A pesar de los esfuerzos de las autoridades de todos los niveles de gobierno, los resultados en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia no rinden buenas cuentas. Desde finales de 2018 y hasta la fecha, más de 20 nuevas organizaciones criminales se han incorporado al conglomerado del ámbito delictivo de alto impacto del país, de acuerdo a los nombres de grupos que propias dependencias de gobierno han mencionado tras acciones de investigación o citas periodísticas que tienen como fuente de información cuerpos policiales, sin contar bandas locales.
Los constantes anuncios de detenciones, presunto desmantelamiento de bandas criminales o “golpes” a cárteles del narcotráfico, lejos de contener el fenómeno delictivo, han propiciado la fragmentación de diversas organizaciones y la multiplicación de células que adquieren una nueva identidad. Mientras que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, tras la fallida “Guerra contra el narcotráfico”, se identificaba a 12 de los llamados cárteles de las drogas, y en la administración de Enrique Peña Nieto ese número se duplicó, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del mandato de Claudia Sheinbaum se tienen nuevos “cartelitos”.
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Las cantadas victorias gubernamentales con las detenciones o abatimiento de los presuntos líderes criminales atomizaron el poder de estos, dando origen a un sinfín de nuevos grupos o células criminales. Los “cartelitos” emergen en el vacío de poder; algunos buscando una autonomía precaria, otros forjando alianzas efímeras o duraderas, y muchos más operando bajo el yugo o como “brazos armados” de los cárteles históricos que, a pesar de los embates, logran mantener su hegemonía territorial y operativa.
La política criminal de “Abrazos, no balazos” de la autodenominada Cuarta Transformación, cuyo sexenio inició en diciembre de 2018, prometió un cambio radical en la estrategia de seguridad, pasando de una confrontación directa con la delincuencia a una política de prevención y atacar la raíz del problema sustentado en combatir la desigualdad social, solucionar la falta de oportunidades a los jóvenes, intervenir y erradicar las adicciones a las drogas. Sin embargo, los resultados no son alentadores, pues lejos de contener la expansión criminal, se ha pasado a la proliferación de nuevas organizaciones delictivas.
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Los grandes cárteles de las drogas son los mismos, y se mantienen:
*Cártel de Sinaloa (CDS).
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*Jalisco Nueva Generación (CJNG).
*La Familia Michoacana en sus diversas versiones.
*Cártel del Golfo (CDG).
*El Cártel de Juárez (CDJ).
*Los Arellano Félix (CAF).
*Los Beltrán Leyva (CBL) y lo que queda de Los Zetas.
Más los consolidados hace dos sexenios, como son el Cártel del Noreste (CDN), Cárteles Unidos (CU), el de Caborca (CDC) y las facciones de Sinaloa; pero algunos, como este último se han fragmentado aún más. Los cárteles establecidos explotan a grupos criminales locales y regionales que diversifican sus actividades ilícitas.
Desde finales de 2019, y de manera más acentuada en los años subsecuentes, el mapa criminal mexicano se ha saturado con la aparición de estas nuevas entidades. No sólo se dedican al narcotráfico, su actividad primigenia, sino que han incursionado con voracidad en el huachicol (robo de combustible), la trata de personas (tanto de migrantes como de prostitución), la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, el robo de mercancías en carreteras, y la tala ilegal, entre otros delitos. Esta diversificación les permite generar ingresos constantes y consolidar su poder a nivel micro-regional, a menudo pasando desapercibidos para las grandes operaciones federales, o siendo considerados “problemas locales” por las autoridades.
MULTIPLICACIÓN
La idea fallida de desincentivar la incorporación de los jóvenes a las filas del crimen organizado y pacificar el país desde sus raíces, no funcionó. Por el contrario, la implementación de las estrategias de los gobiernos de Morena, combinadas con otros factores, coincidió con un disparo en indicadores delictivos, desapariciones de personas, el reclutamiento forzado o voluntario de adolescentes y adultos jóvenes al mundo criminal, y la referida proliferación de nuevas organizaciones delictivas en el territorio nacional.
El plan de inicio de la administración obradorista de combatir el robo de hidrocarburos no sólo no se concretó, sino que derivó en la aparición de más grupos criminales dedicados a la sustracción y venta de esos combustibles, haciendo apetecible el negocio ilícito para delincuentes de cuello blanco que, como empresarios y políticos, ahora participan del llamado “huachicol fiscal”, que es la adquisición de esos productos petrolíferos robados para llevarlos a los Estados Unidos, refinarlos y hacer su importación a México con facturas que acreditan compras de presuntos deshechos de aceites o aditivos.
Con la política de “abrazos no balazos” y la pandemia del COVID-19, que paralizó actividades productivas y hasta de gobierno, los grandes cárteles, al no sentir la misma persecución que en administraciones anteriores, tuvieron la oportunidad de consolidar sus operaciones, diversificar sus fuentes de ingresos y, crucialmente, expandir su reclutamiento. Pero el efecto más devastador fue la fragmentación interna de estos mismos cárteles. Al no haber una estrategia clara de desarticulación de sus mandos medios y bajos, o de sus redes financieras y logísticas, las disputas por el control de plazas y rutas se intensificaron. Esto llevó a escisiones y la formación de grupos disidentes que, con el tiempo, se independizaron o formaron nuevas alianzas.
La disputa al interior del Cártel de Sinaloa, que ya tenía múltiples facciones para el control de territorios, sobre todo en Sonora y Baja California, se acrecentó tras la detención de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, uno de los líderes de Los Chapitos e hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán en enero de 2023, pero sobre todo tras la presunta traición de su hermano Joaquín Jr. al otro fundador del cártel, Ismael “Mayo” Zambada García, y que culminó con la detención de ambos en Nuevo México, en Estados Unidos, el 25 de julio de 2024. Ahora esas células afines, Los Mayos y Los Chapitos que -ya existían-, están en guerra en el Noroeste del país.
Así como esa confrontación, existen otras del propio CDS contra el CJNG en Zacatecas, Jalisco y Chiapas, lo que ha motivado que algunos de los “cartelitos” emergentes, al no poder competir directamente con los grandes cárteles en el tráfico de drogas a gran escala, sean utilizados como brazos armados para apoyar sus actividades y sus conflictos, independientemente de que estos grupos participan en delitos que afectan en forma directa a la población y a las economías locales con el cobro de piso a comerciantes, transportistas y agricultores; el control de la tala ilegal en zonas boscosas; el huachicoleo y el tráfico de migrantes.
LOS NUEVOS GRUPOS
La situación de inseguridad y combate a la delincuencia en el naciente sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, que comenzó en octubre de 2024, se hereda con una complejidad sin precedentes, con la guerra declarada al interior del Cártel de Sinaloa, el asesinato de funcionarios, el descubrimiento y escándalo del rancho Izaguirre, el reclutamiento forzado de jóvenes y las desapariciones que no cesan. Sin embargo, a diferencia del sexenio anterior, con Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la presión del gobierno de los Estados Unidos de América, se advierten nuevas estrategias para combatir el fenómeno criminal.
Los primeros meses de la administración Sheinbaum ha mostrado una intención de fortalecer las capacidades de inteligencia y de coordinar más estrechamente a las fuerzas federales con las estatales y municipales, pero la inercia de la fragmentación y la diversificación criminal han dificultado la tarea. Mientras que los cárteles de viejo cuño se resisten a ceder los territorios conquistados y cesar en sus actividades, la forma en que nacen esos “cartelitos rémora” es variada.
Algunos de los nuevos grupos son escisiones de los grandes cárteles, producto de disputas internas por el liderazgo o el control de rutas y actividades ilícitas. Otros son bandas locales que, al ver la debilidad institucional o la oportunidad de negocio, se organizan y, con el tiempo, son cooptadas o se alían con un cártel mayor para obtener protección, armamento o acceso a mercados. Son “rémoras” porque se adhieren a la estructura de los grandes, beneficiándose de su poder y recursos, pero también sirviendo como sus “brazos armados” o ejecutando las tareas más violentas y de control territorial a nivel local.
Entre los grupos emergentes se identifican:
*Fuerzas Especiales Unión (FEU), que presuntamente es la alianza del CJNG con Los Chapitos para avanzar en su conquista del Noroeste, sobre todo Sinaloa, en contra de Los Mayos.
*Gente Nueva Generación (GNG), que en Guerrero ha logrado la coalición de La Familia Michoacana, Los Rodríguez y Los Rusos, en su plan de acabar con los negocios del grupo de Los Granados en la mayoría de los municipios de la Costa Grande.
*En el Sureste surgió en 2019 el Cártel Chiapas-Guatemala, un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, que aprovecha que esta región es un punto clave para el trasiego de drogas y el tráfico de personas.
*En Ciudad de México, una escisión del CJNG dio paso al surgimiento del Cártel Nuevo Imperio que participa en secuestros, extorsión, robo de transporte de carga y la venta de droga, expandiéndose al Estado de México y Morelos.
*Grupo Sombra es una escisión del Cártel del Golfo y opera principalmente en Veracruz y la Huasteca Potosina.
*En Chihuahua nació el Nuevo Cártel de Juárez, que es la reconstitución del viejo Cártel de Juárez, y su brazo armado, La Línea, en su lucha contra el Cártel de Sinaloa.
*Pura Gente Nueva, una célula creada por el Cártel de Sinaloa que también se ha confrontado con la facción de Los Chapitos.
*En Baja California es conocida la operación de Los Rusos, célula del CDS que tiene su sede principal en Mexicali y cuya principal actividad es el trasiego de drogas en la frontera con Estados Unidos.
Otras ramificaciones del CJNG se conocen a través de los grupos criminales Michoacán Nueva Generación y Tabasco Nueva Generación, que en su denominación llevan implícita su marca:
*Los michoacanos tienen disputas en el tráfico de drogas y huachicol con Cárteles Unidos y los de Santa Rosa de Lima, mientras que los tabasqueños surgieron de una escisión del grupo La Barredora y su cambio con los de Jalisco por el control de rutas de narcotráfico, extorsión y tráfico de personas. En Aguascalientes opera Fuerzas Especiales del Charro (FeCha), también facción del CJNG.
*En Colima, Los Mezcales surgieron de un resquebrajamiento al interior del CJNG en esa región y su principal actividad es el narcotráfico, aunque también se dedican al secuestro y la extorsión. Los Deltas son un brazo armado de Los Chapitos, que operan en Sinaloa enfocados en la protección de líderes, homónimo del grupo élite Los Deltas, que tiene el CJNG en Jalisco y Michoacán. Los Pájaros Sierra son una célula que interactúa entre esas mismas dos entidades, a quienes se les ha relacionado con el CJNG, pero que han protagonizado masacres en enfrentamientos con otras células del propio cártel.
Otros grupos criminales, que no tienen la connotación de cárteles, se dedican al robo del combustible en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y otras entidades céntricas del país; entre ellas se menciona a Los Cenobios, Los Borregos y Los Rábanos.
