Se nos olvidó que desde el 2018 existe un Sistema Estatal Anticorrupción y desde el 2021 reinició operaciones, luego de que la política del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez lo desmanteló. Actualmente, el SEA cuesta poco más de 12 millones de pesos anuales, sólo por existir
En Baja California, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), existe y cobra, pero no opera, no funciona y, lo que es peor, tanto funcionarios como gobierno carecen de interés en ponerlo a trabajar.
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La institución y todo el sistema integrado por representantes ciudadanos, contralorías, fiscalías y sindicaturas, hasta los órganos garantes y el Poder Judicial, conforman el Comité Coordinador, el Órgano de Gobierno, la Comisión Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, el cual le da vida al Sistema Estatal de Aviadores, digo, Anticorrupción, cuyo presupuesto asignado para este 2025 es de 12 millones 431 mil 915 pesos.
Dinero con el que se cubren salarios como el del secretario Técnico, Francisco Javier Riebeling, de 51 mil 033.01 pesos; el del director Administrativo, Daniel Alarcón Sotelo Heredia, de 40 mil 533 pesos; y también el de Javier Salas Espinoza, Fiscal Anticorrupción, que si bien forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el origen del cargo radica en la composición del SEA, por lo que cobra mensualmente 65 mil 077 pesos.
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Los 11 trabajadores que conforman la nómina de esa Secretaría Ejecutiva, es decir, los encargados de arrastrar el lápiz para crear las políticas públicas que eviten y combatan casos de corrupción, y que se posicionen ante posibles señalamientos, ni se ocupan ni se molestan en ganarse el sueldo. La única actividad pública que reportan, está en redes sociales o en su página de internet, y está la relacionada al manejo del recurso público, ya sea en dinero o en bienes inmuebles.
Durante el 2025, los entes que conforman el SEA, han llevado a cabo un total de siete sesiones públicas videograbadas y disponibles para su consulta. Algunas de ellas apenas alcanzan los 11 minutos, con todo y la presentación de sus integrantes, donde sólo se limitan a conocer detalles sobre las instalaciones, los muebles y sobre seguimiento a políticas públicas que no se discuten.
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El sistema está convertido en un ente administrador de recursos, pero sin contar o cumplir con una función toral que justifique el gasto. De hecho, en una de las últimas sesiones celebradas en el mes de marzo, el único punto del día fue programar el calendario de sesiones para el resto del año y sólo plasmaron cuatro (marzo, junio, septiembre y diciembre), donde conocerían los avances de los manejos financieros del propio SEA.
En este contexto, resulta que los diputados y gobiernos de Morena hicieron algo peor que destrozar el SEA, creado como una herramienta compleja que pretendía generar un sistema para evitar actos de corrupción, darles seguimiento y brindar ayuda para exponerlos y sancionarlos. Lo convirtieron en un ente inútil, burocrático y de papel, una oficina con trabajadores cuyo único objetivo es manejar dinero y gastarlo en el funcionamiento de la misma oficina, sin resultados y sin trascendencia.
En el mismo sentido se encuentra la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Javier Salas Espinoza, un hombre que sabe de combate a la corrupción lo que Jaime Bonilla Valdez sabe de ingeniería, y que desde su nombramiento en 2023, únicamente se ha sabido de él porque fue una de las víctimas de un atentado terrorista en Nueva Orleans, y por conseguir una sentencia de un año de prisión -que se resolvió mediante una ruta alterna- en contra de Octavio Hilton, ex Oficial Mayor del Poder Ejecutivo, cuya investigación, procesamiento y consecuencias corrieron realmente a cargo de la Consejería Jurídica, a cargo de Juan José Pon.
Para estos funcionarios que cobran sin generar resultados, existe un ejemplo muy cercano del que pueden aprender cómo debe y puede funcionar un sistema. Está en Baja California Sur, donde el Fiscal Anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz Amao, ha asumido un rol protagónico en torno a persecución de actos relacionados con corrupción gubernamental.
Uno de los más sonados, la carpeta iniciada por el concierto del cantante Chayanne, donde el Fiscal está investigando a la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero y la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha Montaño Cota, debido al manejo del recurso utilizado para el pago del evento y del propio artista.
Durante los primeros dos años de gestión de Lenin Emiliano Ortiz, ha vinculado a proceso a 14 personas con poder político y económico en temas relacionados con corrupción, además de asegurar 10 millones de pesos que -presuntamente- están vinculados a los hechos.
Así, el Fiscal de Baja California Sur deja patente que el sistema puede funcionar, si se utiliza con responsabilidad e interés, tanto por los gobiernos como por los mismos participantes del esquema.
Entonces, no hay pretexto; el SEA de Baja California se ha vuelto intencionalmente un lastre que cuesta millones de pesos al Estado y que no rinde dividendos. Eso, también es corrupción y se tiene que combatir.
