La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó una iniciativa con la que busca crear un Registro Estatal de Agresores Sexuales en Baja California Sur.
La reforma como tal propone adicionar la fracción XX al artículo 94 y un tercer párrafo al artículo 96 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur y agregar un último párrafo al artículo 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
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En su exposición de motivos, la legisladora enfatizó que la violencia sexual representa una de las formas más graves de agresión, con secuelas profundas en las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
“México se ha posicionado lamentablemente entre los primeros lugares a nivel internacional en incidencia de abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de menores afectados anualmente”, dijo ante Tribuna.
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En este escenario, la legisladora recalcó que es imperativo que Baja California Sur adopte y avance con medidas para prevenir y combatir la violencia sexual, haciendo especial hincapié en la protección de los menores de edad.
Según leyó en su exposición de motivos, la creación de este Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales constituye una forma de promover entornos seguros y responde a la urgencia de romper el ciclo de la violencia sexual, evitando que quienes han cometido estos delitos vuelvan a tener oportunidad de dañar a otras personas, en particular a niñas, niños y adolescentes.
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“Es importante subrayar que este registro no pretende crear penas adicionales ni exponer públicamente a las personas condenadas más allá de su sentencia judicial; su finalidad es administrativa y preventiva”, precisó.
Reiteró que el objetivo es centralizar información sobre individuos con sentencias firmes por delitos sexuales para facilitar la toma de decisiones informadas por parte de autoridades e instituciones involucradas en la defensa y protección de la niñez.
“Un registro de esta naturaleza permitiría, por ejemplo, que los cuerpos de seguridad y procuración de justicia identifiquen con rapidez a posibles sospechosos cuando ocurra un nuevo delito sexual, acelerando las labores de investigación y evitando que los agresores actúen con impunidad, tal como sucede con los registros policiales en otras latitudes”, explicó.
Además, un listado de este tipo permitiría tener controles para impedir que personas ya condenadas por delitos sexuales ocupen cargos que implique contacto cercano con poblaciones vulnerables, cerrando el paso a la reincidencia, punto abordado en la defensa de esta iniciativa.
