimistas noticias de un gobierno que tardó 10 meses en tomar la decisión de combatir las extorsiones, un delito que encontró su caldo de cultivo durante el gobierno lopezobradorista.
En este tema, otro ejemplo local, Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), denunció en marzo del 2024 que toda la cadena productiva del sector pesquero de Baja California, desde Villa Jesús María en San Quintín, hasta Puerto Nuevo en Rosarito, sobrevivía bajo la amenaza, control, y cobro de piso de los cárteles de la doga; y aunque habló por Baja California, advirtió que el problema era en varios estados. La misma situación la han denunciado los productores de aguacate y limón en Michoacán.
Al final, la mujer fue asesinada el 8 de julio del mismo año, sin que sus homicidas hayan sido detenidos; las extorsiones en los mencionados sectores productivos se han agravado y continúan, pero los criminales, además, se han extendido a otras actividades económicas impunemente.
También incrementó el huachicol, anunciado por Pemex al informar un aumento del 13.6 en sus pérdidas por robo de combustible.
Qué decir del carísimo Tren Maya -550 mil millones de pesos-, que además se descarrila, aunque la Presidenta prefiera la palabra “desliza”. Peor aún, sólo genera el 9.6 por ciento de lo que necesita para funcionar, y tiene un seguro que el año pasado estuvo 646 millones de pesos por encima de sus “ganancias”, el cual, por cierto, se “paga” convenientemente a Agroasemex, la aseguradora del Gobierno Federal. Total todo se carga al bolsillo de los ciudadanos.
Mención se merece el desmantelamiento del Poder Judicial y la atropellada elección de jueces y ministros -con apenas un 13 por ciento de participación- el desaseado trabajo de seleccionadores, que permitieron la llegada de deudores alimentarios, padres violentos, de la abogada de Joaquín Guzmán, o sujetos poco honorables que participaron a sabiendas que incumplían con un requisito tan simple como el promedio académico de 8.
Como adelanto al informe, la Presidenta Sheinbaum, ya publicó en redes sociales algunos anuncios, donde destaca los conceptos de honestidad, austeridad y democracia, pero su entorno no ayuda.
Con funcionarios morenistas denunciando a ciudadanos, incluso pervirtiendo la figura de “violencia de género”, obligando, desde su posición de poder, a la gente a disculparse por opinar contrario.
O las ligas del senador Adán Augusto López Hernández con quien fuera su secretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, hoy buscado por la Interpol, señalado de encabezar el Cártel La Barredora; y la denuncia, por actos anticipados de campaña, en contra de su protegida, la senadora Andrea Chávez, quien se promociona en Chihuahua, con caravanas médicas rentadas al empresario Fernando Padilla Farfán, amigo de don Adán.
Luego los perdones del INE: a Pío López Obrador por recibir bolsas de dinero para la campaña de su hermano, el ex presidente. Y a Yeidckol Polevnsky, la multa por 55.2 millones de pesos por pagar 395 millones de pesos -del erario- a dos empresas para obras de remodelación y mantenimiento que nunca se hicieron; de ese dinero jamás se recuperaron los 110 millones 600 mil pesos que salieron de los bolsillos de los mexicanos.
Y bueno, la ostentación republicana representada: en los lujos de las vacaciones del coordinador de los diputados Ricardo Monreal; y los privilegiados asuetos de los hijos de AMLO, incluido Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena con sueldo del erario; al igual que su compañero del opulento viaje por Asia, el diputado por Morena, Daniel Asaf.
También los errores de millones en la declaración patrimonial del secretario de Educación, Mario Delgado; el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reportando que Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de oficina de la Presidencia de López Obrados, facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa; y los gobernadores y alcaldes mexicanos a quienes Estados Unidos les retiró la visa de turista.
Con estos antecedentes, al final, lo que se informe el 1 de septiembre servirá como termómetro para medir directamente la honestidad de la señora Presidenta.
