Un total de 32 demandas de amparo fueron presentadas en contra del Poder Legislativo tras la aprobación de la reforma al artículo 22 de la Ley de Edificaciones que definió un periodo de gracia de 40 minutos -gratis- para los usuarios de centros comerciales que cobran por el uso de espacios de estacionamiento. Entonces, si el usuario permanece menos de este tiempo en la plaza comercial, no tendrá que pagar.
La reforma fue prácticamente aprobada en “fast-track” -1 de abril del 2025- por el Poder Legislativo, la cual no fue consensada con los concesionarios de estacionamientos en centros comerciales de Baja California, lo que generó molestia en el sector empresarial, y motivó a que presentaran una lluvia de amparos en contra de la medida promovida por el diputado morenista, Eligio Valencia López, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía que acude a las instalaciones de los centros comerciales a consumir.
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Al respecto, el diputado panista, Diego Echevarría Ibarra, consideró que la ola de amparos fue un mecanismo de defensa que pudo evitarse si se hubieran hecho mesas de trabajo con las partes involucradas, con la intención de llegar a un acuerdo. Sin embargo, como se trató de una medida unilateral, la respuesta legal era inminente, e incluso, aseguró que muy probablemente se ganará esa demanda, por el simple hecho de que no hay datos ni estudios que respalden los motivos del incremento.
Los afectados se inconformaron en dos municipios por diferentes motivos: los empresarios de Tijuana consideraron que se trató de una medida arbitraria y con un periodo excesivo; mientras que los de Mexicali recordaron que el Reglamento Municipal ya contemplaba una tolerancia de 20 minutos, misma que ahora tendrá que homologarse con la Ley de Edificaciones recién aprobada el primero de abril, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 11 del mismo mes y que entró en vigor el 12 de junio pasado.
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En tanto el caso se define en los tribunales, las empresas que presentaron demandas de amparo no se verán obligadas a cumplir con la reforma. Además, los negocios mexicalenses que ya respetaban los 20 minutos de tolerancia, y solicitaron el amparo, ahora podrían incumplir esa medida, gracias al recurso interpuesto.
Tras la reforma, los ayuntamientos de Tijuana y Tecate movilizaron sus cabildos para respaldar la reforma y trabajar en la homologación de los reglamentos a la Ley de Edificaciones. En Tijuana incluso se anunciaron multas por incumplimiento de esta reforma, de hasta un millón de pesos en contra de los propietarios de los estacionamientos.
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LA REFORMA
El 1 de abril, el Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 22 de la Ley de Edificaciones de Baja California, la cual hace referencia a las características y obligaciones que tienen los centros comerciales y estacionamientos en caso de realizar cobro por el uso de los cajones de aparcamiento de dichos negocios.
Dicho artículo establece que todos los negocios deben contar con cajones de estacionamiento que cubran la demanda necesaria, y que, por cada determinada cantidad de espacios, debe haber cierta cantidad de lugares para personas con discapacidad; también regularon las dimensiones de estos espacios y establecieron otro tipo de especificaciones técnicas.
En uno de los párrafos, la Ley ya contempla que este tipo de negocios debe hacerse responsable de cualquier afectación a los vehículos bajo resguardo. Textualmente, el penúltimo párrafo del artículo dice:
“El propietario de un estacionamiento cuyo acceso exija al usuario una retribución, debe formular declaración expresa de hacerse responsable de los daños que sufran los vehículos estacionados y bajo su guarda. Para este efecto, el propietario deberá contar con las garantías necesarias y contratar los seguros correspondientes”.
En Mexicali y Tijuana, actualmente, la mayoría de centros comerciales o estacionamientos privados, refieren en el boleto que entregan al usuario que no se hacen responsables de robos o cualquier afectación a los vehículos que albergan con un costo, pese a que la Ley es explícita con el tema.
El problema es que la modificación al artículo no fue ampliamente analizada ni se consideró la opinión de los involucrados. Fue un análisis entre los diputados locales, que inicialmente proponían un periodo de una hora de gratuidad, pero que tras el cabildeo exclusivo con la Consejería Jurídica y por la propia diputada Evelyn Sánchez, de Morena, se decidió reducir este periodo a 40 minutos.
Tras la aprobación, no tuvieron que pasar muchos días para que la respuesta del sector empresarial del Estado se presentara a través de demandas de amparo; a la fecha se han recibido 32 amparos en el Poder Legislativo.
Lo interesante es que en la mayoría de los casos se otorgó la suspensión provisional, lo que quiere decir que la protección de la justicia impedirá que la ley cause ejecutoria. Sin embargo, hay casos, los menos, en los que se ha negado el amparo.
En los criterios de los jueces federales, la información recabada por el área jurídica del Poder Legislativo evidencia una marcada discrepancia, pues mientras unos juzgadores rechazan la suspensión provisional argumentando que habría una afectación al interés social y orden público, toda vez que afectaría el patrimonio familiar, además de que podría afectar a los comercios ubicados al interior de las plazas comerciales; por otro lado, los que otorgan la suspensión del acto consideran que no hay afectación al interés social.
De entrada, en el caso de Mexicali, los juzgadores han decidido mantener el esquema de 20 minutos de tolerancia establecidos en el reglamento local.
Al respecto, el legislador promovente, Eligio Valencia, manifestó: “Para nosotros y la ciudadanía refleja que estas empresas no quieren darles un servicio completo a sus clientes porque desde antes nunca se estableció que tenían la facultad para cobrar. Lo único que hicimos fue adicionar los 40 minutos gratuitos, pero para empezar se tenía que contar con cajones de estacionamiento para tener los permisos de suelo”.
“Rechazamos la postura de los empresarios y ver la visión de la ciudadanía; a mi pulso fue bien aceptada por la ciudadanía”, refirió, y reiteró que hubo una omisión histórica de los ayuntamientos al no reglamentar debidamente, que se definiera un periodo de tolerancia, y la imputación de una responsabilidad en caso de daños de vehículos dentro del inmueble.
Además, manifestó que en los estacionamientos comerciales no hay un servicio eficiente, pues con frecuencia hay fallas en el equipo, las máquinas a veces no pueden leer los boletos, o no aceptan los billetes o las monedas. Y justificó que los 40 minutos son para que las personas alcancen a ingresar a la plaza, hacer algún movimiento rápido en una farmacia, tienda de telefonía o cajero automático, y retirarse del lugar.
NO HUBO CONSENSO CON EL SECTOR: PAN
Por su parte, el diputado Diego Echevarría Ibarra recordó que cuando fue regidor del Ayuntamiento de Mexicali en 2017, él presentó una serie de modificaciones a los reglamentos municipales, también con la intención de brindar certeza y orden al manejo de la operación de estacionamientos, donde contemplaron la necesidad de adquirir un seguro, de brindar tiempo de tolerancia y quitar los letreros de no responsabilidad en caso de algún incidente.
En aquel tiempo, tras varias reuniones con representantes de centros comerciales como Cachanilla, Liverpool y Plaza Fiesta, entre otras, se logró cumplir con todos los lineamientos, entre ellos, el tiempo de tolerancia de 20 minutos.
Y es que, consideró, los centros comerciales no pueden cobrar por el cajón de estacionamiento, ya que están obligados a cumplir con esa obligación, por lo que la única justificación para el cobro es cumplir con un seguro y un servicio relacionado con la seguridad.
Al momento de entrar al Congreso del Estado -agosto del 2024-, Echevarría dijo que inició pláticas con representantes de empresas en Tijuana, con la intención de crear una Ley de Estacionamientos que regule todas las acciones relacionadas con este servicio, donde contemple desde las características del mismo, incluso otras medidas de cobro, tiempo de tolerancia y demás.
Sin embargo, de un momento a otro -el pasado mes de abril- se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Edificaciones que sólo tiene como objetivo abrir un tiempo de tolerancia de 40 minutos sin justificación alguna y no contempla una regulación estructurada en lo que respecta a otros puntos.
Los mismos empresarios, refirió el diputado, le hicieron saber su inconformidad por la iniciativa de Valencia López, pues no hubo un consenso ni consulta sobre el tema, cuando les afecta directamente a sus intereses.
Reiteró que haber cabildeado el tema con el sector empresarial pudo evitar la ola de amparos, además de que habría dado una perspectiva diferente para ampliar nuevas disposiciones para mejorar el marco jurídico del tema. Sin embargo, ahora está en manos de la justicia federal y con la posibilidad de que le den reversa, por no contar con un análisis mucho más profundo en torno a los tiempos y motivación de la reforma.
CASO TIJUANA
El regidor Arturo Aguirre, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos del XXV Ayuntamiento de Tijuana, comentó que con la reforma, en ese municipio, se homologó la gratuidad de 40 minutos de tolerancia, pero también reglamentaron que la empresa obtenga una póliza de seguro y que se anuncie de manera visible que los daños a las unidades tendrán una cobertura de la empresa que ofrece el servicio.
“Nosotros hemos estado revisando otros reglamentos; algunos sí analizan los cobros y montos de la ciudadanía que usan estos estacionamientos, pero son facultades de la Federación llamar la oferta y demanda. (…) El tema del padrón para efectos de poder tener, más consensuado, más reglamentado y poder vigilar de cerca la parte del cobro… no estamos en esa materia”, admitió el edil, quien agregó que en la homologación y reglamentación del caso Tijuana, también se definió mejor el tema de las sanciones que alcanzarían hasta el millón de pesos, en caso de reincidencia y de la dimensión del estacionamiento.
Respectos a las demandas de amparo presentadas contra el Congreso y la posibilidad de “tumbar” la reforma, Aguirre se dijo respetuoso, pero consideró que desde el 2014, cuando se brindaron los primeros criterios para establecer un control en el funcionamiento de los estacionamientos, no se contemplaron todos los factores que se involucran, por lo que ahora lo que se busca es colocar un poco de orden en su funcionamiento, pues -aseguró- hay inmuebles que te cobran hasta 80 pesos por hora, sin justificación alguna.
Simplemente son voraces ellos los seudos empresarios también ARBITRARIAMENTE ellos empezaron a cobrar y nunca hubo un consenso y ahora sí quieren por eso son repudiados paniaguados vestidos de seudo empresarios