La declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López y su rol como posible testigo protegido de autoridades estadounidenses representa un momento crítico en la lucha contra el Cártel de Sinaloa (CDS). Su colaboración podría desmantelar redes clave de narcotráfico y exponer conexiones de corrupción política y empresarial en México, pero también corre el riesgo de intensificar la violencia en Sinaloa, donde la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos ya ha cobrado más de mil 200 vidas, intensificándose las agresiones entre ambos grupos y en contra de las autoridades en la última semana.
Con su audiencia programada para el 9 de julio de 2025, donde se espera que cambie su declaración de “no culpable” a “culpable”, el caso de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, ex líder del CDS, no sólo pone en el centro de la atención a la referida organización delictiva, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del crimen organizado en México, la cooperación transnacional y la estabilidad política en el país. “El Ratón” -como es apodado-, de 35 años, firmó, el 30 de junio de 2025, un documento judicial en el que aceptó declararse culpable y autorizó que su caso fuera resuelto en el Distrito Norte de Illinois, lo que también le permitiría cerrar el proceso penal que enfrentaba en el Distrito Sur de Nueva York.
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En la fecha anunciada, el cabecilla de la facción de Los Chapitos está programado para declararse culpable de múltiples cargos de narcotráfico, marcando un cambio significativo en su estrategia legal. La negociación con las autoridades estadounidenses, lideradas por el Departamento de Justicia, parece estar orientada a obtener beneficios sustanciales a cambio de su cooperación, lo que podría incluir una reducción de sentencia, condiciones carcelarias más favorables o incluso la posibilidad de ingresar al Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos.
Guzmán López se estaría acogiendo a la Sección 5K1.1 de las Directrices Federales de Sentencias de Estados Unidos, que permite reducciones significativas en la condena a cambio de “asistencia sustancial” al gobierno, lo que probablemente implicaría proporcionar información detallada sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo rutas de tráfico de drogas, socios criminales, redes de lavado de dinero y posibles conexiones con figuras políticas o empresariales en México. La colaboración de Ovidio podría ser especialmente valiosa debido a su posición como uno de los líderes de Los Chapitos, lo que le otorga conocimiento íntimo de las operaciones internas del cártel.
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El gobierno norteamericano y sus agencias (DEA y FBI), están interesadas en desmantelar las redes de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas que han alimentado la crisis de opioides en Estados Unidos, donde el fentanilo es responsable de aproximadamente 100 mil muertes anuales por sobredosis. Ovidio podría proporcionar detalles sobre los proveedores de precursores químicos, la distribución transnacional y los métodos de lavado de dinero utilizados por el cártel. Además, su testimonio podría ser clave en los casos contra otros líderes del CDS, como su medio hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar o incluso Ismael “Mayo” Zambada, detenido en julio de 2024.
En un documento presentado ante autoridades judiciales, el mexicano expresó: “Yo, Ovidio Guzmán López, acusado, he sido informado de que una acusación formal (acusación, información o denuncia) está pendiente en mi contra en el Distrito indicado arriba. Deseo declararme culpable del delito imputado, consentir que el caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, donde me encuentro detenido, y renunciar al juicio en el Distrito arriba mencionado”. El documento lo firma el Ratón, junto con los fiscales federales de Nueva York e Illinois.
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TIEMBLA LA 4T
En caso de que Ovidio ingrese al Programa de Protección de Testigos, su identidad sería cambiada, y él y su familia podrían ser reubicados en un lugar secreto dentro o fuera de Estados Unidos. Basta recordar que su madre, Griselda López Pérez, y otros 16 parientes cruzaron la frontera hacia San Diego el 9 de mayo de 2025, posiblemente como parte de las negociaciones del sinaloense con las autoridades estadounidenses para obtener una reducción de sentencia y evitar una condena como la del Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
La posible colaboración del Ratón con las autoridades estadounidenses ha generado hipótesis sobre las revelaciones que podría hacer, especialmente en el contexto político mexicano. Como líder de Los Chapitos, cuenta con información privilegiada sobre las operaciones del CDS, incluidas posibles conexiones con políticos, empresarios y funcionarios públicos que han facilitado las actividades del cártel. En redes sociales y medios mexicanos, se apuesta que Ovidio podría delatar a figuras clave de la llamada “Cuarta Transformación” (4T), el proyecto político liderado por Morena, partido del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta vigente, Claudia Sheinbaum Pardo.
Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador y prominente empresario propietario de VECTOR Casa de Bolsa, la gestora de fondos más grande de Latinoamérica, es uno de esos personajes que se encuentra en la mira de los Estados Unidos, pues apenas el 25 de junio reciente, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector de lavar dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva. Incluso, el Departamento del Tesoro señaló que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna recibió más de 40 millones de dólares en sobornos del CDS mediante operaciones realizadas con la casa de bolsa de Romo.
Así como la investigación a Alfonso Romo, del que aún no hay evidencia concreta que lo vincule directamente con actividades de narcotráfico, podrían surgir nombres de figuras públicas de los sectores empresarial y gubernamental vinculados con alguno de los grupos del cártel sinaloense a ambos lados de la frontera, como son jefes policiales, militares, presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores y hasta expresidentes de la República. Así como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es mencionado frecuentemente en lonas y mensajes atribuidos a facciones criminales, ahora suena con fuerza en redes mediáticas el nombre del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
Ovidio Guzmán podría proporcionar detalles sobre pagos a políticos, empresarios o miembros de las fuerzas de seguridad, lo que pondría en riesgo la estabilidad de la 4T y gobiernos actuales o anteriores de diversos partidos. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas públicas que confirmen estas acusaciones, y cualquier revelación dependerá de la veracidad y detalle de la información que el Ratón proporcione a las autoridades estadounidenses. No es difícil prever que en la lista de presuntos implicados se encuentren figuras locales en Sinaloa, que hayan servido como intermediarios en operaciones de lavado de dinero o protección de actividades criminales.
La detención de Ismael “El Mayo” Zambada, presuntamente orquestada por Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, sugiere que Los Chapitos podrían estar dispuestos a delatar a antiguos aliados dentro del cártel para obtener beneficios legales. Esto podría incluir a líderes de la facción de Los Mayos o a figuras políticas que hayan trabajado con ambas facciones. De concretarse, las revelaciones de Ovidio podrían desencadenar una crisis política en México, especialmente si se confirman nexos o financiamiento electoral con Morena o con figuras cercanas al gobierno actual o el inmediatamente anterior.
CULIACANAZO
Aunque pareciera un asunto del pasado que quedó en el terreno de las anécdotas, la primera detención e inmediata liberación de Ovidio Guzmán López el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, marcó un punto de inflexión en la percepción de la lucha contra el narcotráfico en México. El evento conocido como el “Culiacanazo” resultó una operación militar mal planificada, lo que desató cuestionamientos legales desde el inicio. Los Chapitos tomaron control de la ciudad, bloqueando carreteras, incendiando vehículos y desatando tiroteos que dejaron al menos ocho muertos y decenas de heridos. La presión fue tal que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación del Ratón.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, el caso fue visto como una humillación para el gobierno mexicano y una demostración del poder del Cártel de Sinaloa. Funcionarios de la DEA y el Departamento de Justicia expresaron su frustración por la liberación de Ovidio, considerando que reflejaba una falta de compromiso por parte del gobierno de López Obrador para combatir el narcotráfico. Esta percepción se vio reforzada por la narrativa de “abrazos, no balazos”, la estrategia de seguridad de López Obrador que priorizaba evitar confrontaciones directas con los cárteles.
La liberación de Guzmán López consolidó la imagen de un gobierno mexicano incapaz de imponer la ley frente a las organizaciones criminales, lo que intensificó la presión de Estados Unidos para que México cooperara en la captura y extradición de líderes del cártel. Los jueces mexicanos, en su intento por frenar la Reforma Judicial, que propuso elecciones en ese poder, destacaron en sus amparos “el falso discurso impulsado por el Presidente de la República” relativo al operativo militar y policial para lograr la captura del Ovidio, al que una orden del mandatario liberó bajo el argumento de “evitar un baño de sangre” y el desatamiento de violencia por parte de los miembros del crimen organizado.
“Es decir, en lugar de poner a disposición de un juez a la persona detenida, el Presidente de la República autorizó su liberación, lo cual violó flagrantemente las obligaciones constitucionales y legales; en contraste con dicho actuar, en sus conferencias matutinas el referido mandatario se abocó a denostar a los jueces federales cuando decretaban la libertad de algún indiciado, los cuales por regla general acontecían por deficiencias en la integración de-las carpetas de investigación por parte de las fiscalías o por falta de elementos probatorios que demostraran su culpabilidad”, destacaban los jurisconsultos, quienes criticaron que no existían consecuencias legales ni reproches públicos contra Andrés Manuel.
En el llamado “Culiacanazo 2.0”, el 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán fue recapturado en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, en una operación conjunta entre las fuerzas mexicanas y la inteligencia estadounidense, conocida como “Operación Mongoose Azteca”. Esta operación, planeada desde finales de 2021, resultó en un enfrentamiento violento que dejó al menos 29 muertos, incluidos 10 soldados mexicanos, y un helicóptero militar derribado. Los Chapitos respondieron nuevamente con bloqueos y tiroteos en Culiacán, pero esta vez el gobierno mexicano mantuvo a Ovidio bajo custodia y lo trasladó a la prisión de Altiplano en la Ciudad de México. Esta vez no se evitó el “baño de sangre” y se advirtió la capacidad del cártel para desafiar al Estado, aunque no logró la liberación de Guzmán López.
La extradición de Ovidio a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 no estuvo exenta de controversias legales, pues si bien al Ratón le fue denegado el amparo y protección de la justicia de la Unión para evitar su entrega material al gobierno extranjero, aún tenía el derecho de interponer el recurso de revisión; sin embargo, las autoridades mexicanas actuaron con rapidez para quedar bien con las autoridades norteamericanas y la defensa del mexicano fue notificada del traslado hasta que el reclamado estaba en suelo estadounidense. Para colmo, ahora Guzmán López estaría cobrando revancha delatando a cómplices gubernamentales, con tal de obtener beneficios personales y para su familia; incluso para Joaquín, su hermano, también procesado, junto con el Mayo Zambada.
VIOLENCIA EN SINALOA
La ejecución de 20 personas localizadas minutos antes de la medianoche del domingo 29 de junio de 2025 bajo el puente del Seminario sobre la carretera México 15 al norte de la ciudad, a la altura de la Nueva Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa y una gasolinera, es una expresión de la guerra detonada -entre los Chapitos y los Mayitos- tras la detención de Ismael Mayo Zambada el 25 de julio de 2024, luego de ser secuestrado presuntamente por Joaquín Guzmán López y entregado a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas. Este conflicto ha sumido a Sinaloa en una espiral de violencia, con más de mil 200 personas muertas y mil 400 desaparecidas, según cifras oficiales.
A partir del 9 de septiembre de 2024, la violencia escaló significativamente en Culiacán, cuando un convoy militar mexicano fue atacado en el barrio de La Campiña, un bastión de Los Chapitos. El enfrentamiento resultó en la muerte de un sargento y desencadenó enfrentamientos en múltiples puntos de la ciudad y en municipios vecinos, como Badiraguato, Navolato y Elota. Las facciones han utilizado tácticas de guerrilla, incluyendo narcobloqueos en la Carretera Federal 15 y asesinatos selectivos, dejando cuerpos con símbolos como sombreros (asociados a Los Mayos) o rebanadas de pizza (ligadas a Los Chapitos). El 21 de octubre, un enfrentamiento entre las fuerzas mexicanas y miembros de Los Mayos resultó en la muerte de 19 sicarios y la captura de “El Max”, un lugarteniente clave de la facción.
Pese al despliegue de casi 10 mil elementos federales, detenciones relevantes y aseguramientos de verdaderos arsenales y droga, la entidad sigue bajo el yugo de estos grupos, recrudeciendo la violencia en los días finales de junio y los primeros de julio, iniciando con un triple homicidio (27 de junio) en el penal de Aguaruto, en Culiacán, para seguir con enfrentamientos armados, incendios de vehículos y bloqueos en varias zonas, tanto de la capital como de Navolato, además de otras sindicaturas y municipios. La violencia ha generado un clima de miedo, con comercios cerrados y comunidades como El Palmito evacuadas temporalmente.
El hallazgo de los 20 cadáveres la noche del domingo 29 de junio para amanecer el lunes 30, ocurrió cuando bajo el puente que va al Seminario, en la carretera Culiacán-Los Mochis, personas reportaron cuatro cuerpos masculinos colgados con sogas y decapitados. A unos metros de distancia estaba abandonada una vagoneta de color blanco, con los neumáticos ponchados, perteneciente a una empresa de mensajería, con otros 16 cuerpos sin vida en su interior, uno de ellos también decapitado. En el sitio se localizó un mensaje amenazante en una lona en contra de Iván Archivaldo Guzmán, “El Chapito”, por lo que el evento es atribuido a los Mayos.
Mientras las ejecuciones y levantones continúan, hasta el cierre de esta edición, solo seis de los cadáveres fueron identificados. Se trata de los hermanos Johan Alexis y Jesús Fernando, así como de Brayan, Doroteo, Miguel Eduardo y Ramón, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, vecinos de Navolato.
