Ni los empresarios ni los gobernantes en Tijuana tienen una estrategia para conservar el patrimonio cultural y gastronómico de Baja California. El caso del desalojo del restaurante Lorca a principios del mes de junio de 2025 y la pérdida del restaurante Chiqui Jai durante el incendio de locales comerciales en la Avenida Revolución el 26 de enero de 2018, son dos ejemplos de la pérdida de patrimonio cultural y gastronómico carente de un marco regulatorio para contener la densificación y gentrificación de la zona de alta plusvalía de la frontera.
La participación de cámaras empresariales y esfuerzos coordinados es indispensable para preservar la joven historia de la región de acuerdo a la investigadora del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Araceli Almaraz.
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“Nuestra ley de preservación del patrimonio cultural del estado de Baja California que sí da ciertas certezas, pero para aquellas edificaciones que tienen más de 50 años”, dijo Almaraz a ZETA.
La economía fronteriza en Tijuana ha propiciado una transformación en las zonas cercanas a la garita debido a la migración de norteamericanos que prefieren vivir del lado mexicano. Se estima que el 60% de los nuevos proyectos son edificios de usos mixtos, lo que ha propiciado el cierre del 20% de los restaurantes independientes en los últimos cinco años debido a la competencia y costos elevados, pese a que durante la última década la oferta gastronómica en la Zona Río ha aumentado 35% debido a que 60% de los residentes en edificios verticales prefieren opciones de comida rápida y servicio a domicilio.
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“En la identidad comercial de nuestra ciudad, creo que cada vez más es visible y tiene que ser cuidada. Entonces, lograr distintivos que hablen de la edad de los comercios, que se diga: ‘Aquí, este comercio tiene más de tantos años, tantas décadas’”, explicó la investigadora de El Colef.
Lo que advierte la investigadora Almaraz es la necesidad de leyes, reglamentos o marcos legales que permitan que los propietarios de espacios comerciales sigan obteniendo ganancias, considerando los aumentos de renta, respetando el crecimiento de la economía en México, respetando a los inquilinos y cultura local.
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“El aumento que se acostumbra es mediante el índice inflacionario, que incluso pudiera ser entre el 5% al 15%. Pero subir a un 300% no debería ser. Los contratos son mínimo de un año, máximo cinco y todos contemplan ajustes o aumentos con una tasa fija o referenciado a otro indicador económico”, complementó Gustavo Chacón, socio de Nuevo Hogar Inmobiliaria.
Lo más cercano a la regulación de rentas comerciales es la propuesta que se encuentra en comisiones del Congreso del Estado en la propuesta del diputado Jaime Eduardo Cantón, que a primera instancia regula los aumentos de rentas de casa habitación y que en 2026 podría reformarse para ampliar a los espacios comerciales.
“Regular el incremento a la renta y que no pase lo que pasó en Lorca. Esta iniciativa no es que se nos haya ocurrido, ya pasa en la Ciudad de México. Que el libre mercado no arrase y se expulse a los pobres de las mejores zonas de la ciudad, en detrimento de quienes no pueden pagar”, reiteró el legislador de Morena.
