El Departamento de Transporte de Estados Unidos amagó con rechazar vuelos de México, si nuestro país no corrige decisiones tomadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con las que se expulsó a aerolíneas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y se quitaron slots a aerolíneas de pasajeros.
Según Washington, las medidas tomadas en 2022 y 2023 incumplen con el acuerdo de transporte aéreo que ambas naciones suscribieron en 2015. Han perturbado el mercado y dejado a las empresas estadounidenses con aumentos de costos millonarios.
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Además, las acciones de México “perjudican a las aerolíneas que buscan ingresar al mercado, a las aerolíneas competidoras existentes, a los consumidores de viajes aéreos y de productos que dependen de envíos de carga aérea sensibles al tiempo comercializados entre los dos países, y a otras partes interesadas en la economía estadounidense”.
En un comunicado difundido el 19 de julio pasado, el secretario del Transporte, Sean Duffy, anunció tres acciones: la Orden Parte 213, que exige a las aerolíneas mexicanas presentar itinerarios para todas sus operaciones en Estados Unidos al Departamento de Transporte. La Orden Parte 212, que establece que la operación de cualquier vuelo chárter de aeronaves grandes de pasajeros o carga hacia o desde Estados Unidos, debe tener la aprobación previa del Departamento de Transporte.
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Así como la Orden Suplementaria de Justificación que propone la revocación de la inmunidad antimonopolio de la empresa conjunta Delta/Aeroméxico. De aprobarse esta última, ambas aerolíneas estarían obligadas a suspender su colaboración en temas como la determinación de precios comunes, aunque sí podrían colaborar en actividades de libre competencia como marketing.
México rescindió “abruptamente” los slots y obligó a las aerolíneas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). “México alegó que su objetivo era permitir la construcción de obras para aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez”, pero las obras no se han materializado tres años después.
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En 2022, México confiscó franjas horarias históricas a tres aerolíneas estadounidenses (American, Delta y United) y tres aerolíneas mexicanas (Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris) que operaban servicios regulares de pasajeros en AICM, con el pretexto de limitaciones de capacidad y operativas.
Sin embargo, pese a las solicitudes del Departamento de Transporte, México no ha proporcionado información sobre cuándo devolvería estas franjas horarias, ni sobre la materialización de proyectos de construcción importantes en la terminal aérea.
“México carece de un régimen de asignación de franjas horarias transparente y no discriminatorio que se adhiera a los estándares internacionales y se aplique de manera uniforme en todos los aeropuertos del país”, señaló.
En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta semana el gobierno mexicano podría recibir la notificación oficial y que la reestructuración del tráfico aéreo en los aeropuertos Felipe Ángeles y Benito Juárez se hizo por temas de seguridad con base en decisiones técnicas y de soberanía.
“Se toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues ése era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto”.
La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) llamó al diálogo “técnico y constructivo” entre ambos países, ya que consideró que las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense representan “un alto impacto para la industria aérea, con posibles repercusiones en la conectividad, el flujo comercial y la competitividad del sector”.
